La falta de política pública ahoga a la cultura en Fonseca 

Artículo escrito por Dalis Bolívar, columnista invitada

En Fonseca, al sur de La Guajira, los gestores culturales enseñan vallenato, preservan las danzas tradicionales y mantienen viva la memoria de los juglares con recursos propios. Mientras los festivales llenan las plazas, las escuelas, los espacios de memoria y los procesos comunitarios siguen esperando un respaldo que les permita continuar. De qué sirve celebrar durante cuatro días la riqueza cultural de un municipio si durante los otros 361 días quienes la mantienen viva tienen que resolver solos cómo seguir enseñándola. Fonseca no necesita solamente festivales que exhiban su patrimonio; necesita una política pública cultural que permita a quienes lo preservan seguir trabajando durante todo el año.

Con esta pregunta no se busca incomodar a los administradores públicos municipales. Fonseca no necesita solamente festivales que exhiban su patrimonio; necesita una política pública cultural que permita a quienes lo preservan seguir trabajando durante todo el año.

Fonseca es una tierra reconocida por sus juglares, sus tradiciones musicales y sus expresiones dancísticas. Aquí nacieron referentes del vallenato tradicional como Luis Enrique Martínez, “El Pollo Vallenato”, Carlos Huertas, “El cantor de Fonseca”, y Bienvenido Martínez, el que compuso “Berta Caldera”, entre otros. También sobreviven manifestaciones autóctonas como el baile de la colita abierta y la colita cerrá, junto con los saberes gastronómicos y las expresiones culturales del pueblo wayuu.

Pero conservar ese patrimonio no depende únicamente de recordar a sus representantes o de celebrar festivales en su honor. Depende de que existan espacios y recursos para transmitirlo a las nuevas generaciones.

En Fonseca, esa tarea recae, en buena medida, sobre artistas, gestores, fundaciones y colectivos independientes que sostienen procesos de formación con sus propios recursos. Son ellos quienes abren espacios para que niños, jóvenes y adultos aprendan a tocar un acordeón, interpretar una canción, una danza tradicional o reconocer el valor de una memoria que también les pertenece. Su trabajo ocurre durante todo el año, aunque no siempre tengan escenarios, reflectores ni presupuesto.

Los que enseñan sin saber si podrán continuar

La experiencia de la fundación Luis Enrique Martínez “El Pollo Vallenato” muestra lo que está en juego. Desde su trabajo de formación musical, ha contribuido a que niños y jóvenes se acerquen al vallenato tradicional y aprendan a reconocer sus raíces. Según explican, su proceso ha impactado a más de 50 familias de las zonas urbana y rural de Fonseca, y existe el interés de la comunidad, pero faltan recursos para sostener la formación.

No se trata solamente de enseñar a tocar un instrumento. Cada clase permite que un niño se acerque a un legado, a una manera de interpretar el acordeón y a una tradición que no puede aprenderse únicamente escuchando canciones en una plataforma digital. Cuando estos espacios funcionan, el conocimiento pasa de una generación a otra y la identidad deja de ser un discurso pronunciado durante los actos oficiales para convertirse en una experiencia cotidiana.

Algo semejante ocurre con Delmer Pérez Campuzano, presidente de la Fundación Cultural Higuitos y Cayenas La Guajira, quien lleva más de 20 años trabajando con niños y jóvenes a través de la danza. Su propósito es que aprendan, reconozcan sus raíces y encuentren en el arte un espacio para desarrollar sus capacidades.

Cuenta Pérez: «En el 95 % de mis proyectos me he encontrado con puertas cerradas. Muchas veces he tenido que financiar con mi propio sueldo para que los jóvenes no pierdan sus espacios de formación».

Su testimonio expone una contradicción: mientras las instituciones públicas reconocen el valor de la cultura, quienes la enseñan deben poner de su bolsillo para evitar que sus alumnos pierdan las clases. El entusiasmo de un gestor puede abrir una escuela, organizar un ensayo o llevar un grupo a un escenario. No debería ser la condición que determine si ese proceso sobrevive.

Las experiencias de Carmen Lucina, David Hernández Martínez y organizaciones como Mi Afroherencia y Cultura, Kai Kashi, la Fundación Luis Enrique Martínez «El Pollo Vallenato» y la academia Educar Baila también muestran que existe una red de personas dispuestas a preservar el patrimonio local. David Hernández, de 76 años y con más de cinco décadas de trayectoria, ha trabajado en murales, festivales, museos y procesos de enseñanza artística en escuelas rurales y barrios periféricos.

