El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para eliminar por completo la ley de los octógonos negros. La comunidad científica advierte que sería un retroceso sanitario, mientras el oficialismo habla de desregulación y competitividad. Qué dice la evidencia de los países que ya aplican el sistema.
El sistema de octógonos negros que desde hace pocos años acompaña a las góndolas argentinas volvió al centro del debate público. El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley para derogar en su totalidad la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, identificada como Expediente 186/26 e ingresada al Senado a fines de mayo de 2026, lleva las firmas del presidente, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones.
Conviene aclarar el punto de partida: la ley está vigente desde su sanción en 2021, y el proyecto del Ejecutivo todavía no fue aprobado. Es decir, los sellos siguen en los envases y la discusión recién comienza. De hecho, incluso en sectores dialoguistas de la Cámara alta aparecieron las primeras dudas, y desde la oposición aliada admitieron que el tema no figura entre las prioridades legislativas inmediatas.
Qué establece la ley y por qué importa
La norma va mucho más allá de los sellos. Obliga a incluir octógonos negros de advertencia en los alimentos y bebidas que superen ciertos umbrales de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Pero además regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing —como personajes infantiles o regalos— en productos con excesos.
Sus objetivos declarados son garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, brindar información nutricional clara y comprensible, y prevenir la malnutrición y las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, problemas que en Argentina presentan índices elevados.
La importancia para la población se mide en términos concretos. Según datos difundidos por las organizaciones que defienden la norma, antes de su sanción solo el 13% de la población lograba comprender correctamente la información nutricional tradicional de los envases. Tras la implementación de los octógonos, el 90% de las personas afirma que los sellos le permiten identificar rápidamente los productos poco saludables, y más de la mitad asegura haber modificado sus decisiones de compra a partir de las advertencias. En palabras de sus impulsores, «los octógonos democratizaron el acceso a la información».
La experiencia de los países que ya lo aplican
Argentina no inventó el sistema: lo adoptó relativamente tarde y, por eso mismo, pudo capitalizar la experiencia regional. En América Latina, varios países ya implementaron las advertencias octogonales: Chile (pionero mundial, con su ley en vigor desde 2016), Perú (2019), México (2020) y Uruguay (2021), además de Argentina. Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela avanzaron con normativas propias en distintas etapas de implementación.
Ver esta publicación en Instagram
El caso más estudiado es el chileno, y sus resultados son contundentes. La primera evaluación nacional, realizada por la Universidad de Chile junto a la Universidad de Carolina del Norte, encontró que las compras de bebidas azucaradas en los hogares cayeron alrededor de un 24% tras la entrada en vigencia de la regulación. Los investigadores remarcaron que esa reducción fue notablemente mayor que la lograda por otras políticas aisladas, como los impuestos a las gaseosas. A siete años de su implementación, en Chile se registraron además bajas del 24% en las calorías, del 37% en el sodio y del 27% en los azúcares provenientes de los productos rotulados como «altos en».
En Uruguay, el etiquetado aumentó de inmediato la capacidad de los consumidores para identificar productos con exceso de azúcar, grasas y sodio. Y en todos los casos se observó un efecto adicional: muchas empresas reformularon sus productos para reducir nutrientes críticos y así evitar el sello negro.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es categórica al respecto: de los distintos modelos existentes, el de octógonos de advertencia basado en su perfil de nutrientes es el más eficaz para informar al consumidor y reducir el consumo de productos con excesos. El sistema de «semáforo» y el de «cantidades diarias orientativas» —históricamente preferidos por la industria— mostraron, según la OPS, resultados sensiblemente menores; este último fue descrito como la opción de menor impacto a nivel mundial.
Más aún: un informe de la OPS de marzo de 2026 ubicó a Argentina, México y Colombia como los países con las normativas más alineadas con las mejores prácticas internacionales. La legislación argentina cumple con 10 de los 11 criterios técnicos analizados.
Los argumentos del Gobierno
El Ejecutivo justifica la derogación señalando que, tras su período de aplicación, la norma evidenció «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas». Los ejes de su planteo son varios.
En lo económico, sostiene que el sistema genera sobrecostos por rediseño de envases, adecuación de líneas productivas y evaluación técnica de nutrientes, y que esas cargas afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas. También considera que las restricciones sobre publicidad y diseño de envases representan «limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas».
