El paso del pontífice rompió ese libreto en las mismas capitales donde el recorte del gasto público achica el plato de comida de las familias trabajadoras.
Jean Flores Quintana. Politólogo. 16/11/2026. El recorrido del papa León XIV por Montevideo, Buenos Aires y Lima en este 2026 les quitó el argumento religioso a las derechas sudamericanas para defender el negocio de los grandes grupos económicos.
Durante más de un siglo, la patronal, los partidos conservadores y la cúpula más dura de la Iglesia usaron la cruz para justificar la desigualdad y cuidar sus ganancias. El paso del pontífice rompió ese libreto en las mismas capitales donde el recorte del gasto público achica el plato de comida de las familias trabajadoras.
En Buenos Aires, frente al gobierno de Javier Milei, el Papa planteó que la economía tiene que estar al servicio de las personas y exigió protección del Estado para los jubilados con pensiones de miseria, los cesantes, los trabajadores informales y las personas con discapacidad bajo la bandera de tierra, techo y trabajo. Al elegir el nombre de León XIV, el pontífice retomó el camino que León XIII abrió en mayo de 1891 con la encíclica Rerum Novarum. Aquel documento denunció los sueldos de hambre en las fábricas, condenó los abusos de los bancos y defendió el derecho de los trabajadores a formar sindicatos.
Ciento treinta y cinco años después, las derechas latinoamericanas quieren devolver al continente a las condiciones laborales del siglo XIX y eliminar las leyes que protegen el empleo y el descanso.
Para Milei, la justicia social constituye una aberración y un robo que el Estado comete cuando cobra impuestos. Esa idea copia palabra por palabra la receta que el economista Friedrich Hayek instaló en la Escuela Austríaca y que sus fanáticos usan para sostener que cualquier ayuda social destruye la libertad del mercado. En esa forma de ver el mundo, el alza del pan y del arriendo funciona como un ajuste normal donde el gobierno tiene prohibido intervenir, salvo para cuidar los negocios de las empresas y mandar a la policía a reprimir las protestas.
El negocio privado disfrazado de moral cristiana
La derecha chilena y sudamericana conoce de memoria esa mezcla entre negocios privados y religión conservadora. Jaime Guzmán la dejó amarrada en la Constitución de 1980, cuando unió el catolicismo tradicional con el modelo de los Chicago Boys para entregar las pensiones a las AFP, la salud a las Isapres y los recursos naturales a las grandes compañías bajo la regla del Estado subsidiario.
Hoy José Antonio Kast defiende esa misma herencia cuando entrega rebajas tributarias para los más ricos. En Brasil, Jair Bolsonaro aplicó el mismo esquema al entregar la selva amazónica y las tierras fiscales a los grandes dueños del campo en alianza con obispos conservadores y pastores que lucran con la fe.
Todos ellos tratan la propiedad privada como un privilegio intocable y borran el principio católico que enseña que los bienes de la tierra deben asegurar una vida digna para todas las familias.
En Montevideo y en Lima, León XIV apuntó directo al centro de ese modelo económico.
En Uruguay recordó que la legitimidad de un gobierno descansa en asegurar el bien común y permitir que los hogares vivan de su trabajo. En el Perú, donde el sacerdote Gustavo Gutiérrez escribió las bases de la Teología de la Liberación, el Papa criticó que la ciencia y la tecnología queden en manos de unos pocos privilegiados mientras crece la pobreza urbana y rural, y exigió priorizar a los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y los migrantes frente a la especulación bancaria.
Ante el reclamo de mejores sueldos y derechos, los sectores más ricos de América Latina han respondido siempre con limosna o con represión.
En el siglo XIX, los dueños de las haciendas atribuían la pobreza campesina a la voluntad divina y trataban cualquier huelga como un ataque al orden. Cuando el pueblo organizado rompió ese silencio y los curas comprometidos tomaron partido por los pobres en Medellín en 1968 y en Puebla en 1979, el poder económico respondió con dictaduras militares.
Bajo el pontificado de Juan Pablo II, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo usó la jefatura del Consejo Episcopal Latinoamericano para comandar en toda la región la persecución contra las comunidades de base.
En cada país, ese plan del Vaticano lo ejecutaron los obispos aliados de las dictaduras y gobiernos de derecha, como Eugenio de Araújo en Brasil, Adolfo Tortolo en Argentina, Pedro Aparicio en El Salvador, Jorge Medina con Pinochet y Juan Luis Cipriani con Fujimori. La operación unió el Documento de Santa Fe de Ronald Reagan en 1980, que atacó a la Teología de la Liberación para cuidar a las empresas estadounidenses, con la orden que firmó en 1984 el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, para prohibir que la Iglesia explicara la pobreza desde la desigualdad de clases.
Los curas que pusieron el cuerpo junto a los trabajadores
Contra esa Iglesia de los salones empresariales y los cuarteles se levantó en toda la región una fila de obispos y curas obreros que pagaron con su vida la defensa de los humildes.
En Colombia, el sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo demostró con cifras el acaparamiento de la tierra antes de caer en combate en febrero de 1966 junto a la guerrilla campesina. En México, el obispo Sergio Méndez Arceo apoyó las huelgas fabriles y recibió a los exiliados del sur, mientras en Brasil Hélder Câmara y Pedro Casaldáliga enfrentaron a los terratenientes. Ese mismo compromiso llevó a que la dictadura argentina asesinara al obispo Enrique Angelelli en La Rioja en 1976 y a que la oligarquía salvadoreña matara a monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980.
En Chile, el cardenal Raúl Silva Henríquez enfrentó a Pinochet con la creación del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad para salvar perseguidos y documentar las torturas. En las poblaciones y hospitales, los militares fusilaron a Joan Alsina en el puente Bulnes en septiembre de 1973, torturaron hasta la muerte a Miguel Woodward en el buque escuela Esmeralda e hicieron desaparecer a Antonio Llidó desde los centros de la DINA.
En la población La Victoria, Pierre Dubois se paraba con los brazos abiertos frente a las tanquetas y André Jarlan fue asesinado en septiembre de 1984 cuando una bala de Carabineros atravesó la madera de la casa parroquial mientras leía la Biblia.
El paso de León XIV en este cierre de 2026 recoge esa memoria y expone a las derechas del continente como simples defensoras del bolsillo de las grandes empresas. Con un Vaticano que condena los abusos de la banca y exige leyes para asegurar sueldo digno, vivienda y sindicatos fuertes, la disputa por la justicia social se juega donde dieron la vida Camilo Torres, Joan Alsina y André Jarlan, ahí donde los trabajadores pelean su liquidación de sueldo, la jornada laboral, el presupuesto de los consultorios y el control público de las riquezas de América Latina.
https://elsiglo.cl/el-llamado-de-leon-xiv-por-tierra-techo-y-trabajo-deja-sin-discurso-religioso-a-la-derecha-del-continente/
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