Desde los tribunales del Chaco paraguayo hasta el centro de un proceso judicial que divide opiniones, la historia de Amado Yuruhan trasciende lo jurídico y entra en el terreno humano
En las vastas tierras del Chaco paraguayo, donde la justicia muchas veces se ejerce lejos de los reflectores y en condiciones complejas, la figura de un juez no es solo la de un funcionario público, sino la de un referente cercano, visible y, en muchos casos, determinante para la vida cotidiana de la comunidad. En ese contexto se forjó la trayectoria de Amado Arsenio Yuruhan Díaz, un magistrado que durante años desempeñó funciones como juez penal de sentencia en Boquerón, una de las regiones más desafiantes del país.
Su historia reciente, sin embargo, no puede entenderse sin retroceder a octubre de 2022, cuando se origina el hecho que cambiaría radicalmente su vida pública y profesional. Según la acusación del Ministerio Público, una funcionaria del juzgado denunció que el magistrado habría realizado un contacto físico no consentido dentro de su despacho.
A partir de ese momento, el caso comenzó a escalar dentro del sistema judicial paraguayo. La Fiscalía avanzó con la imputación y posteriormente presentó acusación formal, solicitando que el proceso sea elevado a juicio oral.
Con el correr de los meses, la situación del magistrado se fue agravando: fue suspendido sin goce de salario, sometido a un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y posteriormente privado de libertad de manera preventiva, en el marco de la causa penal en su contra.
El expediente judicial también estuvo marcado por incidentes procesales, recusaciones y cambios en la calificación de los hechos. Inicialmente investigado por acoso sexual, el caso evolucionó hacia una acusación por coacción grave en el proceso penal, lo que refleja la complejidad jurídica del expediente.
Sin embargo, la historia de Yuruhan no se limita a lo que dicen los documentos judiciales. En paralelo al avance de la causa, el propio magistrado comenzó a sostener públicamente que es víctima de una persecución dentro del sistema judicial. En 2025, incluso presentó una denuncia penal contra el ministro de la Corte Suprema César Garay Zucolillo y otros actores, alegando “ensañamiento” y manipulación del proceso.
Esta dualidad —entre acusación formal y denuncia de persecución— es el núcleo que convierte el caso en uno de los más sensibles del ámbito judicial paraguayo reciente. Por un lado, existe una causa penal en curso con elementos presentados por la Fiscalía; por otro, una narrativa sostenida por el propio juez que cuestiona la imparcialidad del sistema.
En el plano humano, quienes lo conocen describen a Yuruhan como un hombre de carácter fuerte, convicciones profundas y una marcada espiritualidad. En regiones como Boquerón, donde el acceso a la justicia depende muchas veces de figuras individuales, ese perfil suele generar tanto reconocimiento como conflictos internos.
La exposición mediática, el proceso judicial prolongado y las medidas restrictivas han tenido un impacto significativo en su vida personal y profesional. Casos como este, más allá de su desenlace, evidencian cómo una causa judicial puede transformar completamente la trayectoria de un funcionario público.
Hoy, el caso se encuentra en una etapa decisiva, con el juicio oral como escenario clave para determinar responsabilidades. Será allí donde las pruebas, los testimonios y los argumentos legales definirán el futuro del magistrado.
Pero más allá del resultado judicial, la historia de Amado Yuruhan ya plantea preguntas más amplias: sobre el funcionamiento del sistema de justicia, sobre los límites del poder institucional y sobre la fragilidad de la reputación en contextos de alta exposición.
En definitiva, se trata de una historia que no puede leerse en blanco y negro. Es, al mismo tiempo, un caso judicial en curso, una disputa de narrativas y una experiencia profundamente humana, donde conviven la presunción de inocencia, la gravedad de las acusaciones y la complejidad de un sistema que será, en última instancia, quien tenga la última palabra.
De acuerdo con medios paraguayos, el proceso judicial contra Yuruhan sigue su curso y tiene una instancia clave esta semana. El juicio oral y público fue fijado para el 15 de abril de 2026, donde el magistrado deberá responder por acusaciones de presunto acoso sexual y coacción grave denunciadas por una funcionaria del Poder Judicial.
Según la acusación fiscal, los hechos se remontan a octubre de 2022, cuando la denunciante —una trabajadora de limpieza del juzgado— afirmó haber sido forzada a un contacto físico no consentido dentro del despacho del juez. Esta versión está respaldada, según el Ministerio Público, por testimonios y evaluaciones psicológicas que consideran coherente el relato de la víctima.
En paralelo, antecedentes del caso muestran que el magistrado ya había sido objeto de medidas restrictivas, incluyendo prisión preventiva y arresto domiciliario, dentro de un proceso que se ha extendido por varios años y ha estado marcado por incidentes procesales, recusaciones y suspensiones.
Sin embargo, el eje que ha generado mayor controversia en los últimos días proviene de la propia defensa pública del juez. A través de una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia y difundida parcialmente en redes sociales, Yuruhan sostiene que es víctima de una “persecución inquisitorial” impulsada por el ministro César Garay Zucolillo, a quien acusa de manipular el proceso judicial en su contra.
En plataformas digitales y redes sociales, especialmente en publicaciones replicadas por cuentas locales, se observa la circulación de esta narrativa. En ellas, el magistrado afirma que existe una presión estructural sobre jueces y fiscales para obtener una sentencia condenatoria, lo que —según su versión— configuraría una grave vulneración a la independencia judicial.
Es importante subrayar que estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión del propio acusado, y hasta el momento no se encontraron pronunciamientos oficiales de la Corte Suprema de Justicia que confirmen la existencia de una investigación interna por persecución en este caso.
El contraste entre ambas dimensiones —la judicial y la mediática— expone un escenario complejo. Mientras el proceso penal avanza con base en una acusación formal del Ministerio Público, el juez intenta instalar públicamente una narrativa de victimización institucional, apelando incluso a organismos de derechos humanos y a la opinión pública.
Otro elemento relevante es que el caso ha tenido visibilidad en redes sociales, pero con escasa cobertura profunda en los principales medios tradicionales paraguayos en los últimos días, más allá de la confirmación del juicio. Esto sugiere que la discusión sobre una supuesta persecución aún no ha sido validada como línea informativa dominante en la prensa nacional.
El desarrollo del juicio oral será determinante para clarificar el caso. Allí se confrontarán pruebas, testimonios y argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa, en un proceso que podría tener implicancias no solo individuales, sino también institucionales para el sistema judicial paraguayo.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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