La Justicia Federal de La Plata procesó a Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la ANMAT, y a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en la investigación por el uso de fentanilo contaminado vinculado, según la causa judicial, con al menos 90 muertes y decenas de pacientes afectados en Argentina.

La decisión fue adoptada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien consideró que existen elementos para procesar a ambas exfuncionarias por su presunta participación necesaria en el delito de adulteración de sustancias medicinales. La resolución fue dictada sin prisión preventiva, aunque se mantienen medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir del país.

La investigación apunta a los controles sanitarios

El caso investiga la producción y distribución de partidas de fentanilo contaminado elaboradas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que posteriormente llegaron a centros sanitarios. La pesquisa judicial no se limita a determinar las responsabilidades de las empresas, sino que también analiza la actuación de los organismos estatales encargados de fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos.

Según la acusación fiscal y la reconstrucción incorporada al expediente, las autoridades del organismo regulador habrían tenido conocimiento de deficiencias e irregularidades detectadas durante inspecciones realizadas en las instalaciones de los laboratorios. Parte de las medidas preventivas propuestas por los equipos técnicos, según la investigación, fueron demoradas, frenadas o no firmadas antes de que los lotes cuestionados comenzaran a circular.

Un expediente que investiga al menos 90 fallecimientos

La dimensión sanitaria del caso convirtió la investigación en una de las más graves relacionadas con medicamentos en la historia reciente de Argentina. La resolución judicial menciona al menos 90 personas fallecidas, además de pacientes que habrían sufrido lesiones de distinta gravedad tras la administración hospitalaria del producto contaminado.

Los investigadores analizan dos lotes de fentanilo y la posible contaminación con bacterias. La Fiscalía sostiene que las deficiencias detectadas en los controles y las demoras en la adopción de medidas preventivas forman parte central de la reconstrucción de los hechos. La responsabilidad penal definitiva, sin embargo, deberá determinarse durante el desarrollo posterior del proceso judicial.

Embargo millonario y restricciones

Además del procesamiento, la Justicia dispuso medidas sobre el patrimonio de las imputadas. Las informaciones publicadas este 1 de septiembre indican que se establecieron embargos de hasta 500.000 millones de pesos para cada una, además de otras restricciones judiciales.

El procesamiento no equivale a una condena. La medida significa que el juez considera que existen elementos suficientes para continuar la causa penal contra las exfuncionarias, mientras la investigación sigue avanzando sobre la cadena de producción, control, distribución y utilización del fentanilo.

Un caso que vuelve a poner bajo debate el sistema de control

La causa trasciende a las empresas directamente involucradas y abre un debate sobre el funcionamiento de los mecanismos públicos de fiscalización de medicamentos. Cuando un producto farmacéutico falla, la investigación debe establecer no solo dónde se produjo la contaminación, sino también si los sistemas destinados a detectar y detener el riesgo funcionaron de manera adecuada y en el momento oportuno.

Para las familias de las víctimas, el avance judicial representa un nuevo capítulo en la búsqueda de responsabilidades por una tragedia que dejó decenas de muertos y pacientes afectados. La investigación continúa y el expediente todavía deberá atravesar nuevas etapas antes de que la Justicia determine responsabilidades definitivas.

Foto: Archivo / medios argentinos