¿Por qué al NOA le importa el futuro del DNU 70? Tierras, proveedores y economías regionales vuelven al centro del debate

La ofensiva opositora para que Diputados rechace el DNU 70/2023 abre una discusión que para el NOA tiene una dimensión mucho más profunda que la pelea entre Javier Milei y el Congreso. El decreto eliminó o modificó regulaciones vinculadas con tierras rurales, compras públicas, abastecimiento, góndolas y otras áreas económicas. Para provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, el punto central es si la desregulación beneficia realmente a economías periféricas o si termina debilitando herramientas que protegían proveedores, productores y activos estratégicos. El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024 y la oposición convocó a Diputados para tratarlo el 15 de octubre.

Uno de los capítulos más sensibles para el Norte es la tierra. El artículo 154 del DNU derogó la Ley 26.737, que establecía límites específicos a la propiedad rural extranjera. En provincias donde se concentran litio, agua, recursos mineros, zonas fronterizas y grandes extensiones rurales, el debate no es solamente inmobiliario: también involucra control económico sobre activos estratégicos. Sin embargo, hay una advertencia jurídica importante: que Diputados rechace el DNU no garantiza automáticamente que todas las leyes derogadas “revivan” sin discusión. La Ley 26.122 establece que el rechazo de ambas Cámaras produce la derogación del decreto hacia adelante, y el propio Poder Ejecutivo sostuvo en 2025 que eso no necesariamente restablece por sí solo las normas previamente eliminadas. Por eso, el Congreso podría necesitar legislación complementaria para evitar vacíos e incertidumbre.

El segundo asunto estratégico para el NOA es el Compre Argentino y el desarrollo de proveedores. El DNU derogó prácticamente todo el régimen de la Ley 27.437, que otorgaba preferencias a bienes nacionales y promovía acuerdos de cooperación productiva, participación de PyMEs y desarrollo de proveedores locales. Para el Norte esto tiene especial relevancia porque provincias mineras como Jujuy y Catamarca discuten precisamente cuánto de las grandes inversiones queda en empresas regionales. Una política de compras públicas y encadenamientos nacionales puede funcionar como instrumento para que una inversión no termine siendo solamente extracción y exportación, sino demanda de metalmecánica, transporte, construcción, software, alimentos y servicios producidos en la región.

También aparece la antigua Ley de Góndolas, derogada por el DNU, cuyo objetivo declarado era aumentar competencia y diversidad de proveedores en supermercados. Para pequeños productores de alimentos, cooperativas y PyMEs regionales del NOA, disponer de mecanismos que amplíen el acceso a grandes superficies podía significar una oportunidad comercial. El Gobierno nacional sostiene, en sentido contrario, que este tipo de regulaciones generaba burocracia, mayores costos y distorsiones, y que las provincias pueden desarrollar políticas propias para sus productos regionales. Esa es la discusión económica real: si la competencia por sí sola abre mercados para pequeños productores o si, sin instrumentos específicos, las grandes cadenas terminan concentrando todavía más el espacio comercial.

La derogación de la Ley de Abastecimiento plantea una tensión similar. Ese régimen permitía al Estado intervenir en situaciones de abastecimiento, precios y márgenes en bienes esenciales; el DNU lo eliminó. Sus críticos sostienen que estas herramientas distorsionan precios y desalientan inversión; sus defensores argumentan que constituyen una red de intervención ante abusos o situaciones excepcionales. En provincias del NOA, donde los costos logísticos son mayores y muchos mercados tienen menor cantidad de oferentes, el diseño de políticas de competencia, abastecimiento y protección al consumidor puede tener consecuencias distintas que en los grandes centros metropolitanos.

Nos preguntemos qué reglas necesita el Norte para que la apertura económica no transforme a sus provincias en simples territorios de extracción y consumo. Jujuy puede exportar litio, Salta puede expandir minería, Tucumán producir azúcar y Santiago del Estero alimentos, pero el desarrollo regional depende de cuánto valor agregado, empleo, empresas y propiedad permanezcan en el territorio. La discusión del DNU ofrece al Congreso la oportunidad de separar regulaciones obsoletas de aquellas que pueden servir para defender proveedores nacionales, activos estratégicos y economías regionales. El desafío no debería ser regresar mecánicamente al pasado, sino construir reglas modernas que permitan inversión sin renunciar al desarrollo territorial.