Uruguay: el Mides acumula meses de atrasos con residenciales y enfrenta cuestionamientos por el nuevo sistema de convenios

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reconoció atrasos de varios meses en los pagos a residenciales que alojan a personas derivadas por el Estado, en medio de cambios en el sistema de contratación y de una creciente preocupación entre los prestadores por los costos de mantener a los usuarios sin recibir los fondos en los plazos previstos. La situación se produjo después de que el ministerio redujera los cupos contratados con la Fundación A Ganar y estableciera un nuevo convenio con Integra, una de las principales asociaciones que reúne a residenciales.

El programa de contratación de cupos en residenciales había sido creado durante la administración anterior para atender especialmente a personas mayores en situación de calle que requieren cuidados permanentes y para quienes un refugio convencional no resulta adecuado. Con el cambio de administración, el Mides decidió mantener el programa, pero modificó la distribución de los cupos y la forma de contratación.

Según la información conocida, el ministerio redujo la cantidad de plazas contratadas a la Fundación A Ganar y otorgó 110 cupos a Integra, organización que nuclea a numerosos establecimientos de larga estadía. La modificación generó cuestionamientos políticos y también dificultades operativas para algunos prestadores que participan del sistema.

El problema más inmediato está relacionado con los pagos. Fuentes del sector señalaron que algunos residenciales acumulan atrasos de varios meses, una situación que puede comprometer la capacidad de los establecimientos para continuar atendiendo a las personas derivadas por el Mides.

Desde el propio ministerio reconocieron que existen atrasos tanto con residenciales como con organizaciones no gubernamentales que participan de distintos programas. La cartera aseguró que se trata de una dificultad que espera resolver próximamente.

La demora tiene consecuencias concretas para los establecimientos. Los residenciales deben afrontar alimentación, medicamentos, salarios, servicios, mantenimiento y atención cotidiana de personas que, en muchos casos, necesitan cuidados permanentes. Cuando el pago estatal se demora durante meses, el prestador termina financiando temporalmente una parte de la política social con sus propios recursos.

El referente de Integra, Sabino Montenegro, planteó internamente la preocupación por la situación y señaló que el Estado puede estar pagando actualmente en plazos de entre 120 y 150 días. También sostuvo que los establecimientos que no puedan soportar esos períodos deben comunicarlo para buscar alternativas que permitan garantizar el alojamiento de las personas.

Montenegro resumió la dificultad con una frase que refleja la tensión existente: “No estamos para pelearnos con la gente que nos inspecciona”. El planteo refleja que los residenciales dependen financieramente del Estado, pero al mismo tiempo están sujetos a controles del propio Mides.

La situación adquiere una dimensión adicional porque Integra no es solamente una organización que participa en la prestación del servicio. También reúne a residenciales, por lo que sectores de la oposición cuestionan que haya recibido parte de los cupos mientras mantiene una participación en tareas vinculadas con el seguimiento del sistema.

La diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg planteó este punto durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas en Diputados. La legisladora cuestionó que una organización integrada por prestadores pueda tener simultáneamente funciones vinculadas al seguimiento del servicio, al considerar que podría existir un riesgo de conflicto de intereses.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, rechazó esa interpretación. Según explicó ante el Parlamento, existen diferentes mecanismos de control y el Mides mantiene la responsabilidad de inspeccionar los establecimientos de larga estadía.

Civila sostuvo además que el nuevo esquema permitió reducir el costo del cupo por persona, debido a que algunos componentes previstos en el programa anterior no se estaban ejecutando. El ministerio decidió trabajar con dos actores: la Fundación A Ganar para determinados establecimientos y la asociación Integra para otros.

El ministro insistió en que el Estado no delegó el control de los residenciales en un intermediario. Según su explicación, el Mides continúa realizando inspecciones y seguimiento, mientras otros organismos estatales también participan de los controles correspondientes.

La discusión se produce además en un momento en que el Gobierno analiza sus recursos disponibles dentro de la Rendición de Cuentas. Desde el sector de los residenciales existe preocupación por la posibilidad de que la disponibilidad presupuestaria limite la cantidad de cupos que el Mides pueda contratar en el futuro.

Para los establecimientos, el problema no se limita a la cantidad de plazas. También importa la previsibilidad de los pagos. Un sistema en el que los prestadores deben esperar varios meses para cobrar dificulta la planificación financiera y puede terminar reduciendo la cantidad de instituciones dispuestas a participar.

Esto es particularmente delicado cuando se trata de personas mayores o con necesidades de atención permanente. La continuidad del alojamiento no puede depender únicamente de la capacidad financiera temporal del residencial, porque una interrupción del servicio puede obligar a trasladar a personas vulnerables a otros establecimientos.

La propia organización Integra reconoció que los residenciales que reciben usuarios derivados por el Mides representan aproximadamente el 20% de los establecimientos que integran la asociación. Esto significa que la demora no afecta de la misma manera a todos los prestadores, pero sí concentra el impacto en aquellos que dependen de los convenios estatales.

El caso también pone en evidencia una cuestión más amplia de las políticas sociales uruguayas: el Estado recurre cada vez más a organizaciones privadas y de la sociedad civil para prestar servicios destinados a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Ese modelo permite ampliar rápidamente la capacidad de atención sin que el Estado tenga que administrar directamente cada establecimiento. Sin embargo, también genera una fuerte dependencia de los convenios, de los mecanismos de pago y de la capacidad de supervisión pública.

Cuando alguno de esos elementos falla, las consecuencias pueden terminar afectando directamente a los usuarios.

El Gobierno deberá resolver, por un lado, los atrasos acumulados y, por otro, garantizar que el nuevo modelo de contratación tenga reglas claras para todos los participantes. También tendrá que demostrar que los controles son suficientemente independientes y que la reducción del costo por cupo no se traduce en una disminución de la calidad de la atención.

La discusión parlamentaria muestra que el cambio de convenios ya dejó de ser una cuestión exclusivamente administrativa. La oposición cuestiona la forma en que se distribuyeron los cupos y el papel de Integra, mientras el Mides defiende el nuevo esquema por razones de costos y asegura que mantiene el control sobre los establecimientos.

Mientras tanto, los residenciales enfrentan un problema mucho más inmediato: necesitan cobrar por los servicios que ya prestaron.

El desafío para el Mides será garantizar que los cambios en el sistema de convenios no terminen trasladando los problemas financieros del Estado a los establecimientos que atienden a personas vulnerables. Resolver los atrasos, asegurar pagos previsibles y mantener controles independientes serán condiciones fundamentales para que el programa pueda funcionar sin poner en riesgo la continuidad de los alojamientos. La discusión presupuestaria y la evolución de los nuevos convenios determinarán si el Gobierno logra estabilizar el sistema durante los próximos meses.