Imagen – Pares
Ante tres jueces en Buenos Aires, Osmaira Nieves Oñate desplegó una memoria que no ha podido cerrar en más de dos décadas. Sacó de entre sus manos un viejo recorte de prensa que conserva desde 2004, el año en que militares del batallón La Popa del Ejército colombiano mataron a su hermano, Luis Eduardo, para presentarlo como un guerrillero abatido en combate. Vestida con el traje tradicional del pueblo wiwa, había viajado desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta Argentina para hacer un pedido que, según dijo, en su país sigue sin respuesta: justicia.
Intentó contener las lágrimas mientras hablaba, pero la voz se le quebró al recordar la ausencia. Mostró otra página del periódico en la que se consignaba que ese mismo día el entonces presidente Álvaro Uribe encabezaba en la región uno de sus consejos de seguridad. “Les pedí que no nos desamparen, que en nuestro país no hay garantías de justicia. He conocido algunas verdades, pero no justicia”, dijo a la salida de los tribunales.
Como ella, otros familiares de víctimas de los llamados falsos positivos comparecieron ante la Cámara de Apelaciones argentina, que ahora debe decidir si mantiene abierta la querella presentada en 2023 contra el expresidente colombiano. En la audiencia, Andrey Betancur y Bertina Badillo relataron historias que, aunque ocurridas en distintos puntos del país, comparten un mismo patrón: civiles asesinados por agentes del Estado y reportados como bajas en combate.
Once familiares y organizaciones de derechos humanos impulsan la causa bajo el principio de jurisdicción universal, una herramienta que permite a los tribunales investigar crímenes de lesa humanidad más allá de sus fronteras cuando no existen garantías de justicia en el país donde ocurrieron. En Argentina, ese principio ha dado lugar a investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua o Myanmar, así como a causas emblemáticas vinculadas al franquismo.
Los querellantes sostienen que en Colombia no se han dado las condiciones para investigar la eventual responsabilidad penal de un expresidente. Argumentan que la jurisdicción especial de paz no tiene competencia sobre exmandatarios y que la Comisión de Acusaciones del Congreso, encargada de investigarlos, no ha mostrado avances sustanciales. En agosto de 2025 pidieron formalmente que el caso avanzara, pero dos meses después un juzgado decidió archivarlo. La decisión fue apelada.
Durante la audiencia, el abogado argentino Máximo Castex defendió la necesidad de reabrir el proceso. Señaló que escuchar directamente a las víctimas permitió dimensionar la magnitud de los hechos y evidenciar un patrón que, a su juicio, apunta a la existencia de una práctica sistemática. Los relatos coincidieron en un punto central: las muertes no fueron hechos aislados, sino parte de una lógica de resultados que premiaba el número de bajas.
Bertina Badillo recordó el asesinato de su sobrino, Didier Eduardo Durant, ocurrido en 2007. Contó que fue engañado por militares de la Cuarta Brigada en Medellín y ejecutado poco después. “Las balas eran del Estado, los agentes eran del Estado y las órdenes eran del Estado”, dijo ante los jueces. El comandante del pelotón reconoció el crimen ante la justicia transicional y explicó que buscaban inflar las cifras de combate. Aun así, para la familia, la cadena de responsabilidades sigue incompleta.
Andrey Betancur insistió en que su presencia en Buenos Aires no era solo simbólica. “No es un caso, son más de 6.402. Esta es una luz que se abre para alcanzar justicia”, afirmó.
Ahora, la decisión está en manos de la justicia argentina. Para las víctimas, el fallo marcará si su búsqueda logra cruzar fronteras o si, una vez más, queda suspendida en un terreno donde la verdad avanza más rápido que la justicia.
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REDACCIóN COLOMBIA
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