El Parlamento discute sus gastos. Afuera, el sueldo no alcanza

Discutir cómo se gasta el dinero del Parlamento es necesario. Cada partida debe tener un destino claro, cada gasto debe justificarse y cualquier ciudadano debería poder consultar esa información sin tener que descifrar una planilla. Pero cuando el debate se convierte en una competencia por exhibir los gastos del adversario, la rendición de cuentas queda sepultada bajo el espectáculo.

Nuestros políticos parecen dispuestos a inmolarse en el recinto para demostrar quién gastó más, quién tiene menos autoridad para señalar al otro y quién se queda con la última palabra. Si una bancada detecta un gasto injustificado, que muestre el comprobante y pida una explicación. Si la respuesta consiste en exhibir la factura del adversario, el contribuyente sigue sin saber si cualquiera de las dos tenía razón de ser.

Afuera, una familia que cobra el viernes ya sabe cuánto se irá en el alquiler, cuánto deberá reservar para el boleto y qué compra tendrá que postergar. Si se rompe la heladera, la reparación compite con la cuota que vence el lunes. Si el sueldo se termina el día veinte, los diez días que faltan se financian con crédito, con ayuda de un familiar o recortando otra vez. Esa familia entiende perfectamente lo que significa administrar recursos escasos. Por eso tiene derecho a exigir el mismo rigor a quienes administran los suyos.

El Parlamento tiene preguntas concretas que responder. ¿Qué gastos exige la tarea legislativa? ¿Qué topes corresponde fijar? ¿Quién revisa los comprobantes y en qué plazo se publican? También debe quedar claro qué sucede cuando un gasto carece de respaldo. Una regla común para todas las bancadas, con montos, destinos y comprobantes accesibles, serviría más que otra sesión dedicada a intercambiar reproches.

Y mientras se ordenan esas cuentas, hay trabajo legislativo que merece la misma energía. ¿Qué ocurre con quienes trabajan todo el mes y aun así deben endeudarse para cubrir gastos corrientes? ¿Cuánto pesa el alquiler en el salario de un trabajador? ¿Qué posibilidades tiene quien acepta un segundo empleo para sostener su casa y pierde, a cambio, horas de descanso y de vida familiar? Esas preguntas también merecen propuestas, discusión y votos.

La distancia entre el recinto y la calle se agranda cuando los representantes dedican toda su vehemencia a defenderse entre ellos y dejan para después las discusiones que afectan el bolsillo de quienes los eligieron. Ordenar el gasto parlamentario es una obligación que puede traducirse en reglas verificables. El tiempo que se pierde en el circo de las acusaciones cruzadas también lo paga la ciudadanía.

Quien cuenta los pesos en la mesa de su casa contribuye a financiar el Parlamento. Tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero y a que sus representantes dediquen la misma atención al sueldo con el que esa persona tiene que vivir.