Una grave denuncia sobre la presunta desaparición de aproximadamente 280 kilos de cocaína durante un procedimiento policial en Los Cedrales, departamento de Alto Paraná, vuelve a colocar bajo escrutinio a las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico en Paraguay. El procedimiento, realizado el 31 de julio sobre la ruta PY07, fue informado oficialmente como una operación que terminó con la incautación de 21,354 kilos de cocaína y la detención del camionero Juan Benito Parra Páez. Sin embargo, una investigación publicada por Diario La Clave sostiene, a partir de fuentes que el medio considera confiables y de la versión atribuida al conductor, que el camión habría transportado inicialmente más de 300 kilos de droga y que unos 280 kilos habrían desaparecido antes de que la Fiscalía tomara intervención. La denuncia incluye además una supuesta exigencia de 300.000 dólares para liberar la carga y advertencias de muerte contra el camionero, su familia y policías que participaron del procedimiento. Hasta el 10 de agosto, La Clave sostiene que no se había informado públicamente de una investigación interna de la Policía ni de una pesquisa fiscal de oficio sobre el presunto faltante. Estos extremos no han sido demostrados judicialmente y deben ser considerados como una denuncia en investigación, no como hechos establecidos.

El caso adquiere especial relevancia porque la parte oficialmente documentada del procedimiento sí existe y puede ser reconstruida. Según la información publicada por Última Hora y posteriormente recogida en la investigación fiscal, el operativo ocurrió alrededor de las 23:20 del 31 de julio, en la colonia Jepopyhy San Isidro, distrito de Los Cedrales. Agentes del Departamento de Estadísticas y Mapeo Criminal de la Policía, con apoyo de la División de Inteligencia de Alto Paraná, detuvieron para inspección un tractocamión Scania. En la cabina fueron encontrados 20 paquetes ocultos en compartimientos tipo doble fondo. El narcotest dio resultado positivo para cocaína y el pesaje oficial arrojó 21,354 kilos.

El conductor fue identificado como Juan Benito Parra Páez y quedó a disposición del Ministerio Público. El fiscal antidrogas Manuel Rojas Rodríguez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, posteriormente lo imputó por presunta tenencia y transporte sin autorización de estupefacientes y solicitó prisión preventiva. La Fiscalía pidió además un plazo de tres meses para completar la investigación relacionada con la carga efectivamente incautada.

Hasta este punto, el expediente oficial describe un procedimiento antidrogas convencional: control de carretera, detección de una carga oculta, incautación, detención del conductor y posterior imputación. El problema aparece cuando se introduce la segunda versión: la posibilidad de que la carga original haya sido considerablemente mayor y que una parte haya desaparecido antes de quedar bajo control fiscal.

La expresión “mexicaneada”, utilizada en Paraguay dentro de determinados ambientes vinculados a investigaciones sobre narcotráfico, hace referencia en este contexto a la presunta apropiación irregular de una carga de droga por personas que deberían haberla incautado o protegido. No se trata de una categoría jurídica que determine por sí misma un delito; para que exista responsabilidad penal deben probarse hechos concretos, participación, apropiación, extorsión, encubrimiento u otras conductas previstas en la legislación.

La denuncia que cambia completamente el caso

Según la publicación de La Clave, la versión recogida por el medio sostiene que el camión habría salido de Villeta con destino a Ciudad del Este y que transportaba originalmente una cantidad superior a 300 kilos de cocaína. El conductor habría sido interceptado por agentes policiales y, de acuerdo con esa versión, se le habría permitido comunicarse con su supuesto “patrón” para exigir 300.000 dólares a cambio de liberar la carga.

Cuando las negociaciones no habrían prosperado, siempre según la denuncia periodística, se habría formalizado la intervención y posteriormente aparecieron registrados solamente los 21,354 kilos que constan en el procedimiento oficial. La diferencia —unos 280 kilos— constituye precisamente el núcleo de la acusación.

Es importante separar claramente lo comprobado de lo denunciado. La existencia del procedimiento, la detención del camionero y la incautación de 21,354 kilos están respaldadas por fuentes periodísticas independientes y por la actuación fiscal. En cambio, la existencia de una carga original superior a 300 kilos, la exigencia de dinero y la desaparición de aproximadamente 280 kilos son acusaciones que requieren investigación y pruebas.

