La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay, presentada este jueves 5 de noviembre, constituye el desenlace de una crisis política y financiera desencadenada por la intervención de Ueno Bank. El mandatario comunicó su decisión mediante un mensaje difundido en redes sociales, mientras el Congreso debatía someterlo a juicio político. La situación abrió una disputa institucional sobre la aceptación de su dimisión, el alcance del proceso legislativo y la sucesión que corresponde al vicepresidente Pedro Alliana.

En su mensaje, Peña afirmó que había decidido dejar el cargo para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento había defraudado su confianza y expresó que su principal preocupación era garantizar la devolución de los ahorros a los afectados por la crisis bancaria. El presidente saliente solicitó que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su función y que se protejan los recursos públicos comprometidos.

La publicación de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), difundida el mismo día, presenta la renuncia como consecuencia directa de los vínculos empresariales anteriores de Peña con el grupo propietario de Ueno Bank y de la pérdida de respaldo político dentro del oficialismo. El análisis también identifica a Pedro Alliana como el sucesor constitucional previsto para completar el período presidencial hasta agosto de 2028.

Ueno Bank: el origen de la crisis financiera

Ueno Bank se convirtió en uno de los principales actores del sistema financiero paraguayo en pocos años. La entidad, de perfil digital, llegó a contar con aproximadamente tres millones de clientes y administraba importantes recursos públicos. Las estimaciones publicadas por distintos medios internacionales situaron esos fondos entre 800 y 850 millones de dólares, incluidos depósitos de instituciones estatales y organismos vinculados con la previsión social y la salud.

La crisis se profundizó cuando los organismos reguladores detectaron irregularidades en la situación patrimonial de la entidad y operaciones crediticias consideradas de alto riesgo. Según la información difundida por Reuters, las autoridades encontraron préstamos a empresas vinculadas con los propietarios del banco y cuestionamientos sobre la documentación y las garantías de esas operaciones. Posteriormente, el Banco Central del Paraguay dispuso el procedimiento de resolución de la entidad al constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo legal. <Cite refs={[«turn464190news11″,»turn464190search8»]}/>

La intervención dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas y provocó protestas en Asunción. Entre los afectados se encuentran trabajadores, jubilados, empresas y beneficiarios de recursos públicos. La preocupación no se limitó a los depósitos particulares: también alcanzó a los fondos de instituciones estatales que operaban con la entidad financiera.

Los vínculos empresariales y las acusaciones contra Peña

Uno de los elementos que agravó la crisis fue la relación anterior de Santiago Peña con Grupo Vázquez, conglomerado que estuvo vinculado con la propiedad de Ueno. El mandatario había mantenido participación accionaria en una empresa del grupo hasta marzo de 2025. También fue cuestionado por haber designado a Carlos Carvallo, quien había dirigido Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay.

Legisladores opositores y sectores políticos que posteriormente retiraron su apoyo al Gobierno denunciaron posibles conflictos de intereses, utilización irregular de fondos previsionales y ocultamiento de información sobre la situación financiera de la entidad. Estas acusaciones forman parte de los cuestionamientos políticos y de las investigaciones en curso; no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad. Peña había rechazado previamente las acusaciones de participación directa en las operaciones de Ueno.

La pérdida de respaldo dentro del Partido Colorado terminó de debilitar la posición presidencial. Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana, manifestó su apoyo al juicio político, mientras legisladores oficialistas anunciaron que acompañarían el procedimiento. La ruptura política dejó a Peña sin el respaldo que había sido determinante para sostener su Gobierno en el Congreso.

El juicio político y la sucesión presidencial

La renuncia fue presentada mientras la Cámara de Diputados debatía el pedido de juicio político. La Cámara Baja aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación contra Peña y remitió el procedimiento al Senado. La decisión abrió una nueva controversia: sectores legislativos rechazaron aceptar la dimisión porque consideran necesario que el expresidente responda ante la Justicia y no conserve los privilegios asociados a su condición de senador vitalicio.

En este punto es importante distinguir entre la presentación de la renuncia y su aceptación formal. Los reportes publicados durante la tarde del jueves señalaron que el Congreso debía resolver la dimisión, mientras el proceso de juicio político continuaba avanzando. Por ello, la sucesión de Pedro Alliana depende de la resolución institucional correspondiente y no debe confundirse con el simple anuncio de la renuncia.

Si se concreta la sucesión, Alliana deberá completar el mandato presidencial hasta el 15 de agosto de 2028. Entre sus principales desafíos estarán la gestión de las consecuencias financieras de Ueno Bank, la protección de los depositantes, la recuperación de la confianza en los organismos de supervisión y la conducción de un Gobierno que deberá afrontar una crisis política de alcance nacional.

Un episodio con repercusiones para la estabilidad institucional y económica

La salida de Peña representa un acontecimiento excepcional en la historia política reciente de Paraguay. La crisis expuso la relación entre el poder político, las instituciones de supervisión financiera y el manejo de fondos públicos en entidades privadas. También puso en primer plano la necesidad de garantizar mecanismos eficaces de control, transparencia y protección de los ahorristas.

El impacto económico dependerá de la capacidad de las autoridades para restablecer el acceso a los depósitos, atender las obligaciones de la entidad intervenida y evitar que la incertidumbre se extienda al resto del sistema financiero. La evolución del juicio político y las investigaciones judiciales determinará, además, el alcance de las responsabilidades que puedan establecerse.

La renuncia de Santiago Peña no cierra automáticamente el caso Ueno Bank. Por el contrario, abre una etapa en la que el Congreso, el Banco Central, la Fiscalía y las autoridades encargadas de proteger los depósitos deberán dar respuestas a los ciudadanos afectados y esclarecer las circunstancias que condujeron al colapso de la entidad.

Crédito de fotografía: Juan Pablo Pino / EFE