Ana Vainman advirtió que el contrabando ya…

La industria tecnológica atraviesa un escenario de dificultades marcado por la caída del consumo y el avance de productos que ingresan al mercado por canales ilegales. La situación preocupa a los fabricantes, que reclaman mayores controles y medidas para frenar una competencia que consideran desleal. Así lo planteó Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE, hoy en diálogo con Laura Luz Ojeda para Radio del Plata desde el 16° foro ABECEB.

“El 40% de los celulares que se venden en la Argentina no se fabricaron en el país ni se importaron legalmente”, reveló Vainman. La ejecutiva explicó que pueden determinarlo a través del IMEI, el código de identificación que permite saber qué dispositivos se conectaron a las redes y establecer si estaban destinados al mercado argentino o a otro.

“Hoy tenemos ese nivel de penetración del contrabando, lo cual es súper preocupante”, advirtió. Además, señaló que el problema no afecta solamente a las empresas fabricantes, sino también al Estado, por la pérdida de recaudación, y a los consumidores.

En ese sentido, mencionó un estudio difundido esta semana que estima para 2026 una renuncia fiscal cercana a los 3.000 millones de dólares, considerando solamente los 15 sectores más afectados. Según aclaró, esa pérdida responde al contrabando y a la subfacturación.

“Son dos fenómenos parecidos de la competencia desleal a la que estamos sometidos hoy en día”, sostuvo. Y agregó que quienes compran productos de origen ilegal pueden encontrarse con situaciones inesperadas: “No tiene garantía, no tiene servicio técnico, no le puede instalar un sistema operativo o una aplicación que quiere”.

La directora ejecutiva de AFARTE también extendió su preocupación a otros rubros afectados, como cosméticos, juguetes y acero. Sobre este último sector, advirtió que pueden utilizarse barras que no cumplen con las características declaradas en obras de construcción.

“Estamos hablando de problemas de seguridad, problemas de salud, cosas gravísimas a las que estamos sometidos como usuarios por el solo hecho de que los productos son de contrabando y no tienen los controles necesarios”, alertó.

Consultada sobre las posibles causas del fenómeno, Vainman señaló que resulta difícil reconstruir el circuito de comercialización debido a su carácter clandestino. “A nosotros nos cuesta muchísimo reconstruir el mapa del delito, por decirlo de alguna manera, porque justamente como es algo clandestino no es fácil de mensurar y menos para un privado”, explicó.

Frente a este escenario, indicó que mantienen conversaciones con distintos organismos del Gobierno. Entre ellos, mencionó al Ministerio de Seguridad para mejorar los controles en las fronteras, a la Aduana para exigir los reglamentos técnicos y las medidas de seguridad, y a la Secretaría de Industria y Comercio para verificar la procedencia legal de los productos que llegan a los comercios.

Por otra parte, destacó la reunión de distintas cámaras empresariales con Pablo Lavigne como un primer paso para enfrentar la problemática. Participaron representantes de sectores industriales, supermercados, importadores, comercio y comercio electrónico, junto con las principales empresas que integran esta última cámara.

“Fue un puntapié inicial importantísimo realmente poder sentar a tantos actores importantes en la mesa”, destacó. Además, contó que los participantes firmaron un acuerdo y manifestó su expectativa de que permita revertir la tendencia: “Este problema lejos de reducirse en el último tiempo vimos que sigue creciendo, así que esperemos que este sea la bisagra de un cambio”.

Por último, Vainman hizo hincapié en la responsabilidad de los compradores y pidió que exijan garantías sobre el origen de los productos. “Al consumidor le tiene que importar lo que compra y tiene que exigirle al que le vende que le venda legal porque después se puede encontrar con sorpresas desagradables o incluso problemas en su salud”, concluyó.