Canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio
En medio de un debate de alto voltaje político en la Comisión Segunda del Senado, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio salió al paso de las críticas sobre el sistema de expedición de pasaportes y defendió con firmeza la transición hacia un modelo de gestión pública, asegurando que no existe riesgo de interrupción en el servicio y que las alertas difundidas carecen de sustento técnico.
Durante la sesión de control político, en la que también participaron la secretaria general de la Cancillería, Elvira Sanabria, y la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, la ministra explicó que el país avanza en una transformación estructural del modelo de pasaportes basada en un convenio interadministrativo entre entidades estatales. Según detalló, este esquema asigna a la Imprenta Nacional funciones clave como la personalización de los documentos, su custodia y distribución, además de la gestión de elementos de seguridad como las etiquetas de identificación.
Villavicencio subrayó que se trata de un proceso diseñado bajo estándares internacionales y concebido en fases, en respuesta a una realidad institucional que hasta ahora dependía en parte de proveedores externos para la producción de las libretas. En ese contexto, insistió en que la primera etapa ya está en marcha y ha permitido consolidar capacidades internas que antes no existían.
La canciller destacó que la Imprenta Nacional ha realizado una adaptación acelerada de su infraestructura, incluyendo la instalación de líneas industriales especializadas y la capacitación del personal, lo que ha permitido iniciar la producción y personalización de pasaportes que ya están siendo utilizados por ciudadanos en tránsito internacional. Afirmó que el nuevo modelo opera actualmente en más de quince departamentos y en todos los consulados del país en América Latina, donde se están capturando datos y emitiendo documentos sin contratiempos.
Imagen Cancillería de Colombia
Además, aseguró que existe un inventario suficiente de libretas bajo el nuevo esquema, lo que respalda la continuidad del servicio. “No ha habido interrupción, no la hay y no la habrá”, enfatizó, al tiempo que cuestionó lo que calificó como una narrativa alarmista desconectada de la evidencia técnica presentada por su despacho.
El tono de la intervención dejó claro que el Gobierno busca no solo defender la viabilidad operativa del nuevo modelo, sino también reposicionar el debate en términos de soberanía institucional y fortalecimiento de capacidades estatales. Frente a un Congreso atento y dividido, la canciller insistió en que los cuestionamientos deben basarse en datos verificables y no en percepciones que, según dijo, terminan generando incertidumbre innecesaria entre los ciudadanos.
El debate, lejos de cerrarse, deja sobre la mesa una discusión de fondo sobre la gestión de servicios críticos, la transición hacia modelos públicos y el delicado equilibrio entre control político y responsabilidad informativa en un tema que impacta directamente la movilidad internacional de miles de personas.
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REDACCIóN COLOMBIA
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