El Gobierno del presidente Javier Milei aceptó modificar uno de los puntos más controvertidos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para asegurar el respaldo de sus aliados parlamentarios y evitar una posible derrota durante el debate en el Senado. La principal modificación afecta el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que había generado resistencia entre gobernadores, bloques dialoguistas y organizaciones rurales.

La versión original del proyecto proponía eliminar las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011, permitiendo una apertura prácticamente total a la inversión extranjera en tierras agrícolas. Sin embargo, tras semanas de negociaciones y ante la falta de votos suficientes, el Poder Ejecutivo presentó un nuevo dictamen que mantiene un límite, aunque más amplio: el porcentaje máximo de tierras rurales en manos extranjeras pasaría del 15% al 25% del territorio, en lugar de eliminarse por completo la restricción.

La decisión fue adoptada luego de que sectores aliados, entre ellos legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), representantes provinciales y gobernadores, advirtieran que no acompañarían el texto original. El oficialismo entendió que insistir con la propuesta inicial podía provocar el rechazo de toda la ley, considerada una de las principales iniciativas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei durante este período legislativo.

Además del capítulo sobre tierras rurales, la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluye reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo de ocupaciones ilegales, endurecer las condiciones para las expropiaciones por parte del Estado y reducir algunas restricciones existentes sobre el uso de terrenos afectados por incendios forestales. Según el Gobierno, estas medidas buscan fortalecer la seguridad jurídica, incentivar la inversión privada y garantizar una mayor protección del derecho de propiedad.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha defendido reiteradamente la flexibilización del régimen de tierras al sostener que la legislación vigente limita la llegada de capitales internacionales al sector agropecuario, forestal y portuario. De acuerdo con estimaciones oficiales, una mayor apertura podría favorecer inversiones por varios miles de millones de dólares en distintas regiones del país.

No obstante, la propuesta continúa generando un fuerte debate político y social. Diversas organizaciones rurales, especialistas en soberanía territorial y movimientos sociales sostienen que ampliar la participación extranjera en la propiedad de tierras estratégicas podría incrementar la concentración de recursos naturales, especialmente en zonas de frontera, áreas con reservas de agua dulce, bosques, puertos y regiones con potencial minero. Por ello, anunciaron movilizaciones coincidiendo con el tratamiento legislativo del proyecto.

Datos oficiales indican que actualmente alrededor del 5% del territorio argentino se encuentra en manos de propietarios extranjeros, una proporción inferior al límite permitido por la legislación vigente. Sin embargo, esa distribución no es homogénea y existen departamentos donde la presencia de capitales foráneos supera ampliamente el promedio nacional, particularmente en regiones con recursos estratégicos o alto valor productivo.

El tratamiento parlamentario de la iniciativa será determinante para el Gobierno. Si el Senado aprueba el nuevo texto, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley. La negociación refleja las dificultades del oficialismo para reunir mayorías propias en el Congreso y la necesidad de consensuar modificaciones con los bloques aliados para avanzar con las principales reformas económicas de la administración Milei.