Oviedo dice que se investiga nexos de Mariaca y Saucedo con la Magistratura; su Sala Plena entra en contradicciones

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este lunes que se investiga presuntos nexos con el Consejo de la Magistratura del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ambos apuntados de formar parte de una organización criminal dentro del Estado.

Entrevistado por Unitel, Oviedo afirmó que la estructura “criminal” habría extendido sus conexiones a distintas instancias del sistema judicial, incluidos juzgados, fiscalías y el organismo encargado de la administración y el control disciplinario de jueces.

“Esta es una red que tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces y fiscales, incluso con la Magistratura. Estamos investigando eso. Por eso, reiteradas veces, estemos atentos a lo que van haciendo jueces y fiscales”, afirmó Oviedo.

Mariaca cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca de Potosí, mientras que Saucedo se declaró en el autoxilio. Ambos son acusados por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Entretanto, este lunes la Sala Plena del Consejo de la Magistratura entró en contradicciones respecto a un presunto alquilado de un departamento que el asesor de la presidencia de esa instancia habría hecho al exfiscal Mariaca.

Y es que, primero, el Consejo de la Magistratura difundió, a través de sus cuentas en las redes sociales, un comunicado para negar la información sobre el supuesto alquiler de un departamento al exfiscal general, Roger Mariaca, por parte de un asesor del presidente de la institución, Carlos Spencer.

“Se precisa que ningún asesor de la presidencia del Consejo de la Magistratura ha efectuado el alquiler que se le atribuye a una publicación, por lo que corresponde rechazar la difusión de afirmaciones carentes de sustento que puedan generar confusión en la opinión pública y afectar la imagen institucional”, señala el comunicado en cuestión.

Empero, poco después las cuentas del Consejo de la Magistratura emitió un segundo comunicado que niega el anterior.

En el segundo documento, el decano y la consejera del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista y Gabriela Araoz, marcaron distancia del primer comunicado y precisaron que este no fue sometido a consulta, deliberación ni aprobación. Por tanto, señalaron que su contenido no representa una determinación institucional de la Sala Plena ni expresa su posición sobre los hechos.

Asimismo, ambos consejeros cuestionaron que se emitan afirmaciones categóricas sobre hechos que podrían estar sujetos a una investigación penal.

“Corresponde al Ministerio Público, con la participación de la Policía Boliviana, esclarecer las circunstancias denunciadas, verificar los posibles vínculos de autoridades, asesores, funcionarios o particulares y determinar, cuando corresponda, las eventuales responsabilidades individuales”, señala el documento, según reportó Correo del Sur.

Asimismo, las autoridades aclararon que no autorizaron ni respaldan ningún pronunciamiento que pueda interpretarse como una exoneración anticipada de responsabilidades o una protección institucional a favor de algún funcionario, independientemente del cargo que ocupe.

En ese sentido, sostuvieron que el Consejo de la Magistratura no debe reemplazar el trabajo de las instancias investigativas ni adelantar conclusiones sobre situaciones que todavía no fueron esclarecidas.