La llegada de Praxis al emprendimiento urbanístico +Colonia introdujo una discusión poco habitual en la política departamental: qué sucede cuando una comunidad tecnológica que propone nuevas formas de organización social busca establecerse dentro de un país con instituciones democráticas consolidadas.
El debate tomó estado público durante la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Colonia del miércoles 4 de noviembre, cuando el edil frenteamplista Pedro Leizagoyen utilizó el término «tecnofascistas» para referirse a integrantes de Praxis. El empresario Eduardo Bastitta, responsable de +Colonia, rechazó esa caracterización y defendió la diversidad ideológica de la comunidad.
Detrás del intercambio aparecen dos asuntos que conviene distinguir. Uno refiere a las ideas políticas que promueve Praxis y a su relación con la tecnología. El otro comprende las condiciones concretas de su instalación en Uruguay, las obligaciones que deberá cumplir y las consecuencias que podría tener para el departamento.
La discusión permite, además, examinar un fenómeno más amplio: el surgimiento de comunidades digitales que aspiran a desarrollar nuevas formas de convivencia y organización colectiva.
Dos interpretaciones sobre una misma comunidad
Bastitta presentó a Praxis como una organización internacional integrada por emprendedores tecnológicos, artistas, arquitectos y profesionales de distintas disciplinas y orientaciones políticas.
«No hay para nada un pensamiento único ni una ideología única», afirmó durante su comparecencia, según las declaraciones recogidas en el material de referencia.
También explicó que algunas publicaciones difundidas por integrantes de Praxis en redes sociales deben interpretarse como expresiones artísticas y no necesariamente como posiciones compartidas por toda la comunidad.
Leizagoyen cuestionó esa interpretación. «Tienen una ideología, una ideología que vienen a transformar», sostuvo el edil, quien reclamó mayor información sobre las características de la organización y las condiciones de su llegada a Colonia.
La diferencia entre ambos planteos es significativa.
Bastitta concentró su respuesta en la diversidad de las personas que integran Praxis. Leizagoyen dirigió sus cuestionamientos hacia las ideas que orientan el proyecto y sus posibles consecuencias.
Ambas cuestiones pueden coexistir. Una organización puede reunir personas con distintas convicciones y, al mismo tiempo, desarrollar objetivos institucionales definidos.
Por eso, conocer la composición de Praxis no alcanza para comprender su propuesta. También resulta necesario examinar qué expresa la propia organización en sus documentos públicos.
Praxis: de la comunidad digital a una nueva forma de organización política
En su sitio oficial, Praxis se presenta como un neostate, término inglés que utiliza para describir una nueva forma de organización estatal.
Su propuesta combina la formación de comunidades digitales, el desarrollo de ciudades, la construcción de una identidad cultural compartida y la utilización de inteligencia artificial para coordinar actividades y decisiones colectivas.
Según la documentación publicada por la organización, su aspiración es avanzar hacia una entidad política autónoma que utilice sistemas avanzados de inteligencia artificial para interpretar las preferencias de sus integrantes, coordinar objetivos y elaborar propuestas bajo una constitución y supervisión humana.
Estas definiciones permiten establecer una diferencia importante: Praxis no se presenta únicamente como una comunidad residencial o una asociación de profesionales tecnológicos.
Sus promotores también imaginan nuevas estructuras de organización social y política.
Dryden Brown, cofundador y director ejecutivo de Praxis, desarrolla parte de esa visión en el texto Sovereign Intelligence, publicado por la organización. Allí vincula la inteligencia artificial con la soberanía tecnológica, la identidad cultural y la creación de ciudades capaces de experimentar con nuevas estructuras sociales.
En otro documento, titulado Singularity Politics, Praxis presenta a las comunidades digitales como agrupaciones que pueden formarse alrededor de valores compartidos, reunir recursos y establecerse posteriormente en un territorio físico.
La existencia de estas propuestas no demuestra que Praxis pretenda establecer un régimen autoritario en Uruguay. Tampoco significa que sus aspiraciones políticas puedan concretarse legalmente en el país.
Sin embargo, permite identificar un proyecto cuyo alcance conceptual supera el desarrollo inmobiliario.
Qué significa tecnofascismo y por qué genera controversia
El término utilizado por Leizagoyen forma parte de una discusión contemporánea sobre las relaciones entre tecnología, concentración de poder y autoritarismo.
