Jeanine Áñez se autoproclamó gobernante de facto tras el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
El juicio por el caso «Golpe de Estado II» contra la exgobernante de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, se pospuso este jueves en La Paz luego de que, tras dos horas de iniciado los trámites, no lograra instalarse el tribunal debido a dificultades técnicas.
En ese sentido, el Tribunal Primero de Sentencia de Anticorrupción, a cargo de la llamada causa «Golpe de Estado II» suspendió el inicio del juicio en contra de Áñez, después de haberse producido los primeros compases en una sesión virtual.
Ante la imposibilidad de algunos de los comparecientes de conectarse de manera debida a la sesión virtual del juicio, incluyendo la ausencia de algunos de los testigos previstos, los jueces decidieron la suspensión de la vista oral, aunque no notificaron una fecha de reinicio para las sesiones.
Mientras tanto, en las afueras del tribunal, grupos de manifestantes a favor y en contra de la exgobernante de facto intercambiaron consignas y acusaciones.
En particular, destacaron las denuncias en relación con las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas bajo el régimen de facto que encabezó Áñez hasta 2020.
En este caso judicial, además de Áñez, también están imputados el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes del Ejército, Pastor Mendieta (Ejército); el excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea); y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas); el exinspector Jorge Elmer Fernández y el exjefe del Departamento de Operaciones, Sergio Carlos Orellana.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) verificó en un informe especializado que Áñez se autoproclamó como presidenta en una sesión legislativa sin quórum en noviembre de 2019.
De acuerdo a esa conclusión, ahora sostenida por la acusación, esa acción violó el artículo 169 de la sucesión presidencial establecido en la Constitución boliviana.
La Sentencia Constitucional 0052/2021 estableció de manera inapelable que la llamada «sucesión ipso facto» que se argumentó para justificar la autoproclamación de Áñez es inconstitucional.
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