Directivas de Aves y Hábitats: 708 científicos plantan cara a Bruselas 

Los investigadores reclaman a la presidenta Von der Leyen que preserve las directivas de Aves y Hábitats y advierten de que simplificar trámites no puede convertirse en una excusa para rebajar la protección ambiental.

708 científicos piden explicaciones a Bruselas por las Directivas de Aves y Hábitats

Las directivas de Aves y Hábitats enfrentan a un grupo de científicos con Bruselas: 708 investigadores, entre ellos 369 que están vinculados a instituciones españolas, han reclamado que la simplificación administrativa no le abra la puerta al recorte de las garantías que protegen la naturaleza europea.

La carta que fue enviada a Ursula von der Leyen señala que, respecto a las directivas de Aves y Hábitats, existe una contradicción básica: por un lado, las especies y los ecosistemas continúan deteriorándose y, por el otro, la Comisión apenas ‘contempla’ examinar posibles modificaciones de las normas que son las que deberían frenar ese declive.

Los firmantes piden que se conserven las disposiciones esenciales de las Directivas de Aves y Hábitats, que se refuerce su aplicación y que se exijan pruebas de viabilidad antes de realizar cualquier reforma. La comunidad científica reclama que se actúe con premura, antes de que una revisión apresurada pueda traducirse en acciones y retrocesos que luego sean difíciles de reparar.

La ciencia señala el problema: faltan recursos y cumplimiento

El mensaje de los investigadores rebate el argumento de que, al cambiar las reglas, se resolverán todos los problemas en el ámbito de la conservación. Recuerdan que en 2016 la propia Comisión Europea concluyó que las Directivas de Aves y Hábitats cumplían ampliamente con su propósito. Las carencias estaban en su aplicación, en la falta de integración ambiental y en la financiación insuficiente, entre otros factores.

Según los firmantes, no existen pruebas científicas conocidas que justifiquen el abandono de aquella conclusión. Su razonamiento implica que la responsabilidad la tienen las decisiones públicas: el deterioro de la biodiversidad exige cumplir con los objetivos pendientes, en lugar de emplearlo como argumento para revisar las garantías que les dan sostén.

La defensa de las directivas de Aves y Hábitats reúne a varios especialistas: ornitología, restauración de ecosistemas, zoología, botánica y ecología, por lo que la advertencia procede de expertos en disciplinas que estudian tanto las poblaciones animales como la vegetación y el funcionamiento de los espacios naturales.

Entre los nombres de científicos internacionales figuran Stuart Butchart, científico jefe de BirdLife International; Yvonne Buckley, catedrática del Trinity College de Dublín; Richard Gregory y Miguel Bastos Araújo, profesor de investigación del CSIC. Todos respaldan la petición que reclama que existan evidencias de efectividad antes de tocar las disposiciones más esenciales.

Los 369 investigadores vinculados a instituciones españolas representan a más de la mitad de las adhesiones y constituyen una presencia especialmente relevante en esta defensa de la conservación europea. Entre ellos se cuenta a Fernando Valladares, a José Luis Tella, a Beatriz Arroyo, a José Antonio Donázar y a Eloy Revilla.

Simplificar trámites no puede implicar una rebaja de la protección

La carta sobre las directivas de Aves y Hábitats fue difundida por la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) y ha llegado después de que los ministros de Medio Ambiente de España, Francia, Alemania, Hungría y Luxemburgo pidieran que se refuercen ambas normas. La presión sobre Bruselas combina el respaldo científico y una advertencia política.

Según el programa de trabajo comunitario, en 2027 se examinará la conveniencia de modificar las directivas de Aves y Hábitats para simplificar su aplicación. Ese examen no equivale a una reforma que ya haya sido aprobada, pero sí abre la puerta a una discusión que podría tener serias consecuencias ambientales.

Los científicos aceptan reducir cargas burocráticas

Lo que rechazan es que la realización de una gestión más ágil implique menos garantías de conservación. La eficiencia administrativa debe demostrar fehacientemente que los cambios que se van a realizar implican resultados ambientales, porque acelerar los procedimientos carece de valor si acaba facilitando daños sobre especies o espacios protegidos.

Por eso, los científicos exigen que cualquier propuesta legislativa esté respaldada por pruebas sólidas. El criterio planteado es muy concreto: hay que demostrar que los cambios mejorarán la conservación o mantendrán, como mínimo, la protección actual. Sin esa justificación, defienden que se debe aplicar el principio de precaución.

La Red Natura 2000 no puede pagar las facturas de una reforma sin pruebas

Las directivas de Aves y Hábitats han permitido desarrollar la Red Natura 2000 y mejorar la situación de determinadas especies amenazadas. Los investigadores destacan especialmente el caso de algunas aves que se han visto beneficiadas por medidas específicas, con resultados que respaldan la utilidad de protegerlas y gestionarlas con continuidad.

Su advertencia obliga a distinguir entre objetivos incumplidos y herramientas inútiles. Si persisten déficits de financiación y ejecución, modificar las disposiciones esenciales puede desviar la atención de esas carencias. Bruselas debe justificar qué resolvería cada cambio y qué riesgos introduciría antes de promoverlo.

Un balance muy real

Hay una cifra que complica aún más este debate: la evaluación europea correspondiente a 2013–2018, publicada en 2020, situó el 81 % de las evaluaciones de hábitats protegidos en estado de conservación desfavorable. Solo el 15% presentó de los mismos un estado favorable.

Con ese balance, rebajar las directivas de Aves y Hábitats sería una respuesta políticamente indefendible: la urgencia es recuperar naturaleza, y cualquier reforma debe demostrar cómo contribuirá a conseguirlo.