Colombia abre lupa sobre el sistema de salud de los maestros: Supersalud ordena investigación urgente al FOMAG por posibles irregularidades
Daniel Quintero, Superintendente Nacional de Salud
En un movimiento que eleva la presión sobre uno de los regímenes especiales más sensibles del país, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la apertura de una actuación especial de inspección y vigilancia sobre el modelo de atención del magisterio, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su funcionamiento.
La instrucción fue emitida por el superintendente Daniel Quintero Calle, quien pidió a su equipo iniciar de manera inmediata una revisión integral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conocido como FOMAG. La decisión responde a una solicitud directa del presidente Gustavo Petro Urrego, orientada a verificar posibles irregularidades en la operación del sistema.
El alcance de la investigación es amplio. Incluye desde la prestación de servicios médicos y la entrega de medicamentos hasta la gestión de autorizaciones, el manejo de quejas y reclamos, los procesos de auditoría y el flujo de recursos destinados a docentes, pensionados y sus beneficiarios. También se examinarán los esquemas de contratación, la red de prestadores y el papel de los distintos actores involucrados en la operación del modelo.
Entre ellos figura Fiduprevisora S.A., encargada de administrar los recursos del fondo, así como operadores, clínicas, gestores farmacéuticos e interventorías. La Superintendencia busca establecer no solo si existen fallas estructurales, sino también identificar eventuales responsables.
El proceso contempla la elaboración de una matriz técnica de riesgos y hallazgos, que permitirá mapear posibles irregularidades y definir si el caso amerita traslados a organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría. Las autoridades esperan un primer informe en el corto plazo, con resultados preliminares y recomendaciones sobre los siguientes pasos.
La actuación tendrá carácter prioritario. Desde la Superintendencia insisten en que está en juego la garantía del derecho fundamental a la salud de miles de maestros y sus familias, en un sistema que históricamente ha operado con reglas propias y bajo constante escrutinio.
El anuncio marca un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de salud del magisterio en Colombia, un esquema que, pese a su autonomía, enfrenta ahora una revisión a fondo bajo la lupa del Estado.
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