
Luego de varias semanas de idas y vueltas con los bloques aliados, el oficialismo consiguió finalmente dictaminar en el Senado el proyecto conocido como Súper RIGI, el régimen destinado a promover inversiones superiores a los mil millones de dólares y considerado una de las principales apuestas económicas del Gobierno.
Sucedió con el particular sistema que tiene el Senado, en el que las firmas pueden aparecer después de que la reunión de la comisión correspondiente concluye, a diferencia de la Cámara baja.
La iniciativa contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero había quedado empantanada desde septiembre por las objeciones planteadas por sectores de la Unión Cívica Radical, el Pro y Provincias Unidas, que reclamaban mayores garantías para la participación de proveedores nacionales y mecanismos de protección frente al avance de las importaciones.
Precisamente, la falta de acuerdo había impedido al oficialismo reunir las firmas necesarias en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión y Legislación General. En aquella instancia, legisladores aliados endurecieron sus exigencias e incluso dejaron al Gobierno sin las rúbricas suficientes para emitir despacho.
Entre los reclamos impulsados principalmente por el radicalismo y sectores aliados figuraba la obligación de privilegiar insumos nacionales aun cuando su precio resultara superior al de la oferta importada dentro de determinados márgenes. También exigían fortalecer los mecanismos de desarrollo de proveedores locales y endurecer las penalidades por incumplimiento.
Tras una negociación que se extendió durante más de dos meses, el Ejecutivo aceptó incorporar modificaciones al texto original y logró destrabar el expediente. Una de las principales novedades establece que, para cumplir con los compromisos de integración nacional, los bienes producidos en el país deberán ser considerados cuando su valor no supere en más de un 15% al de la oferta extranjera comparable.
Asimismo, se ratificó el objetivo de que los proyectos adheridos al régimen destinen un porcentaje significativo de sus compras a proveedores nacionales. Como complemento, las empresas locales que participen como abastecedoras podrán importar bienes de capital, equipamiento y maquinaria con arancel cero cuando estén destinados a ampliar o modernizar su capacidad productiva para atender las demandas de esos proyectos.
Otra de las modificaciones incorporadas contempla la participación de la Comisión Nacional de Comercio Exterior para evaluar la competitividad de los bienes importados y detectar eventuales situaciones de dumping o competencia desleal que puedan perjudicar a la producción local.
El acuerdo también incluyó un endurecimiento del régimen sancionatorio. De acuerdo con la nueva redacción, las multas por incumplimientos vinculados al compre nacional podrán incrementarse de manera considerable respecto de la versión aprobada originalmente por Diputados, buscando asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por las empresas beneficiarias.
En el Senado sostienen que los cambios apuntan a garantizar que las grandes inversiones generen un mayor derrame sobre la economía nacional, fortaleciendo cadenas de valor, mejorando la competitividad de las firmas argentinas y promoviendo una integración más profunda con el entramado productivo local.
Como consecuencia de las modificaciones incorporadas durante el tratamiento en la Cámara alta, el proyecto deberá regresar a Diputados para su revisión definitiva. Fuentes parlamentarias estiman que la iniciativa podría formar parte del temario de las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre, una vez que concluya la agenda de reforma electoral prevista para fines de noviembre.
https://www.parlamentario.com/2026/11/21/el-senado-destrabo-el-super-rigi-y-el-proyecto-debera-volver-a-diputados-con-modificaciones/
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