España: expertos plantean llevar la armonización jurídica a la agenda de la XXX Cumbre Iberoamericana

La XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, reunirá a representantes de 22 países para avanzar en iniciativas relacionadas con transformación digital e inteligencia artificial, cooperación frente a desastres naturales, desarrollo social y reconocimiento de estudios y títulos. En paralelo, desde el ámbito jurídico se plantea incorporar a ese espacio de diálogo una cuestión de creciente relevancia: la aproximación entre los sistemas legales de los países iberoamericanos.

La propuesta aparece en una columna publicada este miércoles por Confilegal, firmada por el jurista español Javier Junceda, a partir de los debates desarrollados en el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericano. El planteamiento parte de una realidad histórica: los ordenamientos jurídicos de España y de los países hispanoamericanos mantienen vínculos en distintas ramas del Derecho y comparten antecedentes constitucionales que permiten identificar puntos de conexión.

Uno de los antecedentes mencionados es la Constitución de Cádiz de 1812, conocida como La Pepa. El artículo publicado sostiene que las posteriores evoluciones constitucionales de España y América Latina conservaron elementos comunes que pueden servir como referencia para una mayor cooperación jurídica. Se trata, según el autor, de una base histórica que podría facilitar mecanismos modernos de intercambio entre juristas, tribunales e instituciones.

El debate adquiere especial dimensión en el Derecho penal. En el último Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericano participaron, entre otros, el español Cristóbal Martell, el peruano César Nakazaki y el paraguayo Ricardo Preda. Los especialistas abordaron los desafíos que plantea la cooperación entre sistemas penales con tradiciones jurídicas relacionadas, pero que actualmente mantienen procedimientos y normas propios.

Desde la perspectiva expuesta por Martell, la experiencia de integración de diferentes sistemas jurídicos puede servir como referencia para aproximar los derechos de los países hispanoamericanos, buscando compatibilizar la eficacia de la jurisdicción penal con las garantías de los ciudadanos. El debate adquiere relevancia en un contexto en el que la cooperación judicial internacional resulta cada vez más necesaria frente a delitos que atraviesan fronteras.

Nakazaki puso el acento en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan compatibilizar los sistemas acusatorios con las garantías de la defensa. Por su parte, Ricardo Preda, desde Paraguay, planteó la conveniencia de contar con herramientas procesales que reduzcan las dificultades cuando una investigación o procedimiento penal tiene conexiones con diferentes jurisdicciones.

El planteamiento no significa la creación inmediata de un único sistema jurídico para Iberoamérica. La cuestión que se coloca sobre la mesa es más amplia y gradual: desarrollar mecanismos de aproximación normativa, cooperación entre tribunales y órganos judiciales, intercambio de conocimientos y herramientas que permitan una mayor compatibilidad entre los diferentes ordenamientos.

Esta discusión coincide con una agenda iberoamericana que ya contempla mecanismos de cooperación en ámbitos jurídicos y académicos. La propia Comunidad Iberoamericana viene trabajando en el reconocimiento de períodos de estudio y títulos de educación superior y en instrumentos destinados a facilitar la movilidad académica.

Además, la preparación de la Cumbre de Madrid se encuentra en una etapa avanzada. La Secretaría General Iberoamericana informa que los coordinadores nacionales de los 22 países han venido trabajando en la negociación de la declaración y en la hoja de ruta de la reunión que se celebrará en noviembre.

La cuestión jurídica también se relaciona con otros desafíos regionales, como la lucha contra el crimen organizado transnacional. Este miércoles, la fiscal general del Estado de España y secretaria general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, Teresa Peramato, defendió en Cuzco un papel central de las fiscalías en la cooperación entre la Unión Europea y América Latina contra las organizaciones criminales.

Para el espacio jurídico que impulsa estas discusiones, la movilidad creciente de ciudadanos entre los países iberoamericanos hace cada vez más relevante que abogados, jueces, fiscales y demás profesionales puedan comprender con mayor facilidad los sistemas jurídicos de otros países. El objetivo planteado es avanzar hacia mecanismos de cooperación que permitan responder con mayor eficacia cuando una situación jurídica supera las fronteras nacionales.

Así, mientras los gobiernos preparan en Madrid una nueva etapa de cooperación iberoamericana, desde el ámbito académico y profesional surge una propuesta adicional: que el Derecho también forme parte de esa agenda de integración. La cuestión central será determinar hasta dónde pueden aproximarse sistemas jurídicos soberanos sin perder sus particularidades nacionales y, al mismo tiempo, mejorar la cooperación entre instituciones.

La XXX Cumbre Iberoamericana se celebrará en Madrid bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. La eventual incorporación de la cooperación y armonización jurídica a esa agenda abriría un debate de largo alcance sobre cómo facilitar la interacción entre las instituciones judiciales de Europa y América Latina.

Foto: Confilegal / Javier Junceda