No son esfuerzos aislados ni simples pasatiempos. Son iniciativas que conectan generaciones, construyen vínculos comunitarios y mantienen abiertos espacios de aprendizaje en un territorio donde las oportunidades culturales no siempre están al alcance de todos.

Sin embargo, durante las celebraciones oficiales aparece otra contradicción. En el desfile inaugural del Festival del Retorno se ven danzas tradicionales, expresiones wayuu, cumbiambas y grupos de danza de distintos municipios de La Guajira. Buena parte de esa diversidad se hace posible gracias al trabajo previo de organizaciones independientes. Pero, según denuncian gestores culturales locales, la organización del festival convoca a estos grupos para engalanar el desfile y después no les da un espacio equivalente en la tarima Tierra de Cantores, donde la programación privilegia a las agrupaciones contratadas.

La cultura no puede reducirse al papel de comparsa, decoración o apertura protocolaria. Quienes forman a los bailarines, enseñan y preservan las expresiones tradicionales también son creadores. Merecen reconocimiento, condiciones dignas y oportunidades de participar en los escenarios donde se representa la identidad del municipio.

Un presupuesto no es lo mismo que una política cultural

El debate no puede quedarse en la falta de dinero. También se debe examinar cómo se distribuyen los recursos, qué resultados producen y quiénes se benefician de ellos.

En la información presupuestal municipal de 2025 publicada por la Alcaldía de Fonseca aparece una apropiación de $273 millones para la promoción y el acceso efectivo a procesos y programas culturales y artísticos. La cifra demuestra que existe una asignación presupuestal para ese propósito, pero no permite concluir, por sí sola, cuánto recibió cada organización, cuánto se destinó a procesos de formación continua o qué proporción terminó financiando eventos específicos.

Hace falta espacios adecuados

Fonseca carece de una Casa de la Cultura en funcionamiento, según el panorama descrito por sus gestores, y el Museo Nacional del Vallenato permanece cerrado después de su desalojo por deudas de arrendamiento acumuladas desde 2023, de acuerdo con la información aportada por David Hernández. Esta situación exige una respuesta institucional: los espacios de memoria no se sostienen solamente con el prestigio de los nombres que representan. La Constitución de 1991, en sus artículos 70 y 71, establece el deber del Estado de promover el acceso a la cultura y fomentar la expresión artística. La Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, reconoce que la cultura comprende no solo las artes, sino también las formas de vida, los valores, las tradiciones y las creencias que constituyen la identidad colectiva. No se trata, entonces, de una actividad secundaria que las administraciones puedan atender únicamente si sobra presupuesto. Es una responsabilidad pública.

La administración municipal tiene que explicar qué está haciendo para cumplirla y también debe reconocer que apoyar la cultura no significa contratar una agrupación para una noche o entregar una ayuda ocasional a una institución educativa. Significa construir condiciones para que los procesos continúen, los formadores reciban una remuneración, los espacios permanezcan abiertos y los niños puedan volver a clases de forma permanente.

La incertidumbre nacional también llega a los territorios

El problema adquiere mayor urgencia el 15 de septiembre de 2026, cuando el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes informó que, a corte de agosto, tenía obligaciones pendientes de pago por $185.482 millones asociadas a su Plan Anual Mensualizado de Caja. De ese monto, $75.436 millones correspondían a los portafolios de Estímulos y Concertación Cultural, y también señaló que la situación afectaba a 4.162 beneficiarios de distintas convocatorias públicas.

Dos semanas después, el 30 de septiembre, el Ministerio anunció que la nueva edición del Programa Nacional de Concertación Cultural se proyectaba para el primer bimestre de 2027, en lugar del periodo inicialmente previsto en 2026. La entidad explicó que debía priorizar pagos pendientes y ajustar la planeación para evitar nuevos compromisos sin respaldo presupuestal suficiente; aclaró que el programa continúa y que lo que cambia es su calendario.

Para las organizaciones pequeñas, estos anuncios no son un asunto administrativo distante. Una convocatoria aplazada puede significar meses de incertidumbre para un proyecto de formación, dificultades para organizar el calendario de clases o la imposibilidad de comprometer recursos que una fundación no tiene. Cuando los colectivos dependen de convocatorias públicas para complementar sus ingresos, los retrasos terminan trasladando el riesgo financiero a quienes menos capacidad tienen para asumirlo.

