La judicialización de la educación: un problema de todos

Es lunes y la rectora de un colegio abre un correo distinto de los demás. Lo firma la abogada de una familia, en un lenguaje cargado de normas que remata con la advertencia, que, si el colegio no revoca la sanción impuesta al estudiante, iniciará actuaciones contra el establecimiento y contra la propia rectora. Ella lo deja todo para atender el asunto.

Esta escena es cada vez más usual en los colegios. Quienes acompañamos jurídicamente a las instituciones educativas lo vemos de cerca, y las directivas escolares reportan que la actividad litigiosa ha aumentado notablemente en la última década. Las familias pueden acudir a las autoridades, y a veces deben hacerlo. Sin embargo, cuando lo que puede resolverse en una conversación se lleva al litigio, se configura lo que algunos expertos llaman la judicialización de la educación.

La judicialización de la educación

Este fenómeno no se concreta solo en tutelas, quejas o demandas, sino también en comunicaciones en las que una familia anuncia que acudirá a las autoridades si no se adopta o revoca una decisión. Esa heterogeneidad dificulta medirlo, pero cada vez más personas del sector lo ven como uno de sus principales desafíos.

Son múltiples las causas que lo pueden originar. No obstante, en la práctica encontramos situaciones relacionadas con el ejercicio de los deberes de cuidado, que comprenden la ocurrencia de agresiones, acoso escolar, violencia, uso irregular de datos personales, accidentes, atención de situaciones de salud, adaptaciones para estudiantes en condición de discapacidad, manejo del transporte escolar, entre otras. También está el ejercicio de la potestad disciplinaria, donde la discusión se desplaza con frecuencia de los hechos al procedimiento, y al colegio se le exigen las formalidades de un juzgado. Por otro lado, encontramos las decisiones académicas, como la no promoción de un estudiante.

El impacto de este fenómeno

La gestión escolar se paraliza, porque los educadores son educadores y no están preparados para estas reclamaciones. Hay costos en tiempo que se le resta a la tarea de educar y en defensa legal. También, hay afectaciones reputacionales, pues muchos conflictos se ventilan en redes sociales sin criterio ni control, algo delicado en un sector afectado por la caída de la natalidad. Por otro lado, se desincentiva la docencia y, sobre todo, la dirección escolar. Cada vez más docentes actúan desde el temor y no desde el deber ser. Como escribió en este mismo medio Marcela Junguito, “si no se actúa se es negligente y si se actúa se corre el riesgo de terminar en procesos legales”.

Quienes pagan ese costo son la comunidad educativa y la sociedad. Los estudiantes que ven aplazadas decisiones que les beneficiarían, los que sufren alguna situación mientras el colegio actúa, y los que las originan, que aprenden que los problemas se resuelven en un juzgado.

Las posibles causas

La primera causa es el aumento general de la litigiosidad en Colombia. Pasamos de 57.809 tutelas entre 1992 y 1994 a 923.397 solo en 2025, la cifra más alta de la historia, que es, dieciséis veces la de los primeros tres años sumados y más de un 50% frente al promedio registrado entre 2016 a 2022. Somos una sociedad que acude cada vez más a los jueces, y la escuela no es ajena a ello.

También hay razones jurídicas. La Constitución de 1991 y la tutela abrieron una primera ola de reclamos que llevó a la escuela, y la Corte Constitucional elevó la protección de los estudiantes. Luego vino una segunda ola, con las normas sobre convivencia escolar, datos personales e inclusión, cuyos protocolos se verifican más como una lista de chequeo que como auténticas herramientas de protección.

Otra causa es el cambio en la relación entre las familias y el colegio. Lo que antes se basaba en la confianza y en cierta deferencia hacia la autoridad pedagógica se parece hoy a una relación contractual, regida por la vieja máxima de que “el cliente siempre tiene la razón”. Los juicios pedagógicos del colegio ya no se presumen correctos. Esto no solo ocurre en la educación privada; en la oficial se recuerda además a los educadores que son servidores públicos.

Algunos rectores señalan también una causa demográfica, según la cual, con menos hijos y más recursos emocionales y económicos invertidos en cada uno, una sanción, una no promoción se vive con más intensidad. A ello se suman aceleradores, como la facilidad de acceso a las autoridades, abogados al alcance de casi todos y una inteligencia artificial que produce en segundos documentos con apariencia jurídica.

Recuperar la confianza es una tarea de todos

Si el problema es de todos, la respuesta también debe serlo, y su punto de partida es recuperar la confianza entre la familia y el colegio. En Trust in Schools, Anthony Bryk y Barbara Schneider mostraron que la confianza entre docentes, directivos y familias es una condición para que las escuelas mejoren. Los estudios sobre acoso escolar indican que los programas más efectivos involucran a los padres. Esa confianza se construye, y cada actor tiene un papel.

Los colegios deben fortalecer sus procesos para prevenir los conflictos y afrontarlos sin temor. Las familias deben acudir primero al colegio a través de los canales institucionales, con un tono respetuoso, sin renunciar a las autoridades cuando sea necesario. Las familias no involucradas deben respaldar esos canales, abstenerse de difundir información reservada o de juzgar sin conocer los hechos, y advertir a otros padres que hacerlo daña al colegio y a sus propios hijos. Las autoridades de inspección y vigilancia deben acompañar a los colegios para que fortalezcan sus capacidades. Los jueces deben comprender la realidad escolar y dar órdenes que fortalezcan a los colegios y ayuden a restablecer la confianza. Finalmente, la sociedad civil debe poner en la agenda pública la alianza familia-colegio.

Trabajar de manera articulada no solo beneficiará el proceso educativo, sino la manera misma en que tramitamos nuestras diferencias como sociedad.