La denuncia, aprobada por unanimidad, apunta a un esquema de contratos a medida, pagos por servicios no prestados y un festival de descontroles que comprometió recursos del orden de los 50 millones de dólares.
En una decisión sin precedentes que marca un punto de inflexión en la rendición de cuentas del sistema público de salud, el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió este jueves por unanimidad presentar una denuncia penal contra el expresidente Leonardo Cipriani y la totalidad de su directorio anterior. La medida, que alcanza a los exjerarcas Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, así como al exgerente general Eduardo Henderson, se sustenta en lo que los investigadores describen como un cóctel de irregularidades: contrataciones a una empresa “hecha a medida” que acumuló el 96,5% del gasto del servicio de emergencias SAME-105, convenios multimillonarios sin procesos competitivos con el Casmu y el Círculo Católico, y un agujero negro en la gestión del Hospital de Treinta y Tres, informó El Observador.
“No es un ataque, es consecuencia de un desapego absoluto a las normas”, fue la respuesta desde el actual entorno de ASSE ante la reacción pública del antiguo directorio, que calificó la denuncia como “un claro ataque político y personal sin fundamento jurídico”. Sin embargo, el informe jurídico elevado al directorio es contundente: las conductas detectadas “podrían trascender el ámbito estrictamente administrativo” y subsumirse en figuras penales como el manejo irregular de fondos públicos o el abuso de funciones, particularmente ante la “reiteración sistemática de observaciones por el Tribunal de Cuentas”, publicó el mencionado medio ut supra.
ITHG: La empresa que se quedó con (casi) todo el SAME 105
El epicentro de la tormenta se llama ITHG (hoy UTAM), una empresa de origen marítimo que, pese a no contar en sus inicios con la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP), aterrizó en el período de pandemia y no solo no se fue, sino que se convirtió en la dueña indiscutida del servicio de ambulancias estatal, informó El País en 2024.
Una auditoría exhaustiva, finalizada en septiembre de 2025, a la que accedió El Observador, reveló la magnitud del descontrol: entre 2022 y 2024, los pagos a ITHG ascendieron a $1.961.767.695 (unos 50 millones de dólares al tipo de cambio actual), con una trayectoria en alarma: $564,9 millones en 2022, $570 millones en 2023 y un salto a $826,7 millones en pleno año electoral 2024.
Los hallazgos de los auditores, considerados en un 53% como de “riesgo muy alto”, resultan lapidarios. No solo se pagaron precios por encima del mercado –en un análisis muestral de 15 traslados especializados, 11 de ellos tenían un costo superior al de otros proveedores– sino que, se abonaron traslados que figuraban como “cancelados” en el sistema y servicios de los que jamás pudo constatarse que se hubieran efectivamente realizado. “Hubo facturación de estudios sin respaldo, horas adicionales por camas no previstas, y pagos por servicios que ya estaban dentro de la tarifa plana”, detalla la investigación administrativa posterior a la auditoría. El combustible de este mecanismo era un esquema de pago tan simple como irregular: el SAME 105, bajo la gestión del exdirector José Antonio Rodríguez (actualmente de licencia prejubilatoria), eludió de forma deliberada todo proceso de licitación pública, fraccionando artificialmente el gasto mediante “compras directas” que superaban sistemáticamente los topes legales.
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó todas y cada una de las compras: para enero de 2023, la facturación observada ascendía ya a $792 millones, cifra que escaló a $1.221 millones para febrero de 2024. Pese a las reiteradas advertencias y a que el propio TCR llegó a plantear la posibilidad de suspender la capacidad de gasto del SAME 105, el directorio de Cipriani –según la documentación– mantuvo una “pasividad frente a advertencias expresas” considerada inadmisible por los investigadores, publicó El País.
Y según la nota de El Observador de ayer, en el centro de esta cadena de mando, el exgerente financiero Juan Behrend (hoy en el Hospital Piñeyro del Campo) es señalado por haber impartido directivas precisas para que, en el vínculo con ITHG, “no se realizaran controles a tercerizados ni órdenes de compra”, socavando cualquier barrera de contención frente a “posibles reclamos laborales”.
Los convenios “de tarifa plana”: un explosivo aumento del gasto del 4.000%
Si el caso ITHG es un escándalo de contratación directa, los acuerdos de complementación con el Casmu y el Círculo Católico dibujan un segundo círculo de irregularidades. La auditoría detectó un cambio de modalidad de pago que resultó ser una máquina de multiplicar el dinero público: se abandonó el lógico sistema de “pago por día/cama ocupada” para cuidados moderados y se pasó a un sistema de camas fijas mensuales de uso exclusivo mediante tarifa plana.
