
La Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido publicó hace diez días un informe técnico titulado «UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026», elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft. El documento no constituye una declaración política del gobierno del primer ministro Andy Burnham, sino un análisis destinado a orientar a los legisladores británicos sobre la disputa con Argentina por el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.
El texto identifica cuatro frentes desde los que el gobierno de Javier Milei avanzó este año para frenar la explotación del yacimiento: la reafirmación de soberanía ante la Asamblea General de la ONU, sanciones económicas contra 60 personas y empresas vinculadas a la exploración, la reactivación de la Base Naval de Ushuaia y una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), cuyo fallo sobre medidas cautelares se conocerá el 28 de noviembre.
Argentina presentó su solicitud el 13 de octubre, tras un ultimátum público de Milei al Reino Unido. Pidió al tribunal que ordene paralizar los trabajos del consorcio que opera Sea Lion —integrado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum—, que Londres no use los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que se garantice a Buenos Aires la protección del medio marino y que no se otorguen nuevas licencias en la plataforma en disputa. El yacimiento tiene reservas estimadas de 1.700 millones de barriles y prevé iniciar la extracción en 2028.
Según el informe, el Reino Unido respondió con una guía oficial de negocios publicada en septiembre por la ministra Uma Kumaran, que respalda el derecho de los isleños a «desarrollar sus recursos naturales», y con medidas bajo la ley de Protección de Intereses Comerciales para blindar a sus empresas frente a las sanciones argentinas. En Hamburgo, la fiscal general Ellie Reeves argumentó que las medidas cautelares tendrían «consecuencias devastadoras» para los isleños y acusó a Buenos Aires de buscar «tomar el control» de los recursos.
El canciller argentino Pablo Quirno sostuvo el miércoles que el arbitraje busca determinar qué obligaciones impone la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar a ambos países, no resolver la soberanía, y advirtió: «Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable».
El informe dedica un apartado al rol de Donald Trump, quien en agosto dijo estar «revisando» la neutralidad estadounidense sobre la soberanía de las islas. Burnham lo llamó para advertirle sobre las consecuencias económicas de las sanciones argentinas, también para intereses estadounidenses. El documento señala que la preocupación de Washington por eventuales sanciones a sus empresas habría contribuido a ralentizar la Ley de Soberanía en el Congreso argentino, que esta semana no logró quórum para su debate.
https://laiberofonia.com/el-parlamento-britanico-detalla-la-estrategia-de-burnham-contra-argentina-por-malvinas/
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