Colombia | Benedetti advierte que freno judicial al traslado de pensiones “favorece a los más ricos” y deja en vilo a miles de afiliados

Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia

La suspensión provisional del decreto que habilitaba el traslado de ahorros pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones ha abierto un nuevo frente de tensión en el debate sobre la reforma del sistema en Colombia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó con dureza la decisión del Consejo de Estado y advirtió que sus efectos recaen directamente sobre miles de ciudadanos que ya habían iniciado el proceso de traslado.

De acuerdo con el Gobierno, cerca de 120.000 afiliados habían solicitado de manera voluntaria mover sus recursos al régimen público, amparados en lo establecido por la ley. La suspensión de la norma, sin embargo, deja esas solicitudes en un limbo jurídico y administrativo, generando incertidumbre sobre el destino de los ahorros y los tiempos en que podrán resolverse.

Benedetti sostuvo que la decisión judicial interfiere con una elección individual que debería ser respetada. A su juicio, impedir el traslado termina beneficiando a quienes concentran mayores recursos en el sistema financiero. Señaló que el derecho de los afiliados a decidir sobre su ahorro pensional no puede quedar subordinado a intereses particulares, en un momento en que el país busca avanzar hacia un modelo más equitativo.

El ministro también alertó sobre el impacto inmediato de la medida en la confianza de los ciudadanos frente al sistema pensional. La imposibilidad de concretar los traslados, dijo, no solo retrasa decisiones clave para la planeación de la vejez, sino que introduce dudas sobre la estabilidad de las reglas de juego.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la reforma pensional tiene como objetivo reducir desigualdades estructurales y ampliar el acceso a una pensión digna. En ese contexto, Benedetti aseguró que el Gobierno defenderá las herramientas adoptadas para avanzar en ese propósito y evaluará las acciones jurídicas necesarias mientras el alto tribunal resuelve de fondo el caso.

El pulso entre el Ejecutivo y la justicia administrativa reaviva un debate de fondo sobre el control de los recursos pensionales y el alcance de las decisiones individuales en un sistema marcado por profundas brechas. Mientras tanto, miles de afiliados permanecen a la espera de una definición que podría redefinir el rumbo de sus ahorros y su futuro.

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