Bolivia duplica el precio del diésel para grandes consumidores en medio de una nueva crisis de abastecimiento

El Gobierno de Bolivia elevó de 9,80 a 18 bolivianos el precio del litro de diésel para los grandes consumidores y clientes directos, una suba cercana al 84% que busca reducir el desabastecimiento y frenar el desvío de combustible hacia mercados paralelos y el contrabando. La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo 5676 y establece que el nuevo valor tendrá como referencia el precio internacional, con una actualización diaria. El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que la decisión es necesaria para regularizar la distribución en un momento en que las filas en los surtidores y la falta de combustible amenazan especialmente a sectores productivos.

La modificación no alcanza de la misma manera a todos los consumidores. Los transportistas y usuarios que carguen menos de 120 litros continuarán pagando el precio vigente de 9,80 bolivianos por litro, según explicaron el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. El nuevo valor está dirigido principalmente a quienes adquieren grandes volúmenes directamente y a determinadas actividades productivas.

El Gobierno argumenta que el esquema anterior estaba generando una fuerte distorsión. Según las autoridades, pese al esfuerzo financiero destinado a importar y distribuir diésel, grandes cantidades del combustible terminaban desviadas por redes de contrabando y mercados paralelos, mientras los consumidores formales enfrentaban dificultades para conseguirlo en los surtidores.

El precio de 18 bolivianos tampoco surge de manera aislada. Las autoridades señalaron que en el mercado privado, paralelo y de contrabando el litro ya se comercializaba entre 19 y 25 bolivianos, por lo que la nueva tarifa oficial busca acercar el precio de los grandes consumidores a las condiciones reales del mercado.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para Bolivia. El país arrastra desde hace más de dos años problemas recurrentes de abastecimiento de combustibles, relacionados con la caída de la producción interna y las dificultades para conseguir las divisas necesarias para financiar las importaciones. La situación afecta especialmente al diésel porque Bolivia importa prácticamente todo el combustible que consume.

El problema tiene además una dimensión fiscal. Durante casi dos décadas, los precios internos de los combustibles permanecieron por debajo de las referencias internacionales gracias a un sistema de subvenciones que representó un costo considerable para las cuentas públicas. La falta de dólares, la menor producción nacional y el aumento de las necesidades de importación hicieron que ese esquema se volviera cada vez más difícil de sostener.

El Gobierno de Paz ya había realizado un cambio profundo en diciembre. En aquella oportunidad, el precio del diésel pasó de 3,50 a 9,80 bolivianos por litro, un incremento del 162%, mientras la gasolina especial subió de 3,50 a 6,96 bolivianos. Posteriormente, el Ejecutivo congeló esos valores hasta fin de año para evitar un impacto todavía mayor sobre la economía.

La nueva decisión introduce ahora una diferencia entre consumidores. Mientras la mayoría de la población mantiene el precio de 9,80 bolivianos, los grandes compradores deberán pagar prácticamente el doble, una medida que puede modificar significativamente los costos de empresas agrícolas, mineras, industriales y otras actividades que utilizan grandes cantidades de diésel.

Ese es precisamente uno de los puntos que genera mayor preocupación. El diésel es un insumo fundamental para el transporte de mercancías y para buena parte de la maquinaria utilizada en el campo. Un aumento considerable del combustible para los grandes consumidores puede trasladarse a los costos de producción, aunque el Gobierno sostiene que el precio de la canasta familiar no debería verse afectado directamente.

La administración de Paz intenta evitar que el incremento termine provocando una nueva presión sobre los precios. El argumento oficial es que la medida permitirá garantizar el suministro, reduciendo los incentivos para desviar combustible subsidiado hacia actividades ilegales y asegurando una mayor disponibilidad para quienes realmente necesitan el producto.

El sector agropecuario observa el problema con especial atención. Bolivia atraviesa una etapa en la que la disponibilidad de diésel resulta fundamental para las labores de preparación de tierras, siembra, cosecha y transporte. Una interrupción prolongada del suministro podría afectar las cadenas de producción y distribución de alimentos.

La crisis también tiene un componente cambiario. La importación de combustibles requiere dólares y Bolivia enfrenta desde hace años una fuerte reducción de sus reservas internacionales. La escasez de divisas limita la capacidad de YPFB para adquirir combustible en el exterior en las cantidades necesarias, lo que termina repercutiendo directamente en el abastecimiento interno.

El problema se agravó porque Bolivia dejó de contar con la producción suficiente para cubrir su demanda. La caída de la producción de hidrocarburos redujo la disponibilidad de combustibles nacionales y aumentó la dependencia de las importaciones.

La situación explica por qué el precio del combustible se convirtió en uno de los principales desafíos económicos del Gobierno de Paz. No se trata solamente de cuánto cuesta llenar un tanque, sino de cómo financiar las importaciones, garantizar el abastecimiento y evitar que los subsidios vuelvan a generar un agujero fiscal.

La medida también representa otro paso en el proceso de desmontaje del antiguo sistema de subvenciones. El Gobierno busca avanzar hacia un esquema en el que los precios reflejen progresivamente las condiciones internacionales, aunque intenta evitar que ese proceso golpee de manera inmediata a toda la población.

Por eso, la diferenciación entre pequeños y grandes consumidores resulta políticamente relevante. El Ejecutivo preserva por ahora el precio de 9,80 bolivianos para quienes cargan menos de 120 litros, mientras traslada el ajuste a quienes compran grandes volúmenes.

La pregunta será si esa diferenciación alcanza para resolver el problema de abastecimiento. Si el combustible continúa escaseando, el aumento del precio para grandes consumidores podría no ser suficiente para garantizar una distribución normal.

También habrá que observar cómo reaccionan los sectores productivos. Empresas agrícolas, mineras y de transporte pesado deberán evaluar el impacto de un diésel cercano al precio internacional sobre sus costos operativos. En algunos casos, ese incremento podría terminar trasladándose a los precios finales de bienes y servicios.

El Gobierno, sin embargo, apuesta a que un precio más cercano al internacional reduzca el contrabando y permita que el combustible llegue efectivamente a quienes lo necesitan, en lugar de mantener un precio artificialmente bajo que incentive su desvío.

La experiencia de los últimos meses muestra la dificultad de esa estrategia. El Estado ya había reducido significativamente la subvención, pero la escasez no desapareció completamente. Esto indica que el problema no depende únicamente del precio interno, sino también de la disponibilidad de dólares, la capacidad de importación, la logística y la distribución.

Bolivia enfrenta así una combinación compleja: menos producción nacional, alta dependencia de las importaciones, escasez de divisas y una demanda de combustible que continúa siendo elevada.

La nueva medida intenta atacar uno de esos problemas: la distorsión de precios entre el mercado formal y el mercado paralelo. Si consigue reducir el desvío y mejorar la disponibilidad, el Gobierno podría recuperar parte del control sobre la distribución.

Pero si el aumento termina elevando los costos productivos sin solucionar las dificultades de abastecimiento, la presión sobre el Ejecutivo podría aumentar.

La decisión de llevar el diésel para grandes consumidores a 18 bolivianos marca una nueva etapa en la política energética de Bolivia. El Gobierno busca abandonar gradualmente un sistema de subsidios que considera insostenible y, al mismo tiempo, garantizar combustible suficiente para la economía. El resultado dependerá de si logra conseguir las divisas necesarias para mantener las importaciones, reducir el contrabando y normalizar la distribución. Para los consumidores comunes, el precio se mantiene por ahora en 9,80 bolivianos, pero para los grandes usuarios comienza una etapa de costos mucho más elevados que podría tener consecuencias sobre la producción y las cadenas de transporte.