Durante décadas, la promesa implícita del sistema económico occidental fue clara: trabaja, ahorra, acumula bienes, transmitilos. La propiedad privada era el mecanismo central de la movilidad social y la seguridad personal. Hoy esa promesa está siendo re escrita en silencio, línea a línea, en los contratos de licencia que nadie lee.
El cambio es estructural: estamos migrando del capitalismo de propietarios al capitalismo de arrendatarios. No es solo una tendencia comercial. Es una redistribución del poder que ocurre sin que nadie haya sometido la cuestión a debate público.
Tienes el objeto. No tienes el control.
El caso más revelador no viene del mundo digital, donde ya aceptamos estas condiciones como naturales. Viene de los campos de cultivo del medio oeste estadounidense.
John Deere fabrica tractores que pueden costar medio millón de dólares. El agricultor los compra, los registra a su nombre, los asegura. Pero el software que hace funcionar esa maquinaria está bajo llave. Si algo se rompe en medio de la cosecha, el propietario no puede repararlo. Necesita esperar a un técnico autorizado por la empresa, con acceso al sistema propietario, en el momento que Deere determine oportuno.
El hardware es tuyo. La capacidad de usarlo, no.
Lo que hace este caso especialmente útil es que vuelve visible algo que en el mundo digital se ha normalizado hasta volverse invisible. Nadie se escandaliza de que no pueda modificar Spotify ni de que su cuenta de Netflix no sea heredable. Pero cuando un agricultor no puede reparar su propio tractor en un momento crítico, el absurdo se vuelve tangible y difícil de ignorar.
La información como motor de la extracción
Detrás de este nuevo orden hay una asimetría de información que funciona como motor oculto del sistema. Las plataformas y fabricantes saben exactamente cuánto usas sus productos, qué necesitas, cuándo tienes menos poder de negociación y cuánto es el máximo que puedes pagar antes de abandonar. Tú, en cambio, no sabes casi nada de su estructura de costos.
Esa asimetría no produce precios de mercado. Produce lo que podríamos llamar extracción optimizada: el precio no es lo que el mercado determina, sino el máximo extraíble de cada individuo según su perfil de uso, su historial y su momento de vulnerabilidad. En la práctica, esto significa que no todos pagamos lo mismo por las mismas cosas, y que esa diferenciación no es transparente ni negociada.
La acumulación como estrategia rota
Quizás la implicación más profunda de este cambio es la que menos se discute: el modelo de acumulación heredado ha dejado de funcionar para buena parte de los bienes que consumimos, sin que nadie haya tomado esa decisión colectivamente.
La lógica clásica dice: trabaja, ahorra, compra activos, transmitilos. Pero si los activos se convierten en suscripciones, si lo que «posees» es acceso revocable, y si tus bienes digitales mueren contigo —contraseñas, cuentas, licencias no transferibles, bibliotecas de libros electrónicos que desaparecen cuando la empresa cierra—, entonces la acumulación como estrategia individual pierde sustancia. No porque alguien la haya abolido. Simplemente porque el suelo sobre el que se apoyaba ha sido reemplazado, silenciosamente, por arenas movedizas.
Las respuestas regulatorias llegan tarde
Entre 2022 y 2024, varios países comenzaron a reconocer legislativamente el problema. Las leyes de «derecho a reparar» —aprobadas o en discusión en la Unión Europea, varios estados de Estados Unidos y otros territorios— parten de una premisa sencilla: si compraste algo, deberías poder abrirlo, repararlo y mantenerlo. La propiedad debería incluir el control funcional sobre lo adquirido.
Es un primer reconocimiento institucional de que los derechos de propiedad necesitan actualización para el siglo XXI. Pero estas regulaciones van muy por detrás del ritmo al que el modelo de acceso se expande. Cada año que pasa, más categorías de productos y servicios migran a la lógica de la suscripción, el acceso condicional y la licencia revocable.
Una pregunta que nadie ha respondido
El fondo del asunto no es técnico ni legal. Es político, en el sentido más básico de la palabra: ¿quién decide cómo se organiza la relación entre las personas y los bienes que necesitan para vivir y trabajar?
La transición del capitalismo de propietarios al capitalismo de arrendatarios no fue el resultado de un debate democrático. Fue el resultado de millones de términos y condiciones aceptados sin leer, de modelos de negocio diseñados para capturar rentas de forma permanente, y de una regulación que no anticipó las consecuencias.
La pregunta que queda abierta —y que las legislaciones emergentes apenas empiezan a rozar— es si la propiedad puede sobrevivir como categoría meaningful en una economía donde controlar el software equivale a controlar el objeto. O si, en cambio, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva clase de feudalismo digital, en el que nadie posee realmente nada: simplemente paga por seguir teniendo acceso.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
BRIYIDT RIPAMONTI
Es colombiana empresaria de Miami Florida, editora de algunas revistas de renombre y activista en la protección del planeta Fundadora de la organizacion SOS Water Global
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