En determinados análisis políticos, el concepto de tecnofascismo se emplea para describir situaciones en las que herramientas digitales, sistemas de vigilancia, inteligencia artificial y grandes concentraciones de poder tecnológico pueden combinarse con prácticas autoritarias.
La preocupación central es que las tecnologías actuales permiten recopilar grandes cantidades de información, analizar comportamientos e influir sobre decisiones individuales y colectivas.
Pero el concepto no tiene una definición académica universalmente aceptada. Tampoco corresponde identificar automáticamente como tecnofascista a cualquier organización tecnológica que proponga transformar las instituciones.
Para sostener una caracterización de esa naturaleza sería necesario examinar prácticas concretas: concentración de autoridad, restricciones a los derechos, ausencia de mecanismos de control o imposición de decisiones sin garantías para las personas involucradas.
La información disponible sobre Praxis no permite demostrar que pretenda establecer un régimen fascista en Uruguay.
Sí permite abrir una discusión sobre el lugar que ocuparía la inteligencia artificial en sus mecanismos de organización y sobre quién tendría la autoridad para adoptar las decisiones.
El investigador y escritor Evgeny Morozov abordó un problema relacionado en su libro To Save Everything, Click Here (2013), donde desarrolla una crítica al llamado solucionismo tecnológico.
El concepto describe la tendencia a considerar que problemas sociales y políticos complejos pueden resolverse principalmente mediante herramientas tecnológicas.
Su planteo no equivale a una definición de tecnofascismo, pero aporta una distinción útil: una tecnología puede mejorar la eficiencia de una organización sin resolver necesariamente quién tiene derecho a decidir, cómo se representan los desacuerdos o quién controla a quienes ejercen el poder.
La tecnología puede facilitar decisiones. La legitimidad de esas decisiones depende también de las reglas, los derechos y los mecanismos de participación existentes.
Inteligencia artificial y democracia: quién toma las decisiones
Uno de los aspectos centrales de la propuesta de Praxis es la utilización de inteligencia artificial para interpretar preferencias individuales y coordinar objetivos colectivos.
En principio, estos sistemas pueden facilitar la administración de servicios, procesar información y contribuir a la organización de comunidades numerosas.
Sin embargo, su aplicación a decisiones colectivas introduce interrogantes diferentes de los que aparecen cuando se utilizan herramientas digitales para actividades comerciales o administrativas.
¿Quién establece las reglas que utiliza el sistema? ¿Qué información se recopila sobre los integrantes? ¿Cómo se resuelven los desacuerdos? ¿Quién responde cuando una decisión perjudica a una persona o a un grupo?
Praxis plantea la existencia de una constitución y supervisión humana. Para conocer el alcance efectivo de esas garantías sería necesario examinar cómo funcionarían, quién designaría a los responsables y qué procedimientos permitirían cuestionar las decisiones.
La diferencia entre administrar una comunidad privada y ejercer funciones de gobierno resulta fundamental.
Una organización puede establecer acuerdos voluntarios de convivencia, prestar servicios y desarrollar plataformas de participación. Eso no le otorga competencias para sustituir a las autoridades públicas ni para desconocer derechos reconocidos por la legislación nacional.
En consecuencia, las ideas que Praxis desarrolla sobre una eventual organización política autónoma deben distinguirse de las facultades que efectivamente tendría en territorio uruguayo.
La legislación uruguaya como límite institucional
Durante su comparecencia, Bastitta aseguró que no existe ninguna solicitud de reglamentación especial ni de beneficios tributarios particulares para la instalación de Praxis.
También afirmó que todas sus actividades se desarrollarán dentro de la legislación uruguaya.
Esta declaración introduce un elemento central para comprender el alcance del proyecto.
Uruguay cuenta con un ordenamiento constitucional que establece las competencias de sus autoridades, regula la actividad de las organizaciones privadas y reconoce derechos que no pueden quedar sujetos exclusivamente a decisiones internas de una comunidad.
La existencia de una identidad cultural compartida, una plataforma digital o un sistema propio de organización no equivale al reconocimiento de soberanía territorial.
Por lo tanto, la eventual instalación de Praxis en +Colonia deberá evaluarse a partir de las actividades que efectivamente desarrolle y de las autorizaciones, obligaciones y controles que correspondan.