La consecuencia fue un “aumento exponencial del gasto”, en palabras de los investigadores. Las cifras son elocuentes: las compras de ASSE al Casmu –mutualista intervenida por el Poder Ejecutivo desde 2024 por su crítica situación financiera– pasaron de $26,9 millones en 2020 a $1.104 millones en 2024, un incremento del 4.000%. En paralelo, los pagos al Círculo Católico –institución en la que Cipriani fue director técnico antes de asumir en ASSE y a la que regresó tras dejar el cargo– saltaron de $244,7 millones en 2020 a $844,6 millones en 2024, un alza del 245%. En conjunto, estos dos prestadores pasaron de representar el 12% del gasto a proveedores en 2020 al 29% en 2024, en un ecosistema donde “no se realizó un llamado a precios” y no se respetó el TOCAF, el texto ordenador de la administración financiera del Estado.
La investigación señala además que Behrend introdujo “modificaciones sustantivas” al convenio con el Círculo Católico sin contar con la autorización del directorio –una “facultad indelegada”– y, especialmente grave, evadiendo los controles del MSP y del TCR. A esto se añade la decisión del equipo liderado por Rodríguez en el SAME 105 de eliminar los controles médicos a los pacientes ingresados en CTI pediátrico bajo tarifa plana al considerarlos “innecesarios”.
En perspectiva, el presidente actual de ASSE, Álvaro Danza, había ofrecido una definición que hoy resuena con claridad: “Pensamos que hubo desapego a las normas y se privilegió al Círculo Católico y al Casmu”, dijo en declaraciones a La diaria.
Treinta y Tres: el eslabón que salpica al interior del país
El tercer capítulo tiene como escenario el Hospital de Treinta y Tres y un convenio con el Casmu para la prestación de servicios en un departamento donde la mutualista contaba con un número escaso de usuarios. La investigación detectó “debilidades en el sistema de contralor”, con hallazgos que rozan la falta de rigor absoluto: se comprobó que en planillas de especialistas aparecían nombres de médicos que no eran quienes efectivamente atendían a los pacientes, una situación que para los investigadores “puede colocar a la administración en un escenario de vulnerabilidad frente a eventuales hechos de responsabilidad médica”, difundió El Observador.
Los auditores concluyeron que los errores detectados “no fueron formales”, sino que “incidían en la determinación de derechos económicos con potencial afectación patrimonial”. Por ello, el directorio resolvió abrir sumarios a la directora del Hospital y a su gerenta financiera, pero también dispuso ampliar las investigaciones más allá de sus responsabilidades individuales. En esta instancia, el director representante de los trabajadores, Gustavo Gianre, optó por la abstención, un gesto que introduce una fisura en la unanimidad política del directorio de ASSE.
“Ataque político” vs. investigación sistemática
La reacción de los exjerarcas no se hizo esperar. A través de un comunicado que dio a conocer El Observador, emitido el viernes por la mañana, el antiguo directorio afirmó haberse enterado de las resoluciones “por la prensa” y denunció “una filtración a la prensa ocurrida en el seno de la propia ASSE”. En su defensa, los firmantes aseguraron que actuaron “siempre ajustados a derecho” y sostuvieron que los mecanismos de control “no se debilitaron” durante su administración, pese a la evidencia aportada por el Tribunal de Cuentas. Paradójicamente, el comunicado también expresó disposición a colaborar con la Justicia en caso de ser convocados, un escenario que la denuncia penal de ASSE vuelve ahora probable.
La contundencia del paso dado por el actual directorio de ASSE, encabezado por Álvaro Danza, se enmarca en un proceso de auditorías múltiples –nueve en total– de las cuales las tres primeras (ITHG, el núcleo Casmu-Círculo Católico y el Hospital de Maldonado) ya arrojaron conclusiones. La decisión unánime de judicializar el caso, aunque fue tomada sin el voto de Gianre en el punto del Hospital de Treinta y Tres, sugiere que, para las actuales autoridades, la paciencia ante lo que consideran un festival de desmanejos ha llegado a su fin.
Con una investigación que apunta a la cúpula de la administración anterior, la denuncia penal de ASSE abre un capítulo incierto que no solo pone bajo la lupa la gestión de Cipriani, sino que también aspira a establecer un precedente sobre los límites de la discrecionalidad en la gestión de fondos públicos en el sistema de salud uruguayo.
Redacción
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/politica/asse-lleva-a-la-justicia-penal-a-cipriani-y-a-todo-su-directorio/
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