En lo técnico, cuestiona que numerosos parámetros metodológicos hayan quedado fijados directamente en el texto de la ley, lo que —según su lectura— vuelve al sistema rígido e incapaz de adaptarse con agilidad a nuevos consensos científicos. Argumenta, además, que el modelo aplica criterios homogéneos sobre alimentos muy distintos, generando casos en que productos tradicionales reciben advertencias equivalentes a las de los ultraprocesados.
Por último, apela a la armonización regional: afirma que ya existe un sistema obligatorio de información nutricional consolidado en el MERCOSUR e incorporado al Código Alimentario Argentino, por lo que la coexistencia de ambos esquemas constituiría una superposición innecesaria. El Gobierno aclara que la medida no eliminaría la información nutricional tradicional (la tabla de valores), que seguiría vigente bajo el Código Alimentario.
Las advertencias de la comunidad científica
Frente a la iniciativa, más de 300 organizaciones médicas, académicas, de salud pública y de defensa del consumidor firmaron una declaración pidiendo al Congreso que rechace la derogación. Su mensaje fue directo: no existirían argumentos sanitarios ni científicos que la justifiquen, y la consideran un «ataque directo a la salud pública».
Sobre el argumento de la armonización con el MERCOSUR —el mismo que esgrimió públicamente el parlamentario regional Matías Sotomayor al cuestionar la medida—, los especialistas hacen una observación clave: los modelos que se discuten en otros países de la región son menos exigentes que el argentino, que se basa en el perfil de nutrientes de la OPS, uno de los más estrictos. Como ejemplo, señalan que el modelo argentino detecta exceso de azúcares en el 68% de los yogures analizados, mientras que el sistema uruguayo lo hace en el 9% y el brasileño en apenas el 1%. «Armonizar», advierten, podría significar en la práctica debilitar la advertencia.
Los críticos también recuerdan que derogar la ley no eliminaría solo los sellos, sino todo el andamiaje de protección asociado: las restricciones a la publicidad infantil, los entornos escolares saludables y los límites al marketing de productos con excesos.
La sombra del lobby
Detrás del debate técnico aparece, según diversos sectores, la presión empresarial. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que agrupa a las principales compañías de alimentos y bebidas del país, cuestiona la ley desde su origen. Incluso uno de los impulsores originales de la norma, el exdiputado Julio Cobos, habló abiertamente de «lobby empresarial» detrás de la ofensiva.
La lógica que plantean quienes defienden la ley es sencilla: hoy las empresas se ven obligadas a cuidar sus fórmulas para evitar el rótulo negro, porque saben que muchos consumidores desisten de comprar un producto al ver la advertencia. La pregunta que sintetiza la controversia, formulada por Sotomayor, sigue abierta: ¿a quién beneficia que esa información desaparezca?
Qué viene ahora
El proyecto está en etapa de comisiones en el Senado y su aprobación dista de estar garantizada. La discusión, que combina salud pública, economía, regulación y los intereses de un sector industrial poderoso, promete ser larga e intensa. Por ahora, los octógonos siguen en las góndolas. Su futuro quedará en manos del Congreso. Bueno no es de se extrañar un gobierno que sale da la Organización Mundial de la Salud (OMS) en épocas de tantas epidemias y necesidades de colaboraciones y trabajo en conjunto para entender los nuevos brotes epidemiológicos.
Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El proceso fue anunciado por el gobierno de Javier Milei en febrero de 2025 y se hizo efectivo el 17 de marzo de 2026, luego de cumplirse el plazo establecido tras la notificación oficial presentada ante Naciones Unidas.
Fuentes consultadas: Infobae, La Nación, El Economista, El Destape, Tiempo Argentino, elDiarioAR, Chequeado, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fundeps, Universidad de Chile (INTA), Universidad de Carolina del Norte, y declaraciones públicas de funcionarios y especialistas (mayo de 2026).
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
- ★La Ley de Maquila transforma el mapa industrial del Mercosur y acelera la expansión de empresas brasileñas hacia Paraguay
- ★El Comando Tripartito refuerza la seguridad en la Triple Frontera y consolida 30 años de cooperación entre Brasil, Paraguay y Argentina
- ★Veleristas de Foz do Iguaçu brillan en la Copa Mercosur de Vela 2026 y consolidan el crecimiento de la cantera brasileña
- ★Milk Summit Mercosur 2026 abre inscripciones y posiciona a la industria láctea frente a los desafíos de una nueva etapa de integración regional
- ★Fotógrafos de la Triple Frontera podrán competir por reconocimiento internacional en el 8.º Concurso de Fotografía del Mercosur
