Cuando la frontera pidió defensa, el peronismo salió al territorio: Velazquez y Sáenz frente a una Nación que no entiende sus límites

La crisis abierta por la Resolución 5910 dejó una fotografía política difícil de ignorar: en dos de las fronteras más afectadas, dirigentes provenientes del peronismo asumieron la defensa institucional de sus comunidades. Dante Velazquez judicializó el conflicto en La Quiaca y Gustavo Sáenz reclamó ante Nación por las ciudades salteñas afectadas, mientras Carlos Sadir acompañó el planteo económico jujeño. Más allá de las pertenencias partidarias, los hechos vuelven a colocar una vieja pregunta sobre la mesa: ¿quién defiende verdaderamente el federalismo cuando las decisiones nacionales amenazan la vida económica de las periferias?

La Resolución 5910 consiguió algo que pocas disposiciones administrativas logran: revelar con claridad dónde aparecen las diferencias entre administrar una frontera desde Buenos Aires y vivir todos los días en ella. En La Quiaca, Dante Velazquez no se limitó al reclamo político: promovió un amparo colectivo ante la Justicia Federal, expediente FSA 19533/2026, solicitó una medida cautelar y comenzó a articular una estrategia con comerciantes, trabajadores y autoridades provinciales. En Salta, Gustavo Sáenz pidió formalmente a ARCA revisar la normativa para evitar que el control aduanero destruya el comercio legal de Aguas Blancas y Salvador Mazza, cuyos gobiernos locales también recurrieron a la Justicia.

Es legítimo advertir que Carlos Sadir también tomó posición. El gobernador jujeño recibió a Velazquez y a la Cámara de Comercio, impulsó una mesa interinstitucional y comprometió gestiones para proteger las fuentes de trabajo de La Quiaca. Pero la particularidad política está en que tanto Velazquez como Sáenz llevaron el planteo un paso más allá de la solidaridad: pusieron en discusión la relación entre Nación y territorio. Velazquez sostiene que una resolución administrativa no puede desconocer derechos protegidos por normas superiores ni alterar de manera arbitraria economías construidas durante generaciones, y convirtió ese razonamiento en una acción judicial concreta.

Desde allí aparece una lectura inevitablemente política. En un momento en que el Gobierno nacional reivindica un modelo liberal basado en la desregulación y la apertura económica, las fronteras muestran que el mercado nunca funciona sobre un territorio vacío. Hay trabajadores, pequeñas empresas, transportistas, comerciantes y familias que dependen de sistemas económicos históricos. Cuando una normativa nacional modifica abruptamente esas condiciones, el federalismo deja de ser una palabra ceremonial y se transforma en la obligación de defender a quienes viven lejos del centro del poder. En La Quiaca y en las fronteras salteñas, esa defensa encontró dirigentes de raíz peronista dispuestos a confrontar institucionalmente con Nación cuando entendieron que estaban en riesgo el trabajo y la estructura económica de sus comunidades.

Por eso puede sostenerse editorialmente que este episodio devuelve al peronismo uno de sus debates históricos: la defensa del territorio, del trabajo y de las economías regionales frente a decisiones centralizadas. No porque exista exclusividad partidaria —Sadir demuestra que el reclamo puede atravesar otras identidades políticas— sino porque Velazquez y Sáenz representan hoy dos casos concretos donde dirigentes provenientes de esa tradición colocaron al Estado provincial y municipal al servicio de una resistencia institucional. La discusión no debería reducirse a quién obtiene rédito político, sino a algo mucho más profundo: si las provincias y municipios aceptarán pasivamente regulaciones diseñadas sin conocer sus consecuencias o si volverán a ejercer un federalismo activo.

Lo ocurrido con la 5910 deja así una enseñanza para todo el Norte argentino. Las fronteras no necesitan discursos paternalistas desde Buenos Aires: necesitan reglas inteligentes, control contra la ilegalidad y respeto por economías que sostienen comunidades enteras. Velazquez lo está planteando desde la Justicia y desde la gestión; Sáenz hizo lo propio desde la representación provincial; Sadir acompañó institucionalmente el reclamo jujeño. La conclusión política no debería ser que una bandera partidaria es propietaria de las fronteras, sino que cuando el federalismo se transforma en acción concreta, cuando se defienden trabajo, territorio y derechos frente al poder central, reaparece una tradición política profundamente ligada al peronismo y a las provincias argentinas. Y quizá allí esté la discusión que recién comienza: quién estará dispuesto a defender esos territorios cuando los 120 días terminen y la Resolución 5910 vuelva a golpear la puerta.