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La política provincial discute cómo conseguir votos para financiar una multitrocha, mientras miles de familias necesitan ingresos que alcancen, trabajo y oportunidades. La distancia entre ambas agendas desnuda un problema de prioridades: una obra puede mejorar la circulación, pero el desarrollo exige que también mejore la vida de quienes deberán pagarla.
El ensanchamiento que necesita Jujuy empieza por el bolsillo. Por el salario que pierde capacidad de compra, por la caja del comercio que necesita vender y por el productor que busca sostener su actividad. Esa debería ser la urgencia que organice la agenda política. Sin embargo, la discusión sobre la Travesía Urbana terminó concentrada en los votos necesarios para autorizar su financiamiento. Hay una pregunta anterior que merece ocupar el recinto: ¿por qué comprometer recursos futuros en esta intervención antes de presentar un programa capaz de recuperar ingresos y empleo en toda la provincia?
El 27,6% de pobreza registrado en Jujuy–Palpalá durante el primer semestre de 2026 representa aproximadamente 101.000 personas cuyos ingresos no cubrieron la canasta básica total. El relevamiento no comprende toda la provincia, pero alcanza para dimensionar la responsabilidad de quienes deciden, ya que en Jujuy hay más de 300.000 pobres. Una necesidad social de esa magnitud exige mucho más que mencionarla en los discursos. Exige comparar inversiones (85 millones de dólares), identificar beneficiarios y explicar qué respuesta llegará primero a los hogares que siguen esperando una mejora concreta.
La distorsión política aparece cuando se conoce mejor la posición de cada bloque que el efecto económico de las alternativas disponibles. Quién acompaña, quién condiciona, quién conduce y quién consigue imponer su criterio: todo parece merecer más atención que el trabajo que falta generar. La Legislatura corre el riesgo de convertirse en una mesa de acuerdos entre dirigentes mientras la sociedad queda esperando afuera. Sus integrantes deberían explicar qué oportunidades tendrá cada territorio, qué necesidades se postergarán y cómo se distribuirán los beneficios y las obligaciones de la inversión.
Córdoba ofrece un contraste que merece estudiarse: aprobó una ley de promoción industrial con incentivos a la inversión, la innovación y el empleo. Sus resultados deberán evaluarse, pero la herramienta plantea una dirección productiva. Jujuy necesita discutir con igual intensidad cómo fortalecer empresas, modernizar talleres, incorporar proveedores locales y vincular capacitación con puestos de trabajo. La ambición de una gestión también se mide por las actividades que ayuda a nacer y por las familias que consiguen sostenerse con ellas.
La seguridad vial merece soluciones y presupuesto; invocarla no exime de demostrar cuál es la mejor alternativa. Hay que comparar etapas, costos, intervenciones urgentes y posibilidades de financiamiento nacional. También corresponde poner sobre la mesa un programa provincial de obras esenciales y recuperación productiva, con participación municipal y resultados verificables. El interior no puede aparecer únicamente cuando se necesita respaldo político: debe participar cuando se definen las inversiones. Agua, saneamiento, infraestructura para producir y herramientas para generar empleo merecen una discusión pública de prioridades.
Jujuy necesita recuperar el sentido de la política: escuchar, elegir y responder por las consecuencias. La multitrocha debe aceptar esa evaluación, incluso si obliga a reprogramarla o modificarla. Ningún proyecto debería adquirir una importancia superior a las necesidades que pretende resolver. Antes de pedirle a la sociedad que pague una ruta más ancha, la dirigencia debe explicar cómo conseguirá que el sueldo llegue más lejos. Porque una provincia avanza cuando sus habitantes también pueden avanzar.
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https://periconoticias.com.ar/jujuy-la-gente-quiere-que-se-ensanche-el-bolsillo-no-la-ruta-piden-pan-no-le-dan/
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