Esa distinción es especialmente importante porque una denuncia de esta naturaleza puede afectar gravemente la reputación de funcionarios y policías si se presenta como un hecho probado antes de una investigación judicial.

El silencio que genera preguntas

La controversia se intensificó el viernes pasado, cuando el comandante de la Policía Nacional, César Silguero Lobos, visitó Alto Paraná para evaluar la situación de seguridad del departamento.

Según La Clave, el comandante encabezó reuniones relacionadas con prevención, investigación, inteligencia, refuerzos y grupos tácticos, pero no se refirió públicamente a la denuncia sobre la presunta desaparición de la droga. El medio cuestionó que tampoco se haya anunciado una investigación interna, una separación preventiva de agentes o una comunicación oficial sobre medidas destinadas a preservar pruebas.

La situación resulta particularmente delicada porque los agentes señalados por la publicación pertenecen a dependencias policiales que participaron precisamente del procedimiento. El diario paraguayo La Clave menciona al Departamento de Estadísticas y Mapeo Criminal, encabezado por el comisario principal Rubén Ramírez, además de efectivos de la División de Inteligencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución judicial que establezca que esos funcionarios hayan cometido un delito. La mención de sus nombres responde a las acusaciones y versiones difundidas públicamente, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante una investigación formal.

La Fiscalía también queda bajo cuestionamiento

El segundo punto sensible es la actuación del Ministerio Público.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez intervino después de que el vehículo, el conductor y la droga fueran trasladados a la base de Antinarcóticos de Presidente Franco. De acuerdo con el diario paraguayo La Clave, el fiscal afirmó desconocer la versión sobre un supuesto desvío de droga y señaló que “todo puede ocurrir”, considerando que el procedimiento se realizó lejos de Ciudad del Este.

La posición adquiere relevancia porque la Fiscalía es precisamente la institución que debe garantizar la cadena de custodia de las evidencias, controlar las diligencias policiales y determinar si existen elementos suficientes para abrir nuevas líneas de investigación.

En un procedimiento de narcotráfico, la cantidad incautada constituye una evidencia central. Por ello, si surgiera información creíble de que la carga original era significativamente mayor que la registrada oficialmente, una investigación debería determinar dónde se produjo la diferencia y quiénes tuvieron acceso al vehículo, la carga y los paquetes antes del pesaje oficial.

¿Qué debería comprobar una investigación independiente?

Una pesquisa seria tendría que reconstruir la operación minuto a minuto.

Primero debería establecer cuándo y dónde fue interceptado el camión, qué agentes participaron, qué cámaras de seguridad registraron el procedimiento, cuánto tiempo permaneció el vehículo bajo custodia policial y quiénes tuvieron acceso a la cabina.

Después tendría que verificarse el estado del vehículo antes de la inspección, los registros de comunicaciones, las llamadas realizadas por el conductor, las comunicaciones entre los agentes y el supuesto destinatario de la carga y cualquier movimiento posterior del camión.

También sería fundamental revisar la cadena de custodia: quién encontró los paquetes, quién los trasladó, quién los recibió en la base de Antinarcóticos, quién realizó el pesaje, quién efectuó el narcotest y qué funcionarios firmaron cada documento.

Si realmente existió una diferencia entre una carga superior a 300 kilos y los 21,354 kilos oficialmente incautados, debería existir alguna evidencia material o testimonial capaz de explicar esa diferencia.

Las supuestas amenazas elevan el nivel de gravedad

La denuncia incluye otro elemento particularmente preocupante: supuestas amenazas de muerte.

Según La Clave, las amenazas habrían sido dirigidas contra el camionero y su familia y también contra policías que participaron del procedimiento. El motivo sería una eventual pérdida millonaria para los propietarios de la droga.

Si esas amenazas fueran confirmadas, el caso dejaría de ser únicamente una posible investigación de corrupción policial y pasaría a involucrar también la capacidad de organizaciones criminales para intimidar a testigos, funcionarios y sus familias.

Por eso, cualquier persona que aporte información debería contar con medidas adecuadas de protección. Una investigación basada exclusivamente en declaraciones de personas que temen represalias difícilmente podrá avanzar si los testigos no tienen garantías de seguridad.

No es la primera denuncia de este tipo en Paraguay

El antecedente reciente más conocido ocurrió en Alto Paraná a finales de 2024 y comienzos de 2025, cuando medios locales denunciaron que policías supuestamente habían retenido una carga de aproximadamente 430 kilos de cocaína vinculada al Primer Comando Capital y que habrían exigido un millón de dólares para liberarla.

