
El Gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. Sin embargo, para reunir los apoyos necesarios, el oficialismo debió introducir importantes modificaciones a su proyecto de reforma política, entre ellas la eliminación de las listas colectoras y el retiro de los cambios previstos en el sistema de financiamiento de los partidos políticos.
La Libertad Avanza obtuvo 11 firmas, cuando necesitaba al menos diez para conseguir el despacho de mayoría. El respaldo incluyó a seis senadores del oficialismo, tres radicales y dos legisladores peronistas disidentes. La intención es llevar la iniciativa al recinto el jueves 26 de noviembre, aunque todavía deberá superar la votación en el Senado y posteriormente el tratamiento en la Cámara de Diputados.
Una de las principales concesiones del Gobierno fue retirar el sistema de listas colectoras, que había incorporado al proyecto para facilitar acuerdos electorales con fuerzas provinciales. Ese mecanismo habría permitido que dos agrupaciones presentaran candidatos legislativos diferentes, pero compartieran una misma fórmula presidencial. De esa manera, un postulante a presidente podía recibir votos provenientes de distintas listas que compitieran entre sí por las bancas del Congreso.
La propuesta había generado fuertes resistencias entre sectores aliados, especialmente en el PRO. Ante el riesgo de perder los votos necesarios, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que el sistema de adhesiones quedaba fuera de la iniciativa. Así, se mantendrá el esquema de una lista por agrupación y el sistema proporcional D’Hondt para distribuir las bancas legislativas.
Otra modificación sustancial fue abandonar la intención de eliminar definitivamente las PASO. El texto que obtuvo dictamen establece únicamente su suspensión durante 2027, por lo que el mecanismo continuará formando parte de la legislación electoral y podría volver a utilizarse en elecciones posteriores. Para los próximos comicios nacionales, los partidos y las alianzas deberán definir sus candidaturas mediante los procedimientos establecidos en sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos electorales.
El oficialismo también debió resignar su propuesta de modificar el financiamiento de los partidos políticos. El proyecto original contemplaba elevar del 2% al 35% el límite permitido para los aportes privados individuales, eliminar los topes de gastos de campaña y modificar el reparto de fondos estatales. Sin embargo, estos cambios fueron retirados durante las negociaciones, por lo que se mantendría la legislación vigente. Se trata de otra de las concesiones importantes que debió realizar el Gobierno para conseguir los apoyos necesarios.
También hubo un retroceso parcial en materia de publicidad electoral. La iniciativa original contemplaba eliminar los espacios gratuitos de campaña en radio y televisión, pero el acuerdo alcanzado en el Senado mantiene esa obligación, aunque reducida a la mitad. Los servicios de comunicación audiovisual deberán ceder gratuitamente el 2,5% de su programación para publicidad electoral, frente al 5% establecido actualmente.
A cambio de esas concesiones, el oficialismo consiguió mantener otros aspectos relevantes de la reforma. Uno de ellos es la incorporación de Ficha Limpia, que impediría presentarse como candidatos a cargos nacionales a quienes tengan condenas por determinados delitos dolosos confirmadas en segunda instancia o instancia de revisión. Para que la inhabilitación tenga efecto en una elección, la sentencia deberá haber sido confirmada antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios.
La iniciativa también propone modificar el régimen de debates presidenciales. Actualmente, los candidatos están obligados a participar de debates antes de las elecciones generales y, cuando corresponde, de la segunda vuelta. Con el nuevo esquema, la Cámara Nacional Electoral organizaría un debate únicamente entre los dos candidatos que lleguen al balotaje, dentro de los diez días anteriores a la votación.
Otro cambio contempla que las provincias puedan incorporar sus categorías electorales a la Boleta Única de Papel utilizada en los comicios nacionales cuando decidan celebrar ambas elecciones de manera simultánea. La medida apunta a facilitar la organización de las elecciones en los distritos que opten por votar el mismo día.
También se modificó la propuesta sobre la elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. Según el esquema acordado, los 24 representantes correspondientes a los distritos provinciales serían designados por las legislaturas locales, mientras que los 19 del distrito nacional serían elegidos por el Congreso, con doce designaciones a cargo de Diputados y siete del Senado.
Las negociaciones estuvieron encabezadas por Bullrich en la Cámara alta y por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en las conversaciones con los sectores aliados y los gobernadores. Las diferencias sobre las colectoras, el financiamiento político y otros artículos obligaron a realizar sucesivos cuartos intermedios hasta alcanzar un texto que reuniera los respaldos suficientes.
De esta manera, el oficialismo logró avanzar con su principal objetivo electoral para 2027, pero a costa de resignar buena parte de las modificaciones que inicialmente pretendía incorporar. El dictamen representa un primer paso legislativo y no implica que la suspensión de las PASO ya esté aprobada: el proyecto todavía necesita convertirse en ley para modificar las reglas de las próximas elecciones presidenciales.
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