Milei relega a la Región Centro al fondo en el reparto para obras clave

La inversión en obra pública que diseñó el Gobierno de Javier Milei para 2027 dejará a Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe del lado de los perdedores, ubicándolas en el puesto 24, 23 y 20, respectivamente, entre las 24 jurisdicciones del país en fondos nacionales per cápita para nuevos proyectos e infraestructura.

Las cifras analizadas por el diputado nacional socialista -por Santa Fe- Pablo Farías y su equipo revelan que la administración libertaria prevé destinar monedas por habitante santafesino en gastos de capital, frente al promedio del país.

Desde el Partido Socialista consideraron que el reparto representa “una vergüenza” y señalaron: “Es difícil acompañar en esas condiciones”.

Por el contrario, los gobernadores optaron por mantener silencio y no se pronunciaron al respecto.

Detalle de las partidas asignadas

Según los números del proyecto del Ejecutivo, Santa Fe percibirá 66.110 millones de pesos, lo que implica apenas el 1,75% del gasto de capital nacional y el 3,84% de los recursos distribuidos entre las 24 jurisdicciones.

De esa suma asignada a la provincia vecina a Entre Ríos, más de la mitad, unos 35.465 millones de pesos, corresponde a transferencias, mientras que los 30.645 millones restantes serán ejecutados directamente por la Nación.

La ponderación exhibe una fuerte desigualdad respecto a otras zonas. Para ese período se prevén 136.340 pesos por porteño (con un global de 425.463 millones de pesos) y 64.099 pesos por cada tucumano, que reúne una partida de 109.172 millones de pesos.

El esquema generó malestar en los legisladores del PS debido a que Santa Fe concentra casi el 8% de la población de la Argentina, abarca cerca del 5% del territorio continental y tributa al fisco por encima de lo que percibe, por lo que consideran que el reparto no refleja su peso económico.

En cuanto al detalle de las obras, la mayoría de los recursos que la Nación ejecutará de manera directa se enfocarán en la conservación, el mantenimiento y el bacheo de trazas existentes.

El retroceso en materia de infraestructura arrastra antecedentes cercanos. El análisis del socialismo indicó que entre 2023 y 2025 el gasto de capital nacional destinado al territorio santafesino cayó un 81% en términos reales, pasando de 280.358 millones de pesos a 52.774 millones tras computar la inflación.

Pese a que la iniciativa contempla una recuperación cercana al 20% en comparación con los valores de 2024 y 2025, la pauta continuará lejos de revertir la pérdida registrada desde el cambio de gestión nacional.

Como contrapartida al financiamiento directo de obras, la Casa Rosada ofrece que las provincias asuman endeudamiento mediante avales de Nación.

En el presupuesto se prevén garantías de hasta 300 millones de dólares para obras generales, el acueducto biprovincial con Córdoba y las defensas contra inundaciones en San Javier.

Frente a esta alternativa, Farías cuestionó: “Es fácil hacer ajuste cuando vos estás trasladando costos y recortando transferencias a las provincias”.

Conflicto por la Caja previsional y subsidios

Las críticas opositoras abarcan también la Caja de Jubilaciones santafesina. El texto destina 503.326 millones de pesos para cubrir el déficit de los distritos que no cedieron sus regímenes previsionales, pero omite precisar los montos asignados individualmente.

Desde la fuerza santafesina advirtieron que esa indeterminación fomenta el manejo discrecional de la administración central para negociar apoyos parlamentarios.

A esto se suman los reclamos por el financiamiento a las universidades, los recursos para discapacidad y la brecha en los subsidios al transporte.

Respecto al transporte, Farías denunció una “discriminación absolutamente injusta y escandalosa”, al incrementarse las partidas para los colectivos del AMBA mientras el interior continúa sin Fondo Compensador y con aportes congelados.

Recta final de la negociación legislativa

En este escenario, La Libertad Avanza prosigue el diálogo con bancadas dialoguistas para sumar respaldos y apunta a dictaminar el martes 17 de noviembre para debatir en el recinto el miércoles 25.

Si bien hubo entendimientos con el PRO para extender hasta 2032 la promoción autopartista, persisten demandas provinciales planteadas por interlocutores como Gisela Scaglia de Provincias Unidas, cuyo acompañamiento final aún no se encuentra asegurado.

Fuente: Letra P.-