Gobierno pide diálogo y propone paquete de protección a las familias

Los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; y de Economía, Christian Morales, presentaron un paquete de acciones inmediatas para proteger a las familias bolivianas, tras la eliminación de la subvención del diésel, planteando la implementación del Bono Pepe II, créditos con bajos intereses, arancel cero en importación para sectores productivos, perdonazos tributarios y generación de empleos.

“El ajuste económico tiene que venir con responsabilidad social (…) Hemos definido un paquete de acciones que tiene como prioridad la protección social, poner a las personas por delante”, explicó el ministro Aramayo.

El Gobierno anunció la implementación del Bono Pepe II, que beneficiará a más de 2,9 millones de personas y significará una inyección económica de Bs 874 millones. El beneficio se incrementó en 50%, en relación al primer Bono Pepe.

Además, se anunció el acceso a créditos con una tasa anual del 6% para transportistas, gremiales, artesanos, comerciantes y productores. De esta forma, se inyectarán más de Bs 800 millones en la producción nacional.

Asimismo, el alivio tributario ya aplicado consiste en la eliminación de impuestos de importación en maquinaria, semillas, drones y otros del sector productivo. También se ampliará el Perdonazo Tributario, que beneficiará a 200 mil contribuyentes.

Por último, se informó que el Ejecutivo ya genera más de 18 mil empleos directos y 55 mil indirectos con el Plan de Enlosetados, que se ejecuta en todo el país con los gobiernos municipales.

“Bolivia viene atravesando una etapa en la que tenemos que tomar decisiones que no pueden medirse solamente por popularidad inmediata. Deben medirse por su capacidad de proteger al ciudadano. Son decisiones que tienen que permitirnos preservar el bienestar de las próximas generaciones”, sostuvo Aramayo.

La autoridad subrayó que ya no se podía seguir subvencionando el diésel, puesto que de forma indirecta se subvencionó a bandas criminales dedicadas al contrabando de combustible.

El Gobierno invierte más de $us 2.600 millones al año en la subvención, dinero que podría aportar en carreteras, hospitales, escuelas y otras obras que realmente beneficien a la población boliviana.

Más del 50% del beneficio del precio diferenciado en diésel llegaba a sectores de ingresos altos, solo cerca del 7% llegaba a hogares pobres. “Estamos corrigiendo esas distorsiones”, finalizó la autoridad.