El cambio en el escenario político venezolano se ha convertido en uno de los factores más determinantes de la agenda de la cumbre del Mercosur del 30 de junio, reabriendo un debate que el bloque mantenía congelado desde hace casi una década y que ahora vuelve al centro de la discusión regional. Para el gobierno paraguayo, el escenario cambió con la captura del líder chavista en enero y la asunción de Delcy Rodríguez en la presidencia venezolana. Y por ello se pondrá en la agenda de la cumbre, el próximo martes 30, en Asunción. Este cambio de circunstancias políticas es el que ha motivado que el tema del reingreso de Venezuela —que parecía un asunto cerrado tras la suspensión de 2017— vuelva a ser objeto de evaluación formal por parte de los Jefes de Estado del bloque. La situación venezolana ilustra como ninguna otra la tensión entre los principios democráticos del Mercosur y los intereses geopolíticos y económicos que condicionan su aplicación.
El historial de Venezuela en el Mercosur es complejo y está marcado por la controversia desde su mismo origen. Venezuela ingresó al bloque en 2006, pero fue suspendida de manera indefinida en agosto de 2017, luego de que el Mercosur invocara el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro quebrantó el orden democrático al instaurar una Asamblea Constituyente en el país. Aquella suspensión fue una de las decisiones más significativas en la historia del bloque en materia de aplicación de su cláusula democrática, y estableció un precedente sobre las consecuencias institucionales del quiebre del orden democrático para los miembros del Mercosur. El debate actual sobre el eventual reingreso de Venezuela pone a prueba la coherencia de aquel precedente: si las circunstancias que motivaron la suspensión han cambiado, ¿debe el bloque levantar la suspensión, o debe mantenerla hasta verificar el cumplimiento pleno de los estándares democráticos?
Las posiciones de los cinco miembros plenos del Mercosur ante la cuestión venezolana son marcadamente divergentes, lo que anticipa un debate complejo en la cumbre del 30 de junio. Brasil, bajo el gobierno de Lula, ha mantenido canales de diálogo abiertos con Caracas. Argentina, bajo el gobierno de Milei, rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y se opone firmemente a cualquier rehabilitación del país en el bloque. Uruguay, bajo Orsi, ha optado por una postura de cautela equidistante que evita comprometerse con ninguna de las dos posiciones extremas. Paraguay, que ejerce la Presidencia Pro Tempore, ha sido el que incorporó el tema a la agenda de la cumbre tras el cambio político en Caracas. Esta divergencia de posiciones hace muy difícil que la cumbre del 30 de junio produzca una decisión unánime sobre el reingreso de Venezuela, y lo más probable es que el tema sea objeto de un debate que no concluya en una definición formal sino en un proceso de evaluación de más largo plazo.
La propuesta de reingreso de Venezuela está vinculada históricamente a la candidatura de Colombia, ya que ambos países anunciaron casi simultáneamente su intención de solicitar la membresía plena del bloque. El presidente colombiano Gustavo Petro había anunciado en marzo que tanto Bogotá como Caracas presentarían sus solicitudes de adhesión, en el marco de un acercamiento bilateral entre los dos países. Sin embargo, el cambio político en Venezuela y la incertidumbre sobre el resultado del balotaje colombiano del 21 de junio han modificado el panorama de ambas candidaturas. El Mercosur enfrenta así un escenario en que las candidaturas de Venezuela y Colombia, que parecían avanzar de manera coordinada, ahora dependen de variables políticas internas de cada país que el bloque no controla y que se definirán en las próximas semanas.
Para el Mercosur, el debate sobre el reingreso de Venezuela es mucho más que una cuestión de membresía: es una prueba de la coherencia de su identidad como bloque comprometido con la democracia. Si el Mercosur readmite a Venezuela sin una verificación rigurosa del cumplimiento de los estándares democráticos del Protocolo de Ushuaia, debilitaría la credibilidad de su cláusula democrática y enviaría una señal de que sus principios son negociables según la conveniencia política del momento. Si mantiene la suspensión a pesar del cambio político en Caracas, tendría que justificar por qué las nuevas circunstancias no son suficientes para levantar la medida. Cualquiera de las dos decisiones tendrá consecuencias de largo plazo sobre la naturaleza del bloque, y es por eso que el tratamiento del tema venezolano en la cumbre del 30 de junio será observado con la máxima atención en toda la región.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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