Colombia acusa a Noboa de manipulación comercial e injerencia electoral: “El fin de los aranceles fue una orden de la CAN”

Rosa Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia

El Gobierno de Colombia elevó el tono frente a Ecuador al rechazar de manera contundente la narrativa del presidente ecuatoriano sobre la eliminación de los aranceles que afectaban el comercio bilateral, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de junio y que, según Bogotá, no responde a un gesto voluntario de buena voluntad, sino al cumplimiento obligatorio de decisiones adoptadas por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En un comunicado oficial, la Cancillería colombiana sostuvo que la derogación de las restricciones comerciales impuestas por Ecuador es consecuencia directa de las resoluciones emitidas por la Secretaría General de la CAN, organismo que ordenó la eliminación de los aranceles y de otras medidas consideradas incompatibles con las normas que regulan el comercio entre los países miembros del bloque.

La administración colombiana advirtió que presentar la medida como una iniciativa política del Gobierno ecuatoriano distorsiona los hechos y desconoce el marco jurídico internacional que obligó a Quito a revertir las restricciones. Según Bogotá, esa interpretación puede afectar la confianza de los sectores productivos, generar incertidumbre entre los operadores económicos y debilitar la estabilidad de las relaciones bilaterales.

El pronunciamiento también recuerda que las medidas adoptadas unilateralmente por Ecuador fueron cuestionadas por contravenir los principios que sustentan el sistema jurídico andino, afectando el comercio intracomunitario, la seguridad jurídica de las empresas y el bienestar de las comunidades ubicadas en la frontera común.

Colombia señaló además que la decisión ecuatoriana se produce en un contexto de creciente presión internacional. De acuerdo con el Gobierno colombiano, organismos como el Fondo Monetario Internacional habían advertido sobre los riesgos económicos derivados de mantener restricciones al comercio, incluyendo posibles efectos negativos sobre la productividad, la competitividad y el desarrollo de las regiones fronterizas.

Sin embargo, el punto más delicado del comunicado se concentra en las declaraciones realizadas por el mandatario ecuatoriano, que para Bogotá trascienden el ámbito económico y se adentran en el terreno político. La Cancillería expresó su preocupación por mensajes públicos que, a su juicio, vinculan decisiones comerciales y fronterizas con el actual escenario electoral colombiano.

Comunicado de la Cancillería de Colombia

El Gobierno colombiano afirmó que las políticas comerciales deben sustentarse exclusivamente en criterios técnicos, jurídicos e institucionales y mantenerse al margen de cualquier interés electoral. Advirtió además que utilizar medidas con impacto sobre trabajadores, empresarios y comunidades fronterizas en medio de campañas políticas genera incertidumbre, erosiona la confianza de los mercados y desnaturaliza el carácter técnico que debe regir este tipo de decisiones.

En uno de los apartados más contundentes del documento, Colombia manifestó su “categórico rechazo” a lo que calificó como una presentación engañosa de la eliminación de los aranceles y denunció una presunta intervención extranjera en asuntos internos del país. Según el Gobierno, las declaraciones del mandatario ecuatoriano constituyen una vulneración del principio de no intervención, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado contra el sistema democrático colombiano.

La reacción marca uno de los episodios de mayor tensión diplomática reciente entre ambos países y deja en evidencia las diferencias sobre la interpretación política de una medida comercial que impacta a miles de empresas y ciudadanos a ambos lados de la frontera.

Pese al duro tono del comunicado, Colombia confirmó que también derogará las medidas adoptadas en respuesta a las restricciones ecuatorianas, con el objetivo de restablecer plenamente la normalidad en el intercambio económico bilateral. El Gobierno aseguró que la decisión busca fortalecer la integración andina, preservar el libre comercio dentro de la región y consolidar una relación económica basada en el respeto mutuo, la seguridad jurídica y el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Con este pronunciamiento, Bogotá intenta cerrar el capítulo comercial abierto durante los últimos meses, pero al mismo tiempo deja abierta una nueva controversia política y diplomática con Quito, en un momento especialmente sensible para ambos países y para el futuro de la integración regional andina.

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