Peña direccionó G. 3,6 billones y US$ 233 millones de recursos estatales y previsionales a Ueno Bank

La Fiscalía atribuye al expresidente Santiago Peña la presunta utilización de su posición de poder para direccionar más de G. 3,6 billones y USD 233 millones de recursos estatales y previsionales hacia la entidad bancaria. La investigación también apunta a posibles conflictos de intereses, operaciones financieras personales y presiones sobre el IPS.

El Ministerio Público formuló imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La acusación fiscal se centra en un presunto esquema de direccionamiento de millonarios recursos públicos y fondos previsionales hacia Ueno Bank S.A., entidad con la que el exmandatario habría mantenido importantes vínculos económicos.

De acuerdo con el Acta de Imputación N.º 7, correspondiente a la Causa Penal N.º 92/2026, la investigación abarca el período comprendido entre agosto de 2023 y noviembre de 2026, durante el cual se habría producido una concentración extraordinaria de depósitos provenientes de instituciones estatales. Entre las entidades involucradas figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Según los datos expuestos por los fiscales, los fondos depositados en Ueno Bank alcanzaban, a septiembre de 2026, la suma de G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495. La hipótesis del Ministerio Público apunta a que estos recursos habrían sido canalizados hacia la entidad financiera mediante decisiones adoptadas bajo la administración de Peña, en un contexto de presuntos intereses económicos personales del entonces jefe de Estado.

Uno de los principales elementos de la investigación guarda relación con la participación accionaria del expresidente en UENO Holding S.A.E.C.A. Al asumir la Presidencia, Peña había declarado poseer 6.144 acciones de la firma, valuadas en G. 6.144 millones, además de un certificado de depósito de ahorro en Ueno por G. 2.400 millones y un bono de la vinculada ITTI S.A.E.C.A. por G. 350 millones.

La Fiscalía sostiene que el exmandatario mantuvo estas inversiones durante casi dos años de su gestión, situación que habría generado un importante conflicto de intereses entre sus obligaciones como presidente y sus negocios particulares.