Advierten con sanciones a exdiputado por frenar la preliminar en caso «chats de Lalo»

El Tribunal de Apelaciones rechazó un recurso de apelación planteado por la defensa del exdiputado Orlando Arévalo contra una providencia del juez de garantías Humberto Otazú. Además, exhortó al recurrente a litigar de buena fe bajo advertencia de que podría ser convocado a una audiencia disciplinaria.

El abogado de Arévalo había solicitado acceder a las copias autenticadas de la carpeta fiscal pero, según el juez de la etapa intermedia, esto se debía realizar a cuenta del solicitante y el mismo no se habría acercado hasta la secretaría del juzgado para llevar a cabo las copias a fin de que sean autenticadas.

“Habiendo trascurrido un tiempo prudencial para hacerlo, por lo que el juzgado, habiendo corroborado que el Departamento de Digitalización de la Corte Suprema de Justicia contaba con disponibilidad para recepcionar las carpetas fiscales, dispuso la remisión de las mismas a los efectos de obtener las copias digitalizadas, las cuales una vez finalizada, serán puestas a disposición de las partes”, señala la resolución de Otazú, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por la defensa del exparlamentario.

Posteriormente, el tribunal de alzada estudió la apelación subsidiaria planteada por el imputado y manifestó que los agravios no fueron debidamente fundamentados, por lo que corresponde el rechazo del pedido. En tal sentido, votaron los camaristas Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Arnulfo Arias.

“Los argumentos expuestos por la defensa carecen de fundamentación y de los mismos se infiere más bien un desacuerdo con la decisión del Juez de Garantías de digitalizar las carpetas fiscales ofrecidas por el Ministerio Público, en vista a organizar la audiencia preliminar y poner a disposición de todas las partes las actuaciones del MP”, expresaron.

Arévalo está siendo procesado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por, presuntamente, haber recibido beneficios a cambio de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano del cual era presidente, dictara fallos según los intereses del entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

En la causa, también está incluido el exsecretario de Gomes, Guido Javier Díaz Domínguez.