La Federación Agraria se presentó en la Justicia para defender la Ley de Agroquímicos

La filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) solicitó intervenir en el las causas iniciadas en la Justicia provincial por inconstitucionalidad de la Ley Nº 11.178 denominada de “Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios”, sancionada a fines de 2024. La organización ruralista se manifestó preocupada por los amparos presentados por los afectados por las fumigaciones con agrotóxicos. Tras un cónclave celebrado en Diamante, comunicó oficialmente que se presentó como “tercero interesado” para acompañar a los agricultores apuntados por prácticas que ponen en riesgo la salud y el ambiente de sus vecinos. En el mismo sentido ya se había manifestado la Bolsa de Cereales de Entre Ríos que, a principios de mes, se reunió con el ministro de Desarrollo Económico entrerriano, Guillermo Bernaudo. De ese encuentro surgió la novedad que la entidad solicito al Superior Tribunal de Justicia (STJ) ser tenido en cuenta como amicus curiae (amigo del tribunal), en caso se de ser convocado para pronunciarse sobre la tacha de ilegal de la norma que está en discusión.

La vocal de Cámara Segunda Sala II de Paraná, María Fernanda Miotti, tiene para resolver en su despacho dos expedientes que se unificaron en la demanda de inconstitucionalidad de la Leyde Agroquímicos Nº 11.178. Los dos casos que abordan esta solicitud corresponder a un caso de fumigación a los habitantes del loteo Tierra Alta de Colonia Ensayo y el otro es de una familia que presentó un amparo por el daño que un lindero le ocasiona cada vez que pulveriza y la deriva de pesticidas llega a su casa en Aldea Salto.

El caso de Tierra Alta tiene un antecedente y una denuncia anterior por el cual en marzo de 2024 se expidió el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, el máximo órgano judicial entrerriano estableció como medida cautelar límites a las aplicaciones con pesticidas en un radio de 1.095 metros si se utilizan vehículos terrestres y 3.000 mil metros para medios aéreos. Luego de esto vino la ley Nº 11.178 y también las aplicaciones linderas –en diciembre de 2025–, a una distancia dudosa y sin el previo aviso de 48 horas para que los pobladores puedan guarecerse en sus casas de la deriva venenosa.

En caso de Aldea Salto fue tomado en primera instancia por la vocal de Cámara en lo Contencioso Administrativa de Paraná, Adriana Beatriz Acevedo, quien, en noviembre de 2025, dio por acreditada la existencia de daño genético en la niña de 12 años que vive en el lugar. Por esta presentación la jueza también prohibió el uso de drones para este método de tratamiento agrícola. Entendió que los requisitos planteados en la nueva legislación para el uso de vehículos aéreos no tripulados no se encuentran en funcionamiento, por lo cual estos dispositivos son ilegales.

Constatación judicial por las fumigaciones en Tierra Alta, sin fotos ni videos

ESTADO DE SITUACIÓN

Así las cosas, convocados por la Filial Puiggari del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, dirigentes y actores del sector del departamento Diamante se reunieron para analizar la situación de los productores involucrados por amparos judiciales y pedidos de inconstitucionalidad vinculados a las distancias de aplicación de productos fitosanitarios en Colonia Ensayo y Aldea Salto.

Oficialmente se informó que del encuentro participaron el director de la entidad en Entre Ríos, Matías Martiarena; el presidente de la Filial Puiggari, Carlos Bender; el ex funcionario de Vialidad y asesor legislativo, Alfredo Bel, abogados y productores vinculados a la entidad que siguen de cerca las acciones judiciales.

Se informó que en la zona se registran tres amparos judiciales vinculados a esta problemática. En ese marco, se explicó que la Federación Agraria Argentina se presentó como “tercero interesado” en uno de ellos, de carácter colectivo, con el objetivo de acompañar a los productores envueltos en estos litigios.

Durante la reunión, los asesores legales detallaron el estado de situación de las causas y se generó un intercambio con los presentes sobre cómo se desarrollaron los hechos. El contexto, coincidieron, genera una profunda preocupación tanto en la zona como en el conjunto del sector productivo.

“La Filial Puiggari es la única entidad agropecuaria en el departamento Diamante. Estamos acompañando a los productores y vinimos con un equipo de abogados. La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que llevó años de trabajo y consenso entre todos los sectores, y que cuenta con respaldo científico. Queremos trabajar con tranquilidad”, expresó Carlos Bender.

En la misma línea, Martiarena destacó que la entidad se presentó como tercero interesado para acompañar a los productores afectados y se refirió a las gestiones que se vienen realizando. Además, remarcó la necesidad de retomar el proyecto de ley de ordenamiento territorial y defender la Ley Provincial de Fitosanitarios. “Es una norma que demandó mucho esfuerzo y existe una vocación unánime del sector por sostenerla”, señaló.

Finalmente, los presentes coincidieron en la importancia de garantizar seguridad jurídica en la provincia como condición clave para el normal desarrollo de la actividad productiva.

De la Redacción de ERA Verde