Causa penal por desvío de fondos sindicales muestra la necesidad de “normas de mayor claridad”

El diputado Gabriel Gurméndez presentó un proyecto de ley para que los sindicatos rindan cuentas sobre lo que recaudan y que los trabajadores decidan libremente si siguen aportando a la organización. La iniciativa propone el consentimiento anual del trabajador y la obligación de informar cuánto se recauda y cómo se gasta. El legislador dialogó con La Mañana y explicó que con esta propuesta busca promover la transparencia sindical y proteger la libertad del afiliado.

¿Cuál fue la motivación que lo llevó a presentar este proyecto?

El proyecto persigue dos objetivos que son bien importantes. Por un lado, la transparencia sindical, que es de alguna manera procurar el fortalecimiento de la confiabilidad y la credibilidad en las organizaciones sindicales, generando una obligación de rendir cuentas del correcto manejo de los fondos hacia los afiliados de los sindicatos. El salario es la contraparte más relevante del obrero como consecuencia de su trabajo. La retención de la cuota sindical para el genuino financiamiento de los sindicatos obliga a rendir cuentas de que ese aporte del trabajador va para el trabajo de las organizaciones sindicales y no se termina desviando hacia otras actividades o incluso para actividades prohibidas por la ley de financiamiento de los partidos como las campañas partidarias. Y, por otro lado, la defensa de la libertad del afiliado, estableciendo un mecanismo de requerir su consentimiento de que le retengan la cuota sindical una vez por año, de manera de poder ejercer con mayor flexibilidad su voluntad de contribuir a la actividad sindical. Creo que es una medida que a la larga fortalece una mayor confianza en el manejo de estas organizaciones.

¿Cómo se implementaría ese consentimiento? ¿Sería por modalidad digital o no está estipulado?

No, eso no está estipulado. Sí se establece que haya una expresa voluntad por escrito del trabajador a quien se le va a retener la cuota sindical.

¿Por qué se definió que fuera en forma anual? ¿Eso no puede terminar generando una mayor burocracia?

La afiliación es una expresión voluntaria del trabajador, y en la medida en que el trabajador esté conforme con el accionar de su sindicato y que le satisfagan los números que se le presentan, la vocación de afiliarse o no va a estar dada por la confianza y la credibilidad que se inspira por el manejo de esos números.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se expresó radicalmente en contra de esta iniciativa. ¿Cómo lo tomó?

Abdala expresó que esto era un desastre, que era antisindical y que los sindicatos eran autárquicos. Tenemos posiciones bien opuestas. Yo no entiendo su posición de defender la opacidad frente a la transparencia. No puedo creer que dentro de la autarquía y la autonomía no se quiera aprovechar esta oportunidad para mostrar esa vocación de rendir cuentas a los afiliados. Y lejos de ser antisindical, esto favorece la buena reputación de los sindicatos en la consideración de la opinión pública. La propia OIT recomienda expresamente esta obligación de rendir cuentas y transparencia de las cuotas sindicales. La postura de Abdala no termino de entenderla. ¿Qué hay para ocultar? ¿Por qué alguien no va a hacer algo tan elemental como es avenirse a una regla a la que estamos acostumbrados todos en todas las organizaciones? Porque eso lo hace desde un club de baile o fútbol hasta una empresa, incluso las propias cámaras empresariales y los partidos políticos en particular, dado que recientemente fue sancionada la ley de financiamiento de los partidos políticos para rendir cuentas y traer transparencia al financiamiento de las campañas. Me resulta difícil entender a alguien que se plante en una posición de tratar de defender la opacidad en el manejo de las cuentas.

¿Tuvo algún acercamiento con el Pit-Cnt antes de la presentación del proyecto para abordar el tema?

Siempre estoy dispuesto a conversarlo y hablarlo. La iniciativa legislativa va a ser considerada en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde podemos aportar nuevas ideas, enriquecer el proyecto y, obviamente, vamos a escuchar a las organizaciones sindicales sobre este tema, que va a ser seguramente muy valioso. Pero es importante para la sociedad cuando surgen temas como el que está ocurriendo en la justicia penal, que está investigando situaciones vinculadas al uso de fondos de origen sindical en actividades distintas a aquellas para las que están destinados, en este caso, un fondo de vivienda. Esto que afecta al Sunca y que está siendo objeto de una investigación criminal, hace que el tema esté en la consideración pública, y me parece que una medida como esta ayuda precisamente a subsanar incertidumbres. Siempre que uno establece normas de mayor claridad en el manejo de las cuentas, evita problemas en todas las organizaciones.

El proyecto también propone controles más importantes para los sindicatos de un porte elevado. ¿Cuál es el requerimiento en ese caso?

Lo que se propone es que aquellos sindicatos que tengan cierto porte, por ejemplo, más de mil afiliados, de una manera muy clara, muy sencilla, realicen sus balances financieros bajo la firma de un contador que haga una revisión limitada, que es un mínimo control de las cuentas, y que se establezca una declaración de que los fondos no están siendo utilizados en actividades en las que no deben ser usados.

¿Se prevén sanciones en caso de que no se cumpla con esa obligación?

Existe algún mecanismo mediante el cual, si se dieran esas circunstancias, podría suspenderse por un tiempo la aplicación de las retenciones de las cuotas, que son temas a conversar obviamente en el ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo. La idea es que esto no sea algo gravoso u oneroso para sindicatos más pequeños, pero que aquellos sindicatos más grandes, que tengan mil afiliados, o eventualmente manejen 800.000 Unidades Indexadas de ingresos, cuando rindan cuentas, estén obligados a que venga esa firma del contador con una revisión limitada, que es un procedimiento habitual para revisar las cuentas de una organización. Si el sindicato quiere ir a más, puede hacer una auditoría, que es un procedimiento de control más abarcativo, pero eso es una opción.

También se plantea la prohibición, como comentaba, del uso político-partidario de los fondos.

La ley de financiamiento de los partidos políticos establece la prohibición por parte de los partidos de recibir fondos de los sindicatos para las campañas. Entonces, aquí lo que se hace es ratificar una prohibición que ya existe legalmente y, de alguna manera, el contador tiene que revisar que los fondos no fueron a contribuciones partidarias en cumplimiento de la ley.

¿Ha tenido diálogo con representantes de otros partidos políticos para conversar de este tema?

Eso lo vamos a hacer en el ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo. Ha habido algunos políticos que se han expresado a favor. En el caso del general Manini Ríos, dijo que él había hecho alguna propuesta en la legislatura anterior que tenía que ver con este tipo de temas —en realidad los proyectos no son iguales, pero tienen algún área de coincidencia—, y se preguntó por qué no se había apoyado su planteo. Yo no puedo contestar esa pregunta porque no era legislador en ese momento.