
La designación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de las dos mayores facciones criminales de Brasil — el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) — como Organizaciones Terroristas Extranjeras, vigente desde el 5 de junio de 2026, es el acontecimiento de seguridad regional con mayores consecuencias para el Mercosur en lo que va del año, y sus ondas expansivas están redefiniendo en tiempo real el equilibrio entre la cooperación y la soberanía en la agenda de seguridad del bloque. El Departamento de Estado designó al CV y al PCC como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) y formalizó su clasificación como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) con efecto a partir del 5 de junio de 2026. El secretario de Estado Marco Rubio describió a ambos grupos como dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil: «Juntas, comandan miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra policías brasileños, agentes públicos y civiles. Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil, por toda nuestra región y hasta nuestro país.» Según los reportes del FBI citados en el proceso de designación, el PCC y el Comando Vermelho tienen células en doce estados norteamericanos, principalmente Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Florida, Connecticut y Tennessee.
Las consecuencias jurídicas y financieras de la designación son inmediatas y de gran alcance. La clasificación como SDGT congela los activos de los grupos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a cualquier persona en Estados Unidos hacer negocios con ellos. La clasificación como FTO va más allá: habilita sanciones penales contra quienes proporcionen apoyo material a las organizaciones, permite la deportación acelerada de sus miembros y amplía las posibilidades de compartir inteligencia con los gobiernos locales — según las propias declaraciones de Rubio en el caso ecuatoriano, «para operaciones potencialmente letales». Esta última formulación es la que mayor inquietud genera en Brasilia: la categoría de organización terrorista extranjera es la misma que la administración Trump ha usado para justificar acciones militares contra carteles en otros países de la región, y el gobierno de Lula ha dejado claro en todas sus comunicaciones que no aceptará ninguna forma de intervención externa en su territorio. La medida contra el CV y el PCC se enmarca en una política más amplia de la administración Trump que ya aplicó el mismo esquema en Ecuador — donde designó a Los Lobos y Los Choneros — y en México y Venezuela, configurando un mapa de presión norteamericana sobre el crimen organizado latinoamericano que rodea completamente al Mercosur.
La posición del gobierno brasileño ante la designación es de una complejidad que refleja el dilema estratégico del Mercosur entero. Brasil rechazó formalmente la solicitud previa del Departamento de Estado de que el propio gobierno brasileño clasificara al PCC y al CV como organizaciones terroristas bajo su legislación nacional, argumentando que esa categoría no se ajusta a la naturaleza de esos grupos — que son organizaciones criminales con fines de lucro, no organizaciones con agenda política o ideológica — y que su aplicación podría tener consecuencias jurídicas imprevisibles. El presidente Lula ha repetido en múltiples ocasiones que la soberanía brasileña no es negociable y que la lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad del Estado brasileño que no será tercerizada a ninguna potencia extranjera. Sin embargo, el gobierno también reconoce que la designación norteamericana tiene efectos que benefician a Brasil: el congelamiento de los activos de las facciones en el sistema financiero estadounidense golpea sus estructuras de lavado de dinero, y el intercambio de inteligencia financiera puede fortalecer las investigaciones brasileñas sobre las redes internacionales de los grupos.
Para el Mercosur, la designación norteamericana convierte la agenda de seguridad del bloque en un tablero geopolítico de primer orden. Argentina y Paraguay ya habían designado al Comando Vermelho como grupo terrorista en sus propias legislaciones, alineándose con la postura norteamericana, mientras Brasil y Uruguay mantienen la clasificación de organización criminal. Esta divergencia jurídica entre los socios del bloque — dos países con designación terrorista, dos sin ella — crea asimetrías en los instrumentos legales disponibles para la cooperación judicial y policial que el acuerdo de cooperación recién promulgado por Brasil deberá gestionar en la práctica. La pregunta estratégica que el bloque debe responder es si construye una posición común sobre la categorización jurídica del crimen organizado transnacional — que sería lo coherente con la integración de seguridad que está construyendo — o si cada país mantiene su propia clasificación con los costos de coordinación que esa fragmentación implica.
La dimensión fronteriza de la designación es la que más directamente afecta la vida cotidiana de las comunidades del Mercosur. Las redadas policiales masivas en Río de Janeiro — intensificadas tras la designación norteamericana — están produciendo el desplazamiento de miembros de las facciones hacia otras regiones de Brasil y potencialmente hacia los países vecinos. Las autoridades argentinas reforzaron la seguridad en la frontera con Brasil ante la posibilidad de que pandilleros acosados por las fuerzas del orden intenten escapar por los pasos fronterizos. Paraguay mantiene en alerta sus controles en el Puente de la Amistad y el Puente de la Integración. Uruguay vigila la frontera seca de Rivera-Santana do Livramento. Este movimiento defensivo coordinado de los vecinos de Brasil es exactamente el escenario para el que el acuerdo de cooperación policial promulgado esta semana fue diseñado, y su entrada en vigor — pendiente del depósito de ratificaciones — se ha vuelto una urgencia operativa que la Cumbre del 30 de junio no puede ignorar.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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