En aquella ocasión, el comandante policial de entonces, Carlos Benítez, dijo que no existían elementos objetivos que demostraran que el procedimiento irregular hubiera ocurrido, aunque los agentes señalados fueron puestos a disposición de Asuntos Internos y el caso fue comunicado al Ministerio Público.

El antecedente demuestra por qué una nueva denuncia de “mexicaneada” genera especial preocupación en Alto Paraná. La región es uno de los principales corredores fronterizos del Paraguay y mantiene una intensa actividad relacionada con el comercio legal, el contrabando y el tráfico internacional de drogas.

La experiencia anterior también demuestra que una denuncia periodística no equivale a una condena, pero que una acusación de esta magnitud tampoco debería ser ignorada cuando existen elementos verificables que pueden ser examinados.

Alto Paraná y el desafío del narcotráfico fronterizo

Alto Paraná ocupa una posición estratégica dentro de las rutas del crimen organizado regional. Ciudad del Este, su conexión con Brasil y Argentina y la extensa frontera con el territorio brasileño convierten al departamento en un punto particularmente sensible para las autoridades.

La presión criminal sobre la región no se limita a la cocaína. Las investigaciones policiales y fiscales también involucran marihuana, armas, contrabando, lavado de dinero y organizaciones criminales transnacionales.

En ese contexto, la corrupción de funcionarios encargados de combatir el narcotráfico representa un riesgo mayor que un delito individual. Si una organización criminal consigue comprar información, recuperar cargas incautadas o negociar con agentes estatales, obtiene una ventaja estratégica frente al Estado.

Por eso, los controles internos son tan importantes como los operativos de incautación. Una gran cantidad de droga confiscada puede representar un éxito policial; pero si posteriormente desaparece una parte de la carga, la operación puede convertirse en evidencia de una vulnerabilidad institucional.

El otro lado del caso: la defensa de los policías

También existe una obligación de proteger el principio de presunción de inocencia.

Hasta el momento, las informaciones disponibles no muestran una resolución judicial que responsabilice a los policías mencionados. Tampoco se ha presentado públicamente una prueba definitiva que demuestre que los 280 kilos existieron, que fueron retirados por agentes estatales o que se produjo una extorsión de 300.000 dólares.

Por eso, la investigación debe avanzar en ambas direcciones: determinar si la denuncia es verdadera y, si no lo es, establecer de dónde surgió y con qué propósito.

Una acusación falsa contra agentes públicos puede utilizarse para desacreditar un operativo legítimo, generar conflictos internos o incluso beneficiar indirectamente a organizaciones criminales. Pero si la denuncia fuera cierta y no se investigara, el daño institucional sería todavía mayor.

Antes, ahora y después

Antes del procedimiento de Los Cedrales, Paraguay ya arrastraba antecedentes de denuncias sobre presunta corrupción vinculada con cargas de droga y funcionarios policiales, especialmente en las zonas fronterizas. Estos antecedentes obligan a considerar la integridad de los controles internos como una parte esencial de la lucha contra el narcotráfico.

Ahora existe un procedimiento oficialmente documentado con 21,354 kilos de cocaína incautados, un conductor procesado y una denuncia periodística que sostiene que la carga original habría superado los 300 kilos. Ambas realidades deben ser investigadas conjuntamente para determinar qué ocurrió realmente durante las horas previas a la intervención fiscal.

Después, el punto decisivo será saber si la Policía Nacional y el Ministerio Público abrirán una investigación independiente capaz de reconstruir toda la operación. Si se confirma que hubo una desaparición de droga, el caso podría convertirse en uno de los episodios de corrupción policial más graves registrados recientemente en Alto Paraná. Si, por el contrario, se demuestra que la acusación carecía de fundamento, las instituciones deberán explicar públicamente cómo se originó la denuncia y qué elementos permitieron descartarla.

Lo que está en juego, por tanto, no son solamente 280 kilos de cocaína. Está en juego la credibilidad de la cadena de custodia, la independencia de las investigaciones antidrogas y la confianza pública en quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado.

En una región donde las organizaciones criminales disponen de enormes recursos económicos y capacidad para ejercer violencia, la menor sospecha de que una carga de droga pueda desaparecer dentro de un procedimiento oficial puede comprometer toda la legitimidad de la lucha contra el narcotráfico.