Las declaraciones del desarrollador establecen su posición sobre el marco legal. La documentación de los acuerdos y permisos permitirá comprobar las condiciones concretas de funcionamiento.
La dimensión económica y territorial del proyecto
La controversia política se produce alrededor de un emprendimiento que también genera expectativas económicas para Colonia.
Durante la sesión, Bastitta informó que 430 integrantes de Praxis habían manifestado formalmente su interés en radicarse en el departamento y presentó una proyección de 2.700 interesados para 2027.
Es importante distinguir estas cifras de una cantidad confirmada de nuevos residentes. Las manifestaciones de interés y las proyecciones no equivalen a radicaciones efectivamente concretadas.
El proyecto ha sido presentado con una inversión anunciada del orden de los 1.000 millones de dólares, vinculada al desarrollo de viviendas, infraestructura y otras instalaciones.
La magnitud de esos anuncios plantea preguntas sobre su ejecución, los plazos y las responsabilidades de los distintos participantes.
La llegada de nuevos habitantes puede generar actividad comercial, demanda de servicios y oportunidades de inversión. También requiere infraestructura para abastecimiento de agua, saneamiento, energía, movilidad y tratamiento de residuos.
Estos aspectos forman parte de la evaluación territorial de cualquier desarrollo urbano de gran escala, independientemente de las ideas políticas de sus promotores.
Por eso, el análisis de Praxis no debería limitarse a sus declaraciones ideológicas. También corresponde examinar los compromisos económicos, las autorizaciones urbanísticas y las condiciones de ejecución del proyecto.
Qué falta conocer para evaluar la llegada de Praxis
La comparecencia de Bastitta permitió conocer la posición del desarrollador, algunas características de la comunidad y determinadas proyecciones económicas.
No obstante, una evaluación completa requiere acceder a información documental sobre los acuerdos entre Praxis y +Colonia, las obligaciones asumidas por cada parte y las condiciones previstas para su instalación.
También resulta relevante conocer qué mecanismos internos de organización utilizará Praxis, cuál será el papel efectivo de la inteligencia artificial y cómo se garantizarán los derechos de sus integrantes.
En materia territorial, los planes de infraestructura, las autorizaciones ambientales y los mecanismos de control permitirán determinar las condiciones bajo las cuales podrá avanzar el emprendimiento.
La bancada del Frente Amplio, después de la sesión, valoró la presencia de Bastitta, aunque sostuvo que algunas respuestas no habían sido suficientes para despejar las dudas planteadas.
La discusión, por tanto, continúa abierta en dos ámbitos diferentes: el debate público sobre las ideas de Praxis y el examen institucional de las condiciones de su instalación.
Un debate que va más allá de las etiquetas
El intercambio entre Bastitta y Leizagoyen dejó expuestas dos preocupaciones que no necesariamente se excluyen.
El desarrollador defendió las oportunidades de inversión y residencia que atribuye al proyecto, rechazó la existencia de una ideología uniforme y aseguró que sus actividades respetarán las leyes uruguayas.
El edil cuestionó la orientación política de Praxis y reclamó información sobre las características de la organización y las condiciones de su llegada al departamento.
Los documentos públicos de Praxis permiten confirmar que sus promotores desarrollan ideas sobre nuevas formas de organización colectiva, con un papel relevante para la inteligencia artificial.
Pero esas ideas no constituyen, por sí mismas, una prueba de autoritarismo ni demuestran que la organización vaya a ejercer funciones de gobierno en Uruguay.
La discusión adquiere mayor profundidad cuando se separan las caracterizaciones políticas de los hechos verificables.
La cuestión no consiste solamente en determinar qué significa tecnofascismo o si esa expresión describe adecuadamente a Praxis. También implica comprender cómo se relacionan las nuevas comunidades tecnológicas con las instituciones democráticas, qué facultades pueden ejercer y cuáles son los límites establecidos por la legislación.
En Colonia, esas preguntas tienen una dimensión concreta: qué parte de las aspiraciones de Praxis se traducirá en actividades efectivas, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de control público.
Las respuestas dependerán de los documentos, las decisiones institucionales y la ejecución del proyecto.
Ese es el terreno en el que la controversia puede transformarse en un debate público sustentado en información comprobable.
https://www.carmeloportal.com/128378-praxis-en-colonia-el-debate-sobre-tecnofascismo-inteligencia-artificial-y-los-limites-del-poder
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