
Por lo menos 16 megacárceles se han propuesto en América Latina desde 2023. Casi todas siguen el modelo de Nayib Bukele, cuya política de mano dura contra las pandillas en El Salvador se convirtió en referente para gobiernos que buscan resultados rápidos en seguridad. Según un análisis de la agencia EFE, el fenómeno abre dos preguntas: si una fórmula pensada para pandillas locales sirve contra redes criminales transnacionales y qué costo tiene para los derechos humanos.
Colombia aparece en la lista junto a Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá y Guatemala. Todos han anunciado o iniciado proyectos de este tipo, según el «Mapa de las megacárceles de América Latina», de InSight Crime. Sin embargo, esa misma investigación señala que muchas de estas iniciativas no pasan del anuncio o de la obra en construcción, y que funcionan más como mensajes políticos que como reformas de fondo.
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El mapa de las nuevas prisiones
Algunos países ya pasaron del anuncio a los hechos:
Costa Rica abrió hace poco el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), con cupo para 5100 presos. Está inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño.
Ecuador empezó a llevar internos a la Cárcel del Encuentro en noviembre de 2025, y el presidente Daniel Noboa anunció otro penal con capacidad para 15 000 personas.
Paraguay puso en marcha el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, para reclusos de alta seguridad.
Argentina construye el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), al que llaman «El Infierno».
El Cecot también recibe visitas de dirigentes de la región. El chileno José Antonio Kast lo recorrió poco antes de asumir la Presidencia, con la idea de sacar ideas para su país, aunque aclaró que no copiaría el sistema tal cual. En octubre lo visitó la presidenta del Perú, Keiko Fujimori.
Por qué seduce el modelo
Para Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el atractivo está en que Bukele puede mostrar una caída drástica de la violencia en poco tiempo. A eso le suma, según dijo a EFE, una propaganda muy eficaz que exhibe la megacárcel, deshumaniza a los presos y oculta los abusos. Por eso, explicó, el modelo atrae incluso a países cuyos problemas criminales no se parecen a los salvadoreños.
En su opinión, lo que se ha replicado en la región es sobre todo «la estética y la narrativa», junto con penas más duras, que no son nada nuevo en América Latina, y la construcción de grandes penales. Goebertus recordó que Ecuador combinó esta fórmula con la militarización y Honduras con un régimen de excepción, y que en ninguno de los dos casos parece haber reducido la violencia.
Las cárceles, cuna de grandes bandas
Las organizaciones especializadas también advierten que construir más cárceles no debilita por sí solo a las estructuras criminales. InSight Crime recuerda que varias de las más poderosas de la región nacieron o crecieron tras las rejas, donde montaron centros de operación y de reclutamiento: el Tren de Aragua en Venezuela, el Primer Comando Capital en Brasil y Los Choneros en Ecuador.
«En América Latina, las cárceles no han sido el final del crimen organizado, sino con frecuencia su origen y su centro de mando», dijo Goebertus. La directora de HRW agregó que allí se forman liderazgos y se controla a los demás presos, muchas veces con la complicidad de los guardianes, y advirtió que el encarcelamiento masivo puede terminar dándoles a estos grupos más gente para reclutar.
El costo en derechos humanos
En El Salvador, el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha permitido detener a decenas de miles de personas y ha generado denuncias por capturas arbitrarias, torturas y malos tratos.
Según Goebertus, muchos detenidos terminaron presos porque la Policía tenía metas de capturas que cumplir, por una denuncia anónima o simplemente por parecer sospechosos. Entre ellos, dijo, hay inocentes e incluso víctimas de las mismas pandillas.
El propio Gobierno salvadoreño ha tenido que revisar el alcance de las detenciones. Bukele reconoció que se ha liberado a cerca de 8000 personas capturadas durante el régimen de excepción. En octubre dijo que estudia dar libertad condicional a parte de los más de 90 000 detenidos, una medida que podría beneficiar a casi la mitad.
Para la vocera de HRW, el riesgo de fondo es que lo que se exporta no es una cárcel, sino la idea de que los derechos estorban a la seguridad. «Una vez que se acepta que se puede detener sin pruebas y condenar sin juicio, nadie está a salvo», sostuvo.
Colombia, un caso distinto
Las diferencias entre países también ponen en duda que la fórmula se pueda trasladar. Goebertus explicó que El Salvador enfrentaba pandillas pequeñas en recursos, con control de barrios y miembros fáciles de identificar, en un territorio reducido.
Ecuador, en cambio, lucha contra organizaciones ligadas a redes internacionales que dominan puertos y rutas de la cocaína y pueden sobornar a policías y jueces. En Honduras se mezclan la extorsión, el narcotráfico y una élite política con nexos documentados con el crimen. Y en Colombia, según la directora de HRW, el reto es otro: un conflicto armado que se ha ido degradando hasta convertirse en crimen organizado, un fenómeno «muy distinto» al salvadoreño.
Con información de EFE.
https://mioriente.com/nacionales/colombia-entre-los-paises-que-buscan-replicar-las-megacarceles-de-bukele-que-tanto-sirve-el-modelo/
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