Abierta injerencia del Senado en la Corte en causa Conmebol-Banco Atlas

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración en que manifiesta su “preocupación” por la demora de la Sala Penal de la Corte para resolver una recusación en el pleito entre Conmebol y Banco Atlas. La decisión puede ser considerada como una injerencia de la Cámara Alta en la máxima instancia del Poder Judicial, que está prohibido por la Constitución Nacional.

La iniciativa fue presentada por el senador Dionisio Amarilla y tratada sobre tablas durante una sesión extraordinaria presidida por Javier Zacarías Irún. El proyecto fue aprobado con votos de senadores de distintas bancadas y plantea que el retraso afecta la regular prosecución del proceso y genera una preocupación institucional.

El reclamo parlamentario apunta directamente al tiempo que lleva pendiente una recusación promovida contra los integrantes del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado. Mientras la Sala Penal no resuelva el incidente, ese tribunal no puede tratar los recursos pendientes y tampoco puede completarse el trámite para que el juzgado fije la audiencia preliminar.

La Fiscalía ya presentó acusación y solicitó que el proceso avance a juicio oral. Entre los acusados figuran el presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, además de integrantes del directorio, a quienes el Ministerio Público atribuye presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con fondos provenientes de operaciones ilícitas atribuidas al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.

El proyecto aprobado por el Senado sostiene que la resolución oportuna de los incidentes procesales resulta especialmente importante en investigaciones por lavado de activos, debido a los compromisos internacionales asumidos por Paraguay y a la necesidad de demostrar efectividad en la persecución de este tipo de delitos.

Sin embargo, la declaración abrió un debate constitucional por tratarse de una causa judicial concreta y de una recusación que debe ser resuelta por la Corte. El artículo 248 de la Constitución establece la independencia del Poder Judicial y dispone que los demás poderes no pueden arrogarse atribuciones judiciales, paralizar procesos existentes ni intervenir de cualquier modo en los juicios.

El propio proyecto intenta dejar a salvo ese límite al señalar que la declaración no pretende anticipar el sentido de la resolución de la recusación, atribuir responsabilidad penal a ninguna persona ni interferir en las atribuciones de los magistrados. El texto presenta la iniciativa como una expresión de preocupación institucional por la demora.

No obstante, la forma en que fue aprobada generó cuestionamientos dentro del propio Senado. El senador Eduardo Nakayama posteriormente pidió reconsiderar su voto y sostuvo que el Congreso no debería involucrarse en asuntos correspondientes a otro poder del Estado. También Rafael Filizzola planteó que la declaración podría vulnerar el artículo 248 al ejercer presión institucional sobre la Corte Suprema.

Filizzola solicitó la reconsideración del proyecto y sostuvo que los constituyentes establecieron una protección especial para evitar presiones externas sobre el Poder Judicial. El senador Ever Villalba también anunció que acompañaría una iniciativa para dejar sin efecto la declaración. Sin embargo, la reconsideración no pudo ser votada debido a la falta de cuórum, por lo que el pronunciamiento aprobado inicialmente quedó vigente.

La controversia se instala así en una doble dimensión: por un lado, la demora de la Corte mantiene frenada una causa penal en la que la Fiscalía ya presentó acusación; por otro, el reclamo del Senado por esa demora plantea el límite entre el control institucional de los poderes del Estado y la prohibición constitucional de intervenir en procesos judiciales. La propia Constitución establece que los actos que atenten contra la independencia judicial carecen de validez.