Un total de 56 entidades hispanistas de España e Hispanoamérica dirigieron una carta al rey Felipe VI para solicitarle que ejerza su papel institucional ante la situación generada en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Las organizaciones, integradas en el denominado Protocolo de Santa Pola, consideran que la crisis ha adquirido una dimensión que afecta a la seguridad, la soberanía territorial y el funcionamiento de las instituciones españolas.

Las asociaciones firmantes pertenecen a doce países del ámbito hispano y presentan su iniciativa como una “llamada de auxilio institucional”. La carta fue redactada desde Argentina y está dirigida directamente a la Casa del Rey. Sus autores sostienen que la gravedad de la situación requiere una respuesta institucional y solicitan que Felipe VI impulse, dentro de los límites establecidos por la Constitución, medidas destinadas a garantizar la integridad territorial y los derechos de los ciudadanos de Ceuta.

El documento fundamenta su petición en diferentes artículos de la Constitución española. Los firmantes recuerdan que el artículo 56.1 define al monarca como jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia de España, mientras que también citan el artículo 62.h, relativo al mando supremo de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, invocan la función constitucional del Rey de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

La cuestión territorial ocupa un lugar central en el escrito. Las organizaciones denuncian lo que consideran una respuesta insuficiente del Gobierno español frente a la situación de la frontera de Ceuta y sostienen que el Estado debe garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Para sustentar su posición también recurren al artículo 8.1 de la Constitución, que establece las funciones de las Fuerzas Armadas en materia de defensa de España y del orden constitucional.

El planteamiento de las asociaciones va incluso más allá del ámbito estrictamente español. La carta incorpora argumentos de Derecho Internacional y sostiene que los acontecimientos en la frontera podrían entrar en conflicto con el principio de integridad territorial establecido en la Carta de las Naciones Unidas y con los compromisos bilaterales existentes entre España y Marruecos. Se trata, en cualquier caso, de la interpretación jurídica y política expresada por los propios firmantes, no de una determinación judicial sobre esos hechos.

Uno de los puntos más contundentes del documento aparece cuando las organizaciones describen a los habitantes de Ceuta como personas que se encontrarían desprotegidas ante la situación fronteriza. El texto utiliza el término “invasión” para caracterizar los acontecimientos y reclama medidas destinadas a garantizar la seguridad, las libertades y los derechos de los ciudadanos de la ciudad autónoma.

La carta también introduce una dimensión política interna. El Protocolo de Santa Pola vincula la situación de Ceuta con lo que define como una “parálisis institucional” del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre sus críticas menciona la falta de una mayoría parlamentaria estable y la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, aunque la propia Constitución contempla la prórroga automática de los presupuestos anteriores cuando los nuevos no han sido aprobados.

A partir de ese diagnóstico, las organizaciones reclaman la convocatoria de elecciones generales y sostienen que los ciudadanos deberían volver a pronunciarse en las urnas. Sin embargo, existe un elemento constitucional importante: la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria electoral no dependen de una decisión autónoma del Rey, sino que se realizan conforme al procedimiento constitucional, a propuesta del presidente del Gobierno.

La petición se produce además en un contexto en el que ya se había planteado públicamente la posibilidad de que Felipe VI visite Ceuta. Una visita de la Corona tendría una fuerte carga política y diplomática debido a la particular sensibilidad de la ciudad y a la relación de España con Marruecos. Expertos constitucionalistas citados por RTVE han señalado que una eventual visita del monarca a Ceuta no tendría el mismo significado que una visita ordinaria a cualquier otro territorio español.

La crisis también ha generado una importante presión humanitaria y administrativa. A comienzos de septiembre, el Gobierno español anunció un paquete de 168 millones de euros en ayudas urgentes para Ceuta, junto con medidas para reforzar la atención y habilitar unas 6.000 plazas asistenciales. La situación de los menores extranjeros no acompañados continúa siendo uno de los principales desafíos para los servicios de protección de la ciudad.

El episodio tiene además una dimensión diplomática particularmente delicada. Ceuta se encuentra en la costa norte de África, pero forma parte de España, mientras que Marruecos mantiene una reivindicación histórica sobre la ciudad. Cualquier crisis relacionada con la frontera adquiere por ello una sensibilidad que trasciende la cuestión migratoria y puede repercutir directamente en las relaciones entre Madrid y Rabat.

Para las entidades que suscribieron la carta, la respuesta no debería limitarse a la gestión inmediata de la emergencia migratoria. Su planteamiento es que la situación constituye una prueba sobre la capacidad del Estado español para proteger sus fronteras, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y preservar el funcionamiento de las instituciones constitucionales.

La iniciativa coloca nuevamente a Felipe VI en el centro del debate político sobre Ceuta. Las 56 organizaciones esperan que la Corona escuche su petición y adopte, dentro de sus competencias constitucionales, un papel institucional ante una crisis que combina migración, seguridad fronteriza, relaciones con Marruecos y estabilidad política interna. El debate, sin embargo, también evidencia los límites constitucionales de la Jefatura del Estado: el Rey puede ejercer funciones de representación, arbitraje y moderación, pero muchas de las medidas reclamadas por los firmantes corresponden jurídicamente al Gobierno y a las Cortes.

Foto: La Tribuna del País Vasco