El ajuste fiscal es necesario, pero necesita correcciones 

La Ley de Rescate Económico puede ser la última oportunidad de alejarnos del precipicio fiscal. Sin embargo, el Congreso debe eliminar los artículos que otorgan beneficios a las grandes fortunas y a los evasores, lo que le resta legitimidad social al rescate. 

A pesar de que Colombia todavía no enfrenta una crisis fiscal, entendida como la imposibilidad de obtener financiación para atender las obligaciones del Estado, la precaria situación de las finanzas públicas ya presiona varios frentes. La mayor percepción de riesgo está encareciendo el endeudamiento del gobierno. Los títulos de deuda pública sirven de referencia para las demás tasas de interés, por lo que ese mayor costo se está trasladando al crédito de empresas y hogares, frenando la inversión y el crecimiento de largo plazo. Además, la incertidumbre fiscal dificulta la convergencia de la inflación a la meta y reduce el margen para bajar las tasas. No hace falta que el Estado pierda acceso al crédito para que el desequilibrio de sus cuentas afecte al resto de la economía. 

Pero la situación podría ser peor. Ante un choque externo, el gobierno podría enfrentar una crisis fiscal al quedarse sin fuentes de financiación, por más alta que sea la tasa de interés que ofrezca. En ese escenario, la falta de liquidez obligaría al gobierno a atrasar pagos y a incumplir sus obligaciones. Un default sobre la deuda afectaría no solo a inversionistas internacionales, sino también a bancos, fondos de pensiones, fiduciarias y aseguradoras, quienes son los mayores tenedores de deuda pública interna. También estarían en riesgo los pagos de pensiones, los giros a la salud y el pago de las nóminas. Estos incumplimientos podrían llegar a desencadenar una crisis financiera y una crisis en los servicios del Estado. Recurrir persistentemente a la emisión para financiar el déficit tampoco eliminaría el costo del ajuste, sino que lo trasladaría a la población mediante el impuesto inflacionario. 

En este contexto, la presentación del proyecto de la Ley de Rescate Económico no es solo oportuna sino necesaria. Según las estimaciones del gobierno, la ley reduciría el déficit primario frente al escenario sin reforma mediante un ajuste gradual que arranca en 2,4 puntos del PIB para 2027 y llega a 4,1 puntos para 2030. De materializarse, el ajuste reducirá el riesgo de una crisis fiscal. 

Un ajuste de este tamaño naturalmente es doloroso. Del ajuste previsto para 2030, aproximadamente uno de cada cinco pesos corresponde a reducciones de gasto y cuatro a aumentos de ingresos. Como lo hemos venido advirtiendo desde hace al menos dos años, el ajuste necesariamente tiene que pasar por los ingresos, dado que el espacio para reducir el gasto es limitado. Contrario a lo que se cree todavía en muchos círculos, el desmedido aumento del gasto ha sido solo en parte consecuencia de decisiones discrecionales del gobierno de turno y responde principalmente a factores estructurales como la salud y las pensiones. Aunque la reducción del gasto es necesaria, el margen para hacerlo ha sido y sigue siendo limitado.

Es por eso que hay que reconocer valentía en presentar un proyecto de ley que aumenta muchos impuestos, a pesar de las promesas de campaña. Entre los aumentos están los del IVA, el impuesto de renta de personas naturales y los impuestos a los licores, los cigarrillos y el carbono. También está el aumento de la cotización a salud, lo cual es una forma indirecta de ajuste, pues cada peso adicional en cotizaciones es un peso menos del presupuesto que tiene que girarse para cerrar el déficit del sistema. 

La consecuencia del ajuste es entonces una mayor carga para quienes cotizamos a salud sobre más de dos salarios mínimos. A esto se suma que baja el umbral a partir del cual se paga renta como persona natural y se introduce un tramo con una tarifa del 9%, además del aumento del IVA para quienes no tenemos derecho a devoluciones. 

Es por eso que el gran talón de Aquiles de la reforma está en los beneficios que concede a grandes inversionistas, a quienes ocultaron patrimonio y a ciertos importadores de combustibles. 

El artículo 69 crea el Ruge, un régimen especial regresivo que va en dirección contraria a lo que hemos venido proponiendo diversos analistas de muchas corrientes en muchos espacios. En vez de eliminar beneficios tributarios, los aumenta. En vez de eliminar regímenes especiales, crea uno más. Ofrece una tarifa de renta del 20% durante 16 años a proyectos cuya ejecución se inicie en 2027 o 2028, pero exige inversiones mínimas desde unos $135.000.000.000, según la actividad. Es un regalo para sectores como la construcción y la minería. 

El artículo 70 permite normalizar activos omitidos y pasivos inexistentes pagando el 15% del valor regularizado, sin las sanciones asociadas ni acción penal por esas conductas. Obtener recaudo inmediato no resuelve el trato desigual frente a quienes declararon y pagaron oportunamente. 

El artículo 95 permite reliquidar tributos según la interpretación oficial más favorable vigente al realizar las operaciones. Sin embargo, aplica solo a la importación de combustibles y a disputas superiores a $105 mil millones. Aunque la exposición de motivos invoca la confianza legítima ante cambios de criterio de la Dian, al momento de escribir esta columna el autor sigue sin entender por qué esa protección se reserva a ese sector y a esa cuantía. 

El ajuste fiscal es necesario y todos tenemos que hacer sacrificios. Pero pedirles más a trabajadores y hogares mientras se conceden beneficios a grandes inversionistas, importadores de combustibles y quienes ocultaron patrimonio le resta legitimidad social y hace más difícil defenderlo ante el Congreso, ante la opinión pública y en las calles.