En un año de discusión sobre las prioridades presupuestales del país y el rumbo de la política cultural, esta coyuntura obliga a preguntar qué lugar ocupan los procesos comunitarios en las decisiones del gobierno nacional. No basta con anunciar programas, publicar convocatorias o reconocer el trabajo de los gestores: los recursos deben tener respaldo, los compromisos deben cumplirse y los mecanismos de financiación necesitan reglas claras.

Tampoco es riguroso atribuir todos los problemas de Fonseca al Ministerio. La falta de espacios culturales, la continuidad de los procesos y la participación de los colectivos en la programación municipal son asuntos que requieren decisiones locales, independientemente de los cambios en el calendario nacional.

La estrechez presupuestal nacional no puede convertirse en una explicación automática para aplazar indefinidamente las responsabilidades municipales.

La discusión de fondo es qué entiende cada nivel de gobierno por inversión cultural. Si se mide principalmente por el número de festivales, artistas contratados o asistentes a un evento, quedarán invisibles las horas de ensayo, los años de enseñanza, la conservación de archivos y los esfuerzos de las organizaciones que forman a quienes mañana representarán al municipio.

La cultura también construye futuro

Desde Bogotá, La Guajira suele aparecer en las noticias por la minería, la desnutrición, las dificultades sociales o sus atractivos turísticos. Son realidades importantes, pero no cuentan toda la historia de sus comunidades. En municipios como Fonseca también hay personas que construyen futuro a través de la música, la danza, la memoria y los saberes ancestrales.

La formación artística no elimina por sí sola la violencia ni reemplaza las obligaciones del Estado en educación, empleo y protección social. Pero puede ofrecer a niños y jóvenes espacios de participación, vínculos con sus comunidades, disciplina, reconocimiento y oportunidades para desarrollar sus talentos, también puede fortalecer la economía local cuando existen condiciones para que artistas, formadores y organizaciones trabajen de manera digna y sostenible.

En El Hatico, enseñar vallenato tradicional es mucho más que formar músicos: es mantener viva una relación con los juglares y con una historia que identifica al territorio. En las escuelas de danza, transmitir la colita abierta y la colita cerrada es impedir que esas expresiones queden reducidas a una fotografía de festival. Es en los procesos que reivindican la cultura y los saberes donde el conocimiento comunitario encuentra una oportunidad para circular sin perder su significado.

Por eso, proteger el patrimonio de Fonseca también significa proteger una parte de la diversidad cultural de Colombia. Pero esa protección requiere más que discursos de homenaje. Necesita presupuestos transparentes, infraestructura adecuada, programas de formación sostenidos, participación real de los gestores en las decisiones públicas y mecanismos que permitan que los recursos lleguen oportunamente a las comunidades.

La pregunta final no es si Fonseca tiene cultura. La tiene, y sus comunidades lo demuestran todos los días.

Los gestores de Fonseca ya están haciendo su parte. Lo demuestran los niños que aprenden a tocar, los jóvenes que ensayan una danza, las familias que acompañan los procesos y las personas mayores que siguen compartiendo sus conocimientos. No necesitan que las instituciones inventen una vida cultural que ya existe; necesitan que dejen de tratarla como una responsabilidad exclusivamente comunitaria.

Lo más triste es que no se sabe cuánto tiempo más la podrá sostener una red de artistas y gestores que trabajan sin garantías. La tradición no desaparece de un día para otro, pero empieza a perderse cuando no hay quien enseñe, cuando un espacio de memoria cierra o cuando un joven abandona las clases por falta de recursos. Para entonces, quizá las plazas sigan llenas durante los festivales, pero la cultura que se celebra ya se habrá quedado sin futuro.

La cultura que no aparece en la tarima también merece presupuesto, espacios y garantías para seguir existiendo.

Dalis Bolívar Torres

Socia fundadora de la fundación Luis Enrique Martínez “el pollo vallenato”, me desempeño en el área cultural enseñando en nuestro territorio por medio de procesos formativos de música tradicional vallenata, cuya misión es ofrecer y garantizar educación musical cultural y social de forma gratuita a niñas niños jóvenes adultos y personas con alguna discapacidad como herramienta sólida de reconocimiento y
valoración de sus talentos.  También construimos La Casa Memoria Histórica y Patrimonial Luis Enrique Martínez Argote que es un espacio cultural autónomo y comunitario dedicado a preservar, promover y perpetuar la memoria del juglar Luis Enrique Martínez, “El Pollo Vallenato”, como pilar de la música tradicional vallenata. Dónde nuestra misión es fomentar la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social a través del patrimonio musical.