Bolivia volvió a enfrentar una jornada de alta tensión social después de que el Gobierno desplegara efectivos militares y policiales para impedir bloqueos de carreteras, mientras reconocía simultáneamente que el decreto que originó las protestas presenta problemas y debe ser modificado o incluso derogado. La crisis gira en torno al Decreto Supremo 5676, que elevó el precio del diésel para determinados grandes consumidores.

El foco inicial estuvo en Yapacaní, departamento de Santa Cruz, donde organizaciones de productores habían anunciado medidas de presión. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que el despliegue tenía carácter preventivo y buscaba mantener libre la circulación y evitar enfrentamientos. El Ejecutivo sostiene que, bajo el estado de excepción vigente, se mantiene el derecho a protestar y reunirse, pero no a bloquear carreteras o impedir el tránsito.

La contradicción política se hizo evidente cuando el viceministro Hernán Paredes reconoció que la norma estaba generando dificultades en su aplicación. Según explicó, el objetivo era que los grandes consumidores importaran su propio combustible, mientras los pequeños productores conservaran el acceso al diésel subvencionado. Sin embargo, el mecanismo no habría producido los resultados esperados, por lo que el Gobierno abrió la posibilidad de anular o reformular la medida.

El Decreto Supremo 5676, emitido el 17 de agosto, estableció un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para industrias, empresas y grandes consumidores, frente a los 9,80 bolivianos aplicables al transporte público y a determinados consumidores de menor volumen. Los productores denunciaron que la medida elevó fuertemente sus costos y afectó el abastecimiento de combustible.

La tensión también alcanzó la ruta que conecta Santa Cruz con Beni, donde productores instalaron bloqueos cerca del puente San Pablo. El Gobierno respondió con una combinación de negociación y despliegue de fuerzas de seguridad. Las protestas llegaron incluso a afectar el transporte terrestre, con suspensión de algunas salidas de autobuses desde la terminal cruceña.

El conflicto adquiere una dimensión nacional porque Yapacaní es considerado un punto estratégico para la producción agrícola y la circulación entre diferentes regiones bolivianas. Un cierre prolongado podría afectar el transporte de alimentos, el comercio interno y las conexiones utilizadas por el comercio exterior.

La situación se desarrolla además bajo un estado de excepción declarado el 20 de junio por 90 días, cuya vigencia llega hasta el 20 de septiembre. Según la Defensoría del Pueblo, la medida permitió reducir bloqueos y recuperar la transitabilidad en algunas zonas, pero no resuelve las causas profundas de la conflictividad social, que podrían provocar nuevas movilizaciones si no existe una respuesta política y económica.

Al menos diez organizaciones, entre ellas sectores mineros, transportistas, comerciantes y productores de coca, han expresado diferentes niveles de rechazo a las medidas gubernamentales. Paralelamente, sectores vinculados al expresidente Evo Morales evaluaron nuevas acciones en el Trópico de Cochabamba. El Gobierno también ha señalado que analiza la posibilidad de ampliar el estado de excepción si persisten las amenazas de nuevos bloqueos.

La crisis deja una imagen políticamente compleja para Bolivia: el Estado moviliza fuerzas militares y policiales para contener protestas provocadas por una norma que el propio Gobierno reconoce que necesita ser corregida. El desafío inmediato será encontrar una salida que garantice el abastecimiento de combustible y reduzca la presión sobre los productores, sin abrir una nueva escalada de conflictos en las carreteras del país.

Foto: Referencial / Fuerzas Armadas de Bolivia