El III Congreso Nacional de Fiscalías Ambientales comenzó este jueves en el Gran Hotel Provincial con una amplia participación federal y una agenda centrada en la protección del ambiente.
El encuentro lo organizan el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA).
Unos 300 inscriptos de 20 provincias
La convocatoria reúne a cerca de 300 participantes, con representantes de 20 de las 24 provincias argentinas. También asisten invitados especiales de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil, además del fiscal general de Perú.
La apertura estuvo a cargo de Jorge Barraguirre, presidente de la RAFA, Julio Conte Grand, procurador general de la Suprema Corte bonaerense, y Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia.
Durante la primera jornada, por la mañana, se realizó un diagnóstico federal y se expusieron herramientas de intervención en materia ambiental.
Un mapa federal de delitos ambientales
Uno de los ejes fue la presentación de un mapa federal de delitos ambientales. Describe las problemáticas más frecuentes de cada región y las posibles formas de abordarlas.
Conte Grand explicó al medio local LA CAPITAL que se empieza a construir un mapa de situaciones críticas y conflictivas a partir de cuatro grandes regiones. Según indicó, esa construcción regional busca generar lazos de unidad en todo el país y facilitar la articulación entre profesionales especializados.
Los temas prioritarios por región fueron:
- Cuyo: minería, agua y pasivos ambientales.
- Norte (NOA-NEA): deforestación, biodiversidad y conflictividad ambiental.
- Centro–Pampeana–Metropolitana: agroquímicos, cuencas, residuos y judicialización de conflictos.
- Patagonia: biodiversidad, recursos naturales y tutela ambiental.
Tecnología, instituciones y cuidado de la naturaleza
El procurador vinculó los desafíos ambientales con los cambios tecnológicos y la necesidad de fortalecer las instituciones. Planteó la idea de una “sexta revolución industrial”, entendida como una construcción colectiva para rehumanizar los sistemas y los procesos.
En ese marco, sostuvo que los avances tecnológicos deben estar al servicio de las personas y del ambiente. Mencionó la inteligencia artificial, la superinteligencia y la computación cuántica como herramientas que deben colaborar con la protección ambiental, no ir en su contra.
También reflexionó sobre el vínculo entre las personas y la naturaleza. Afirmó que esta nos interpela a cuidar el espacio en el que vivimos, que es nuestra casa y parte de la ecología humana.
Nuevas respuestas desde la Justicia
Respecto del abordaje judicial, Conte Grand señaló que existen situaciones nuevas que exigen respuestas nuevas. En el Ministerio Público, eso implica mejorar la capacitación y la actividad, y articular el trabajo conjunto.
Concluyó que toda la labor debe orientarse a la protección del ambiente y, sobre todo, a su protección anticipada.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
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