Comunidad indígena de Misiones exigió a la Justicia el acceso a la información ambiental, transparencia y participación ciudadana. Notificó al Congreso de la Nación rendir cuentas por el ‘Súper RIGI’

La Comunidad Mbya Guaraní Tape Mirí presentó una demanda exigiendo su derecho a la consulta previa, libre e informada frente al proyecto legislativo conocido como «Súper RIGI«. Ante este reclamo, el Juzgado Federal de Oberá, Misiones,  intervino ayer de forma urgente y ordenó correr traslado al Poder Legislativo de la Nación, que deberá responder a la acción judicial en un plazo de once días hábiles.

La acción judicial exige al Congreso el cumplimiento de sus obligaciones de acceso a la información ambiental, transparencia y participación ciudadana —incluyendo la consulta previa indígena— antes del avance legislativo del proyecto de ley conocido como «Súper RIGI» (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias).

El juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga dispuso tramitar la causa como un «proceso sumarísimo» bajo el expediente FPO 39913/2026. La letrada patrocinante de la comunidad, Dra. Bárbara Beatriz Bertola, fundamentó la urgencia de esta vía procesal para evitar que «las demoras tornen ilusoria su tutela» y reservó el derecho de accionar contra la validez de las normas que se dicten omitiendo estas instancias obligatorias.

Reclamo judicial

De acuerdo con la presentación judicial, el Estado Nacional está incumpliendo de forma deliberada con sus compromisos constitucionales y convencionales. La demanda aclara que no se cuestiona la conveniencia política o económica de la ley, sino la omisión sistemática de los informes técnicos, las evaluaciones estratégicas de impacto y los mecanismos de consulta pública que deben preceder de manera obligatoria a regulaciones de esta magnitud en materia de recursos naturales, energía y transformaciones territoriales.

En paralelo, el tribunal envió a despacho para resolución el pedido de intervención como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) presentado por el especialista Sr. Eduardo Dvorkin, bajo el patrocinio de la Dra. Clea Maguire. El experto aportó un informe científico enfocado en las graves incidencias y el impacto que tendrían en el sistema energético y ambiental determinadas actividades promovidas por el Súper RIGI, con especial énfasis en la instalación de mega data centers.

El Estado se está sustrayendo de forma deliberada de sus obligaciones constitucionales y convencionales. El Súper RIGI involucra recursos naturales y transformaciones territoriales críticas que exigen, por ley y de manera indispensable, una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.

Solicitan el trámite urgente porque las demoras legislativas y procesales pueden tornar ilusoria la tutela de los derechos. El Estado no puede avanzar a ciegas con el Súper RIGI sin garantizar antes el acceso a la información y la participación de la comunidad en la formación de las leyes.

Fuente: Sociedad Civil Argentina