Colombia | La CCI pone el foco en el futuro económico de Colombia: infraestructura, inversión y seguridad energética, los grandes desafíos del país.

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La Cámara Colombiana de la Infraestructura advierte sobre los desafíos fiscales, la incertidumbre energética y la caída de la inversión. Expertos coinciden en que recuperar la confianza del sector privado será determinante para impulsar el crecimiento y la competitividad del país.

Colombia enfrenta importantes desafíos para recuperar el ritmo de inversión, fortalecer su infraestructura y garantizar la seguridad energética, tres factores que serán determinantes para la competitividad y el crecimiento económico en los próximos años. Así quedó planteado durante la tercera edición del conversatorio Perspectivas y propuestas sectoriales, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que reunió a representantes de los sectores económico, financiero, constructor y energético.

El encuentro, celebrado el 29 de octubre, puso sobre la mesa una preocupación compartida por los principales gremios del país: la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas, garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos y establecer condiciones fiscales y regulatorias que permitan movilizar capital público y privado.

Durante la instalación, la presidenta ejecutiva de la CCI, Tatyana Orozco, presentó las prioridades de la agenda institucional, con especial atención al agua y el saneamiento básico, la energía, los centros de datos y el transporte férreo. También destacó la importancia de construir una visión de infraestructura hacia 2040, que permita estructurar desde ahora proyectos capaces de ejecutarse durante los próximos siete años, independientemente de los cambios de gobierno.

Orozco insistió en que uno de los principales retos consiste en garantizar la continuidad de las obras contratadas y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, especialmente en los proyectos regionales y de reconstrucción. Para avanzar en esa dirección, planteó establecer una mesa permanente de trabajo con los concesionarios y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), además de fortalecer la coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

La dirigente gremial también señaló que Colombia necesita proyectos técnicamente sólidos y financieramente viables, con capacidad para atraer recursos de la banca, los fondos de inversión y otros actores privados, como complemento a la financiación estatal.

Las alertas sobre el panorama fiscal ocuparon un lugar central en la discusión. Daniel Wills, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), presentó un análisis de las perspectivas macroeconómicas para 2026 y 2027 y advirtió sobre los riesgos que representan el déficit fiscal, la inflación, las tasas de interés y la debilidad de la inversión.

De acuerdo con las cifras expuestas durante su intervención, la economía colombiana mantiene un crecimiento cercano al 2,9 %, pero el déficit fiscal podría alcanzar el 7,8 % del producto interno bruto (PIB) en 2026, lo que obligaría a adoptar medidas de ajuste significativas durante el año siguiente.

Uno de los datos más preocupantes es la brecha entre el comportamiento del consumo público y la inversión. Mientras el primero se encuentra aproximadamente un 30 % por encima de los niveles registrados antes de la pandemia, la inversión permanece un 10 % por debajo. Para Wills, esta situación representa un desafío estructural, debido a que el crecimiento económico de largo plazo dependerá cada vez más de la acumulación de capital físico y de la capacidad del país para recuperar la confianza de los inversionistas.

La situación del sector constructor también generó preocupación. Durante el panel dedicado a la construcción y la financiación como motores del crecimiento participaron Gabriela Bonilla, directora económica y de información de Camacol; Ginette Sofía Lozano, directora de Asuntos Económicos de la CCI, y Germán Montoya, director económico de Asobancaria.

Bonilla expuso el deterioro del mercado de vivienda, cuyas ventas registran una caída del 40 % frente a 2022. Aunque las proyecciones para 2026 apuntan a la comercialización de aproximadamente 160.000 viviendas, la formación anual de hogares se acerca a las 250.000 unidades, una diferencia que evidencia la distancia entre las necesidades habitacionales del país y la capacidad actual del mercado.

A este panorama se suman cerca de 33.000 desistimientos de compra y 12 trimestres consecutivos de contracción del valor agregado del sector edificador, indicadores que reflejan las dificultades que enfrenta una de las actividades con mayor capacidad para generar empleo y dinamizar otras ramas de la economía.

Por su parte, Ginette Sofía Lozano defendió la necesidad de consolidar una cartera de proyectos financiables bajo una visión de Estado, con criterios técnicos y financieros que garanticen su continuidad más allá de los periodos presidenciales. También llamó la atención sobre los retrasos derivados de dificultades ambientales y sociales, así como sobre las limitaciones institucionales que afectan la ejecución de las obras.

La diversificación de las fuentes de financiación fue otro de los puntos destacados. Entre las alternativas planteadas figuran los mecanismos de obras por impuestos, los fondos de inversión, la banca comercial y los organismos multilaterales, con el propósito de reducir la dependencia de los recursos públicos, los peajes y las vigencias futuras.

Desde el sector financiero, Germán Montoya advirtió que las condiciones del crédito hipotecario no dependen exclusivamente de las decisiones del Banco de la República. Las expectativas de inflación y la percepción de riesgo fiscal también inciden en el costo del financiamiento. En ese contexto, la persistencia de las presiones inflacionarias podría limitar la reducción de las tasas de interés durante 2027 y retrasar la recuperación del mercado inmobiliario.

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La seguridad energética emergió como otro de los grandes desafíos para el futuro económico de Colombia. En el panel dedicado al abastecimiento de energía y gas natural, representantes de Acolgen, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y Andesco analizaron los riesgos que enfrenta el sistema, las dificultades financieras de las empresas de servicios públicos y la necesidad de recuperar la inversión en generación, transporte y distribución.

Andrés Ospina, director legal y tributario de Acolgen, advirtió que la diferencia entre la energía firme disponible y la demanda se aproxima al 8,3 % y podría superar el 10 % entre 2028 y 2029 si no se adoptan medidas oportunas. También señaló que la reducción de las reservas hídricas disponibles para afrontar periodos críticos incrementa la vulnerabilidad del sistema frente a los fenómenos climáticos.

Las consecuencias económicas de una eventual interrupción del suministro eléctrico podrían ser considerables. Según las estimaciones presentadas durante el conversatorio, un escenario de racionamiento del 5 % durante cinco meses podría ocasionar pérdidas cercanas a los ocho billones de pesos, afectar aproximadamente 66.000 empleos y llevar a 155.000 personas a condiciones de pobreza.

A estas advertencias se sumó Kathrine Simancas, directora sectorial de Energía y Gas Natural de Andesco, quien alertó sobre el deterioro financiero de las empresas de servicios públicos. Explicó que varias compañías han tenido que aplazar inversiones para atender sus obligaciones y preservar su liquidez, una situación que podría comprometer la modernización de redes, plantas y sistemas de digitalización, con posibles efectos sobre la calidad del servicio durante los próximos dos o tres años.

Los participantes coincidieron en que la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y unas reglas de juego previsibles son condiciones indispensables para atraer nuevas inversiones y garantizar el abastecimiento energético.

El mensaje que dejó el encuentro de la Cámara Colombiana de la Infraestructura trasciende las preocupaciones particulares de cada gremio. Colombia necesita recuperar su capacidad de inversión, fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado y construir una agenda de desarrollo que no dependa de los cambios políticos ni de las prioridades coyunturales de cada administración.

La infraestructura, la vivienda y la energía no son únicamente sectores productivos: constituyen pilares de la competitividad, la generación de empleo y el bienestar social. El desafío será convertir los diagnósticos y las propuestas en proyectos concretos, con financiación asegurada y continuidad institucional. De esa capacidad dependerá buena parte del crecimiento económico de Colombia en la próxima década.

Con la información de la La Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI

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