Paraguay — Carvallo ignoró alertas técnicas sobre déficit de solvencia de Ueno y ocultó información al Senado

El ex titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, habría ignorado alertas técnicas sobre el déficit de solvencia de la entidad financiera, convalidado operaciones presuntamente irregulares y ocultando información al Congreso. Esto se deprende de la imputación que presentó la Fiscalía en su contra en el caso Ueno Bank.

Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien renunció a la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP) el 3 de noviembre de 2026, fue imputado por el Ministerio Público por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

De acuerdo con el acta de imputación, el ex titular de la banca matriz habría desempeñado un papel determinante en la protección de Ueno Bank, incluso cuando informes técnicos de la Superintendencia de Bancos advertían sobre una delicada situación financiera de la entidad. La hipótesis fiscal apunta a que Carvallo habría utilizado su posición como máxima autoridad monetaria para favorecer al banco, con el que mantenía vínculos previos.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el antecedente de su relación con la entidad financiera. Hasta un día antes de la asunción presidencial de Santiago Peña, en 2023, Carvallo se desempeñaba como presidente de Financiera Ueno. Posteriormente, al asumir la conducción del BCP, habría intervenido en decisiones regulatorias vinculadas a la misma institución sin apartarse de ellas, pese a las restricciones legales aplicables a este tipo de conflictos de intereses.

Entre las actuaciones cuestionadas figuran la autorización para transformar Financiera Ueno en banco y la aprobación de su fusión por absorción con Visión Banco. Según la Fiscalía, estas operaciones habrían otorgado ventajas extraordinarias a la entidad, entre ellas la posibilidad de diferir previsiones financieras por un período de 20 años, un beneficio que habría contribuido a mejorar artificialmente sus indicadores.

Sin embargo, las sospechas más graves se concentran en el presunto ocultamiento de las alertas de insolvencia. Durante 2026, la Superintendencia de Bancos habría emitido varios informes sobre excesos en los créditos concedidos por Ueno Bank a empresas pertenecientes a su propio grupo económico, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Estas operaciones representaban aproximadamente el 30% del patrimonio de la entidad, según los datos citados en el acta fiscal.

Pese a las advertencias técnicas y a los memorandos internos que señalaban un déficit de solvencia, Carvallo habría omitido impulsar las medidas correctivas necesarias. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario ignoró los informes de los órganos técnicos encargados de supervisar la estabilidad del sistema financiero, permitiendo que las irregularidades persistieran.

Otro de los hechos investigados es una presunta simulación de venta de cartera morosa por más de USD 74 millones a la firma Vinanzas S.A. La operación habría sido presentada como una solución para corregir los excesos crediticios de Ueno Bank. No obstante, los investigadores sostienen que la adquisición de esa cartera fue financiada con recursos proporcionados por el propio banco, lo que configuraría una operación prohibida.

Según la hipótesis del Ministerio Público, Carvallo habría convalidado esta maniobra sin ordenar un plan de regularización que permitiera corregir las deficiencias financieras de la entidad.

Falsedades ante el Senado y negocios familiares

Uno de los episodios más comprometidos para el ex titular del BCP se produjo el 7 de octubre de 2026, cuando firmó la Nota BCP/P N.º 016, dirigida a la Cámara de Senadores. En el documento, Carvallo habría afirmado que los excesos en los límites crediticios de Ueno Bank ya habían sido “subsanados”, pese a que, según la investigación fiscal, persistían las irregularidades y existían reportes técnicos que advertían sobre la situación de la entidad.

La Fiscalía sostiene que el exfuncionario ocultó deliberadamente la existencia de estos informes, proporcionando al Congreso una versión que no reflejaba la realidad financiera del banco. Este hecho constituye uno de los fundamentos de la imputación por presunta producción de documentos públicos de contenido falso.

A las sospechas sobre su actuación institucional se suman posibles conflictos de intereses de carácter familiar. Según los datos incorporados a la investigación, María Silvia Vázquez de Carvallo, esposa del ex presidente del BCP, habría facturado G. 165 millones al Grupo Vázquez, sociedad matriz vinculada a Ueno Bank, por supuestas consultorías económico-financieras.

La coincidencia entre los negocios familiares, los vínculos previos de Carvallo con la entidad bancaria y las decisiones regulatorias adoptadas durante su gestión constituye otro de los puntos que deberá esclarecer el Ministerio Público.