Edil de Xoxtla no sabe explicar quién está detrás del pozo Pavigi

La presidenta municipal de San Miguel Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, ha sido incapaz de explicar con claridad quién es el verdadero autor y responsable del proyecto del pozo Pavigi que ha desatado una severa controversia en la comunidad. En junio, el ayuntamiento que ella encabeza respondió por escrito que se trataba de “trabajos que realiza el gobierno del estado”. Meses después, en rueda de prensa, ella misma mostró documentos que prueban la participación de su gobierno en la obra.

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Cuando se le pidió por la vía de transparencia que explicara la obra, dijo no tener “información alguna”. En su reciente aparición pública, la alcaldesa proyectó documentos e incluso detalló la inversión de cerca de 9 millones de pesos.

Esta marcada discrepancia –haber respondido oficialmente y por escrito que el proyecto era estatal para luego presumir actas, minutas con Gobernación y gestiones contractuales– evidencia que la alcaldesa no puede o no quiere transparentar lo que realmente ocurre con el recurso hídrico de Xoxtla, tras haber evadido responder el trasfondo real en las múltiples peticiones de información que a la fecha siguen sin respuesta.

El pozo Pavigi (o Pozo Bienestar), cuyos trabajos en la Unidad Deportiva estuvieron detenidos más de un año, se convirtió en el epicentro de la discordia debido al histórico temor de los pobladores a ser despojados de su agua. Los habitantes se han opuesto firmemente a los trabajos al cuestionar la pretensión de extraer el líquido de su territorio para enviarlo a la ciudad de Puebla, mientras las familias de Xoxtla padecen un marcado desabasto en sus propios hogares.

En caso de no existir la información solicitada, incluir el Acta de Inexistencia y la evidencia de la búsqueda exhaustiva así como la descripción de las áreas competentes consultadas. Incluir el nombre y cargo del servidor público responsable de la búsqueda.

Los papeles que sí existen

En reunión con los medios, posterior a su informe, la alcaldesa confesó públicamente las reuniones de trabajo en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, votaciones de cabildo, una ratificación ante notario y gestiones ante la Conagua, y proyectó en pantalla el documento con el que su cabildo aprobó un comodato.

El ayuntamiento de Xoxtla se negó a responder seis solicitudes en las que se pidió, entre otra información, cuánto se ha pagado por la renta, el traslado y el tiempo detenido de la maquinaria estacionada dentro de la Unidad Deportiva Pavigi; quién es el propietario o contratista del equipo de perforación; qué documento autorizó usar la unidad deportiva como patio de maniobras; cuál es el expediente técnico de la perforación o sustitución del Pozo 2, y si existe un análisis de riesgo por mantener maquinaria pesada en un espacio público.

Mientras el director de Obras Públicas, Helvin Pérez Lara, negó oficialmente tener proyectos sobre la obra, la alcaldesa declaró públicamente que fue él, el mismo Pérez Lara, quien la acompañó en las mesas de gestión del proyecto hídrico desde abril de 2025. Ortiz Pérez aseguró, además, que los antecedentes y acuerdos contractuales obran en los archivos municipales.

El oficio MSMX-DOP-AIP/2026–002, firmado por el titular, sostiene que la dirección “NO cuenta con proyectos relacionados a la Unidad Deportiva Pavigi y/o Perforación del Pozo 2” y, en lugar de responder, pide que la solicitud se redirija “a las oficinas del gobierno del Estado”.

En la conferencia, la alcaldesa relató que el 11 de abril de 2025, “acompañada de mi director de obra”, su gobierno llevó a la mesa un planteamiento para el abasto de agua del municipio: “nosotros metemos una propuesta para poder abastecer a nuestra comunidad”.

“En esta minuta del 10 de octubre establecemos que el pozo Pavigi es la sustitución al Pozo 2”, dijo la alcaldesa mientras proyectaba el documento. La mesa de trabajo se realizó en la Secretaría de Gobernación, con la participación de ciudadanos, y en ella se acordó reemplazar un pozo que, según Ortiz Pérez, “ya no sirve”, está “encerrado por domicilios” y tiene “bombas enterradas”.

La alcaldesa reconoció, además, que cinco días después, el 15 de octubre, se firmó otra minuta para dar seguimiento al acuerdo, y ambas fueron ratificadas ante notario y en sesión de cabildo. El pozo que el ayuntamiento atribuyó al estado se pactó con firmas municipales.

La negativa no fue de un solo funcionario. El oficio salió con el membrete del gobierno municipal que encabeza Ortiz Pérez, y la información que declaró no tener incluye reuniones a las que ella misma asistió y minutas que ella misma leyó en público. “Dejamos de ser Guadalupe… nos convertimos en presidente. Y tenemos una representación legal”, dijo en la conferencia. “Tenemos obligaciones y responsabilidades”.

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Durante su exposición, la alcaldesa ventiló compromisos e instrumentos jurídicos concretos tramitados por el ayuntamiento: Confirmó que el cabildo aprobó por mayoría, con nueve votos a favor, un contrato de comodato sobre el predio de un pozo en la colonia La Luz. La propiedad, explicó, sigue siendo municipal, pero la infraestructura pasó al SOAPAP y a Concesiones Integrales, “puesto que son quienes en ese momento habían hecho las inversiones”.

Detalló que el proyecto contemplaba la reposición del pozo, infraestructura hacia las principales fuentes de abasto y un tanque de almacenamiento, “con una inversión de cerca de 9 millones de pesos”.

Para especialistas en transparencia consultados, esta brecha entre lo que se responde por la vía de transparencia y lo que se admite ante los medios evidencia una conducta de evasión documental frente a las solicitudes de información de la ciudadanía.

Además de que la información sobre el pozo no es clara ni completa, pues no se ha transparentado el expediente técnico, proyecto ejecutivo, memoria descriptiva, programa de obra, dictamen técnico, permisos, licencias, autorizaciones y toda la documentación relacionada con la obra del pozo Pavigi.

La alcaldesa también se negó a documentar quién paga la renta, el traslado y el tiempo muerto de la maquinaria. A la fecha no se puede saber cuánto ha costado tenerla parada más de un año, de qué presupuesto salió ni si se pagó por un servicio que no se usó. Tampoco se sabe cómo se contrató, el nombre del contratista y el proceso o licitación o adjudicación directa.

Tampoco se ha transparentado los permisos para usar la cancha ni análisis de riesgo. Todo esto ha quedado en la opacidad, a pesar de que los contratos y las obras son información pública que las autoridades deben transparentar sin condiciones.

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