HISTÓRICO: BRASIL PROMULGA EL ACUERDO QUE PERMITE A LAS POLICÍAS DEL MERCOSUR CRUZAR FRONTERAS EN PERSECUCIONES — LA INTEGRACIÓN DE SEGURIDAD MÁS PROFUNDA EN LA HISTORIA DEL BLOQUE

El Gobierno brasileño promulgó este miércoles el acuerdo de cooperación policial del Mercosur que permitirá a agentes de policía de los países del bloque cruzar las fronteras cuando participen en la persecución de fugitivos o en operaciones conjuntas, un paso institucional que transforma de manera profunda la arquitectura de seguridad regional y que llega en el momento de mayor presión del crimen organizado transnacional sobre las fronteras de los cinco países. La promulgación del Acuerdo de Cooperación Policial Aplicable a los Espacios Fronterizos entre los Estados Partes del Mercosur consta en un decreto firmado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, publicado este miércoles en el Diario Oficial. El aval de Brasil para la entrada en vigor del acuerdo se produce con casi seis años y medio de atraso, ya que el respectivo acuerdo fue firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en diciembre de 2019 en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves. Ese retraso de más de un lustro entre la firma diplomática y la promulgación interna brasileña es la ilustración más elocuente de la brecha que separa los compromisos políticos del Mercosur de su implementación jurídica real — una brecha que el bloque está finalmente comenzando a cerrar bajo la presión de una criminalidad transfronteriza que no espera los tiempos de los parlamentos.

El contenido operativo del acuerdo es revolucionario para los estándares de la cooperación en seguridad de América del Sur. Bajo sus disposiciones, un policía paraguayo que persigue a un fugitivo que cruza el Puente de la Amistad hacia Foz do Iguaçu podrá continuar la persecución en territorio brasileño sin tener que detenerse en la línea fronteriza a esperar que las autoridades del país vecino retomen la persecución — un intervalo que históricamente ha sido la ventana de escape más utilizada por los criminales de la Triple Frontera. Del mismo modo, agentes brasileños podrán ingresar a territorio argentino, paraguayo o uruguayo en operaciones conjuntas previamente coordinadas, con reglas claras sobre el uso de la fuerza, la jurisdicción aplicable y los procedimientos de entrega de detenidos. La entrada en vigor del acuerdo, sin embargo, depende de que al menos dos de los países miembros del Mercosur depositen los respectivos instrumentos de ratificación, un requisito procesal que la promulgación brasileña de este miércoles acerca decisivamente, dado que Brasil es el país cuya ratificación más se esperaba por el peso de sus fronteras en el mapa criminal de la región.

El momento de la promulgación brasileña no es casual y responde a una secuencia de presiones convergentes que se intensificaron en las últimas semanas. La designación por parte de Estados Unidos del Comando Vermelho y del Primeiro Comando da Capital como organizaciones terroristas — vigente desde el 5 de junio — elevó la presión internacional sobre Brasil para que demuestre que tiene una estrategia robusta contra el crimen organizado. Las sangrientas redadas policiales en las favelas de Río de Janeiro de las últimas semanas — que produjeron decenas de muertos y desplazamientos de miembros de las facciones hacia otras regiones — generaron la advertencia de las autoridades argentinas, que reforzaron la seguridad en la frontera con Brasil ante la posibilidad de que pandilleros acosados por las fuerzas del orden intenten escapar por alguno de los pasos fronterizos. En ese contexto, la promulgación del acuerdo de cooperación policial es la respuesta institucional más concreta que Brasil podía dar: si los criminales cruzan las fronteras para escapar, las policías del Mercosur ahora podrán cruzarlas para perseguirlos.

Para el Mercosur como proyecto político, la promulgación de este acuerdo tiene un valor que trasciende su utilidad operativa inmediata. El bloque ha sido históricamente más eficaz en la integración comercial que en la integración de seguridad, y la asimetría entre la libre circulación de mercancías y la fragmentación de la cooperación policial fue durante décadas una de las críticas más fundadas a la arquitectura institucional del Mercosur. El crimen organizado aprovechó esa asimetría sistemáticamente: las fronteras abiertas para el comercio eran también fronteras abiertas para el contrabando, el narcotráfico y la trata, mientras las policías quedaban detenidas en los límites jurisdiccionales que los criminales ignoraban. El acuerdo de cooperación policial promulgado este miércoles — sumado al SISME respaldado unánimemente por los ministros de seguridad en mayo y al «Compromiso de Asunción 2026 contra la Corrupción y el Crimen Organizado» — completa la tríada institucional de seguridad más ambiciosa que el bloque haya construido en sus 35 años de historia.

La coincidencia temporal de la promulgación con los preparativos de la Cumbre del 30 de junio en Luque agrega una dimensión política significativa al gesto brasileño. Lula llega a la Cumbre del 35.° aniversario del Tratado de Asunción con un activo institucional concreto que presentar: el país que más demoraba la ratificación del acuerdo de cooperación policial finalmente lo promulgó, desbloqueando la posibilidad de su entrada en vigor plena si otro de los socios deposita su instrumento de ratificación en las próximas semanas. Paraguay — que ejerce la Presidencia Pro Tempore y que tiene en la seguridad de la Triple Frontera una de sus prioridades nacionales más sensibles — tiene ahora el incentivo perfecto para acelerar su propio proceso de ratificación y convertir la Cumbre del 30 de junio en el escenario del anuncio de la entrada en vigor del acuerdo. Ese anuncio, si se materializa, sería uno de los resultados más tangibles y más comunicables de la Cumbre: un Mercosur cuyas policías pueden perseguir juntas a los criminales es un Mercosur que protege a sus ciudadanos de manera visible y cotidiana.

La promulgación brasileña también debe leerse en el contexto del debate interno que el país vive sobre la mejor estrategia contra las facciones criminales. El gobierno Lula ha resistido la presión norteamericana para clasificar al Comando Vermelho y al PCC como organizaciones terroristas bajo la legislación brasileña, argumentando que esa categoría jurídica no se ajusta a la naturaleza de esos grupos y que su aplicación podría abrir la puerta a intervenciones externas no deseadas. Pero esa resistencia a la vía norteamericana hace más necesaria la vía regional: si Brasil no quiere que la lucha contra sus facciones criminales sea liderada desde Washington, necesita demostrar que la cooperación del Mercosur es una alternativa eficaz. El acuerdo de cooperación policial es exactamente esa demostración: la respuesta sudamericana, soberana y coordinada, al desafío del crimen organizado transnacional que ninguna designación externa puede sustituir.